ME MUERO SI NO TRABAJO ¿Y SI TRABAJO?

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) es el organismo donde se pueden obtener los datos de la cantidad de accidentes que se producen en el trabajo, o camino al trabajo, y también las muertes que se registran en ese marco.

Sin embargo, en un país como Argentina que cuenta con una base de trabajadores no registrados (en negro) ya estructuralmente instalada por encima del 30%, las cifras que pueda brindar la SRT son insuficientes, por no decir mentirosos. ¿En qué sentido? En que suponiendo que refleja exhaustivamente lo que pasa, eso que refleja es sólo para el universo de trabajadoras y trabajadores registrados. Nada más.

Aun así, el Colectivo Basta de Asesinatos Laborales elaboró un informe con esos datos pero cuya interpretación difiere del mero informe técnico: entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 se produjeron 375 muertes por accidentes laborales. El Colectivo BAL no las llama muertes, las define como asesinatos.

La creciente precarización de las relaciones laborales es la causa general.

La más numerosa, por sector, es el choque de vehículos, que impacta especialmente en el transporte de cargas. “Aquí debemos mencionar nuevamente que el no respeto al descanso semanal y entre jornadas, la falta de personal, el apremio por los tiempos y la falta de mantenimiento de los vehículos son una combinatoria que lleva a la muerte a decenas de compañeras y compañeros”, sostienen.

En segundo lugar se encuentra la construcción, donde no sólo hay una histórica tasa elevada de siniestros y muerte. Afronta una particularidad que es que el trabajo en negro es mucho mayor que en la mayoría de las actividades (abarca más del 40% de los trabajadores/as asalariados/as según datos ofrecidos por el Plan Nacional de Regulación del Trabajo), y además, hay un alto porcentaje de falsos cuentapropistas que en realidad trabajan para empresas constructoras. Es tal vez el sector del cual la información de la SRT es menos realista.

Caídas desde altura y/o a pozos, derrumbe de edificios o instalaciones, son las causas frecuentes de muertes en el trabajo. Pero también están los golpes, atrapamientos, explosión de calderas, etc., en especial en la industria.

“Esto se explica por la falta de medidas de seguridad, el no mantenimiento de maquinarias y equipos, y la ausencia de dispositivos de seguridad en el equipamiento”.

“La propia SRT expone (según un informe de una encuesta de su Observatorio) que sólo el 45,2 % de los trabajadores formales encuestados manifestaron estar cubiertos por una ART”, remarca el Informe Anual del Colectivo BAL.

Es llamativo que no exista prácticamente registro de las muertes por enfermedades profesionales (EP). En el período considerado casi no se registran muertes por EP, dato que contradice toda la información y el conocimiento a nivel internacional que señala que cerca de un 40% de los problemas de salud laboral son EP y que las muertes por EP son mucho más numerosas que las debidas a accidentes (OIT / AISS 2017).

El concepto de accidente implica la idea de un hecho que sucede eventualmente, de manera involuntaria o fortuita, repentinamente y sin que se pueda prever. Por eso, si estas muertes son evitables, no son accidentes: son asesinatos laborales. Y estos asesinatos, que nos cuestan más de una vida obrera por día, no sólo son completamente invisibilizados, sino que además quedan impunes: nadie asume nunca la culpa o la responsabilidad por ellos.

Una rama que merece un comentario especial es la pesca. En el período considerado se produjeron al menos diez muertes; nueve de ellas en un sólo día y en un sólo lugar, por el hundimiento del pesquero Rigel. “En esta rama no sólo aparece la figura de la muerte, sino también la figura tristemente recordada del “desaparecido”; compañeras y compañeros que caen al mar o se hunden con los barcos y nunca son encontrados”.

EL ESPEJO ESPAÑOL

Jairo Vargas señaló en un informe publicado por el diario Público a fines de septiembre 2017 que en los primeros seis meses de ese año en España murieron 300 trabajadores en accidentes laborales. 245 de ellos fallecieron durante su jornada laboral, un incremento del 8,4% con respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Empleo. Y advertía que esa cifra semestral convertiría al 2017 en un año record, o muy similar a 2016, que tuvo 629 muertes en el trabajo o de camino. Casi 2 muertes por día del año.

En 2013, con el Partido Popular en el gobierno y en cabeza de Mariano Rajoy, entró en vigencia la Reforma Laboral. “La tendencia al alza de la siniestralidad laboral se viene produciendo desde el 2013, y los sindicatos CCOO (Comisiones Obreras) y UGT (Unión General de Trabajadores) no lo ven precisamente una casualidad. La altísima precariedad, el trabajo a tiempo parcial no deseado, la excesiva rotación de trabajadores y la corta duración de los contratos dificultan, y mucho, la implantación de medidas de prevención”, explicaba Pedro J. Linares, secretario de salud laboral de CCOO, quien lamentaba que cada vez sean más los contratos que duran un mes, una semana o un solo día. Para Linares, la cada vez mayor subcontratación o externalización de servicios a terceras empresas son un ingrediente importante en la siniestralidad”.

CADENA DE RESPONSABILIDAD

En primer lugar, son responsables las patronales que no garantizan las condiciones de trabajo que permitirían evitar estos riesgos de vida. Son ellos quienes no invierten en maquinaria ni en infraestructura, no garantizan el mantenimiento correcto de sus instalaciones y máquinas, no analizan ni cuidan los procesos y métodos de trabajo para evitar los riesgos propios de los errores humanos. De este modo producen y reproducen cotidianamente, con acciones y omisiones, las condiciones para que se produzcan los asesinatos laborales. Pero además, presionan con los tiempos productivos y los ritmos de producción forzando a los/as trabajadores/as a desarrollar sus tareas al límite de sus posibilidades, lo cual está comprobado que aumenta la probabilidad de que ocurran “accidentes” durante el proceso productivo.

Esto no es un error, sino que es una decisión: con tal de ahorrar costos y maximizar sus ganancias, ponen en riesgo deliberadamente la vida de los y las trabajadoras. Eso explica por qué desoyen sistemáticamente sus reclamos cuando señalan o denuncian que una máquina no está en condiciones o reclaman por mejores condiciones de trabajo.

En segundo lugar, es responsable el Estado, que no controla siquiera que las patronales cumplan con las condiciones de salud y seguridad en el trabajo que plantea la legislación vigente.

A su vez, la legislación vigente (ley de ART, por ejemplo) está pensada directamente para beneficio de las patronales, para quitarles aún más su responsabilidad en lo que respecta a la salud y la vida de los asalariados. Y los fallos del sistema judicial, la otra pata del Estado, van en el mismo sentido: se posicionan directamente a favor de las patronales, eximiéndolas de sus responsabilidades, desalentando a los y las trabajadoras para que en el futuro sean cada vez menos los que decidan llevar a la justicia los accidentes o muertes sucedidos en el espacio de trabajo.

En Argentina, la Ley de Riesgos de trabajo empeoró en el año 2017 quitando derechos y generando retrasos enormes en los procesos de reclamos (Ver: Ley 27.348; Resolución 298/17 que la reglamenta, y DNU 54/17). En términos judiciales, el fallo de la Corte el día 24 de abril de 2018 en relación al caso del Hospital Alemán, genera un pésimo precedente avalando que las y los trabajadores monotributistas no sean considerados trabajadores/as en relación de dependencia, deslindando a las patronales de sus responsabilidades en estas contrataciones.

Por último, también son responsables las burocracias sindicales: actúan como cómplices de las patronales y del Estado al no denunciar estos hechos, ni organizan procesos de lucha frente a las muertes obreras. En efecto, que los asesinatos laborales estén tan invisibilizados cuando sus estadísticas son tan altas no se explica sin la complicidad de las burocracias. Estas muertes se tapan, o a lo sumo cuando hay mucha presión desde los/as propios trabajadores/as se denuncian testimonialmente.

El espacio Basta de Asesinatos Laborales comenzó a tomar forma en septiembre de 2016. Fue tras las muertes en la Ciudad de Buenos Aires de David Ramallo, de la línea 60; Diego Soraire, del INTA; y Richard Alcaraz, en una obra en construcción en Villa Crespo. El objetivo de sus compañeros y familiares fue organizarse para exigir justicia por estas muertes invisibles”. Una por día.