100.000 policías en la Bonaerense, 400.000 aprehendidos por año y casi 60.000 presos. Todo está mal y no se cumple lo que ordenó la CIDH. Habla el Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, a días de publicarse el Informe Anual 2022 sobre lugares de encierro en la Provincia de Buenos Aires.
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La política criminal en la PBA, y en todo el país, provoca violaciones a los DD.HH cotidianamente. Pero la política criminal bonaerense no es nueva y forma parte de una transversalidad neoliberal. En los últimos estertores del menemismo, en los años 1998-1999-2000, hace ya más de 20 años, y en el marco de una profunda debacle social y de desigualdad generada en aquellos tiempos, la política criminal pasó a ser una herramienta de gobierno de las poblaciones que ya se habían caído del sistema, que ya no tenían posibilidad de incluirse, de laburar, de ser parte de la sociedad.
Entonces ese gobierno poblacional pasó a estar centrado en la política criminal, y por eso tenemos una política de seguridad pensada en clave de saturación policial de los territorios más pobres. Los lugares más vulnerados y las villas miseria llenos de policías, con el discurso de que eso va a prevenir la inseguridad criminal, cuando en realidad debiera pensarse la política en el sentido de la inseguridad social y enfocarnos en cómo hacemos para revertir esas condiciones de desigualdad que llevan, a algunas personas, a cometer delitos.
Porque al fin de cuentas, es una política criminal selectiva. Está focalizada en los sectores más pobres; no persigue a los grandes delitos, los delitos complejos.
Esa saturación de los territorios termina con la prisionización de una gran cantidad de personas, que son personas pobres, jóvenes, los morochos, que llenan cárceles y comisarías.
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La policía detiene, aprehende, anualmente cerca de 400.000 personas, y de todas ellas, apenas un 4%, menos de 15.000, terminan con una causa penal en el Servicio Penitenciario, por estar vinculadas con algún delito. El resto, son personas a las que se detiene en esta clave de gobierno o control de territorio, por flagrancia o por portación de rostros. Ese 96% no va a terminar en prisión, con causa judicial. Porque todo esto no tiene que ver con la prevención sino con el gobierno del territorio. Esa gente es la que circula por las comisarías bonaerenses.
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Hoy en las comisarías bonaerenses tenemos un récord de casi 4400 personas alojadas en 1300 camastros, con niveles de sobrepoblación que llegan al 230 por ciento. Y la verdad es que las comisarías son cuevas. La gente la pasa aislada, sin acceso al aire libre ni a un patio. Se apiñan y hacinan 40 o 50 personas con un retrete que se tapa todo el tiempo, muchas veces con un foquito de luz, e incomunicación con el exterior. Debieran ser lugares de alojamiento provisorio y terminan siendo lugares donde las personas pasan muchos meses detenidas.
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Hace 25 años la Corte de Justicia Provincial dictó una Resolución que prohibía el alojamiento de menores de 18 años en comisarías. ¡25 años! Y luego dictó muchas otras resoluciones, Acuerdos y demás, y eso nunca se cumplió, porque siguen alojando a menores de 18 años en comisarías.
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El año pasado, 2021, hemos relevado casos de niños de 8 años detenidos en comisarías de la Provincia. Eso da cuenta de la debilidad institucional porque ni siquiera se cumplen las órdenes de la Corte. Al retener a un niño o adolescente deberían dar inmediata intervención al Juzgado de Garantía del Joven, y trasladarlos a un CAD (Centro de Atención y Derivación). Había cuatro CAD, ahora hay tres. Pero igualmente eso no ocurre. Los llevan a la comisaría donde incluso pasan más de un día, o los retienen 5 o 6 horas en un patrullero.
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El otro dato, es que de las 300 comisarías que alojan personas en la Provincia, la mitad está clausurada por órdenes judiciales. Y aun así, una parte de esos 4400 detenidos están en comisarías donde se prohibió que haya detenidos.
Esto se ha agravado con Sergio Berni al frente del ministerio. Pero ni era diferente con Cristian Ritondo que era el ministro de María Eugenia Vidal, ni con (Alejandro) Granados que fue el ministro del gobernador Scioli. No hay diferencias y lo que se hace como política también.
En otros aspectos uno sí puede ver que el gobierno de Kicillof tiene políticas populares, pensadas más en clave de igualar, de incluir. En políticas de seguridad, criminal y penitenciaria no. Tan es así que la población total encarcelada sigue creciendo en la provincia de Buenos Aires, ya estamos cerca de las 60.000 personas detenidas en cárceles y comisarías, ¡y la única solución que está planteando es la construcción de más cárceles!
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La respuesta, en vez de achicar el ingreso, se piensa en poder albergar más, y eso va generando nuevos pisos de encarcelamiento. Entonces estamos ante un problema que no tiene solución. Y uno debe preguntarse si no subyace en un sector de la población (y de la política) la idea de la pena de muerte…
El responsable de todo el sistema penitenciario es el ministerio de Justicia provincial, a cargo de Julio Alak, que también tiene responsabilidad en el organismo de Niñez y Adolescencia. El deterioro que estamos viendo en el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño (SPPDN) es fortísimo: hay violaciones a los DD.HH donde se alojan los jóvenes, pero también en los hogares asistenciales donde están los pibes por alguna situación de violencia familiar o de pobreza, con golpes, torturas, como en el Hogar Servente, al que venimos denunciando.
Lo que no hay es una decisión política de cambiar esto. Porque enfrentar esta situación e intentar modificarla implica meterse con ciertos sectores de la sociedad, los cacerolazos, las críticas de los medios hegemónicos de comunicación. No es un tema que ‘garpe’ en política. Hay que dar un debate al respecto en nuestra sociedad, que es lo que nadie está dispuesto a hacer, porque prefieren pactar con estas cosas y nadie quiere bancarse lo que se viene si se hacen cambios en serio.
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Lo que está pasando es que se viola a diario los DD.HH de un sector importante de nuestra sociedad y eso es gravísimo porque somos incapaces de revertir esas políticas neoliberales transversales a todos los gobiernos, porque nada ha cambiado. Uno tenía expectativas de que este gobierno iba a revertir en la PBA esta situación. Ahora, no solo no lo revirtió sino que las cosas se agravaron. No puede ser que el gobierno no sepa lo que pasa, lo que sucede es que elige otra cosa.
A diferencia de lo que pasa en otros territorios, como Santa Fe donde uno puede ver el desarrollo narco, en PBA el control de ese territorio es de la Policía Bonaerense. La Bonaerense regula el delito, pacta con las bandas, deja operar algunas bandas por sobre otras; es estructural el tema de la corrupción y el entramado con la regulación ilegal del delito de la Bonaerense en el territorio. Y obviamente con los poderes políticos locales, dejar hacer a la Policía provincial y no decir nada, y garantizarse cierta “tranquilidad” sin grandes escándalos.
En los barrios, a las seis de la tarde, los chicos lo único que ven son armas, porque entra la Gendarmería. Y este año, el gobierno de Kicillof anunció un aumento del 250 por ciento de presupuesto para Seguridad y un 60% para Niñez, y esas son decisiones políticas.
Porque se está fortaleciendo a la Bonaerense, pero no a los otros efectores que tienen que estar en el territorio como son los equipos de Niñez, de servicios locales o zonales, que son los que tendrían que estar disputando en el territorio esa niñez en situación de vulnerabilidad, o precarizados y monotributistas, cobrando dos mangos.
Y tampoco se fortalecen los servicios de salud…entonces si no se piensa de manera integral cómo de alguna manera la mano del Estado opera en esos territorios, y se dejan librados solamente a la mano represiva del Estado que es la Bonaerense, es difícil que las cosas cambien.
La CPM tiene presentadas desde 2012 unas medidas cautelares en el sistema Interamericano por la cuestión penitenciaria. Desde 2014-2016 tenemos abiertas medidas cautelares en comisarías de la provincia, que tienen dictadas medidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH que ordena desalojarlas…¡pero no se cumple con nada! El Estado bonaerense no cumple con nada. Y eso solo puede definirse como deterioro institucional, en este sentido. Porque antes se apelaba a estos organismos y generaba cierto impacto en la realidad local. Hoy ya no.
Este año estuvo en Argentina el Subcomité de Prevención de la Tortura, que había estado en el país diez años atrás. Y lo que encontró, pese a los señalamientos que hizo hace una década atrás, es mucho peor.
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Se va consolidando una política estructural a la que es muy difícil entrarle, porque como todos los partidos políticos están de acuerdo, los señalamientos que hacen estos organismos no le importan a nadie. Y obviamente nadie sale a decir ¡uy, qué grave que es esto, lo que dice la CIDH!
Pero hay que tratar de conmover a la política y a nuestra sociedad, porque en la medida en que la sociedad no lo reclame, es difícil que la política vaya a hacer otra cosa.
dATOs sERIOs
>Encarcelamiento en provincia de Buenos Aires.
Entre los años 2000-2021 la tasa general de encarcelamiento aumentó un 90%
Entre 2010-2021 la tasa específica creció un 60%.
Durante 2020 se registró una histórica reducción de la población penitenciaria, pero en 2021 recuperó la tendencia ascendente y alcanzó un nuevo récord.
>Encierro y detención domiciliaria en provincia de Buenos Aires.
En 2020, cada 100 mil habitantes adultos/as, había 381 personas encarceladas en instituciones (comisarías, alcaidías y cárceles) y 36 con arresto domiciliario.
En 2021 se incrementó la primera tasa (404) y se mantuvo igual la segunda (36).
Desde 2014 a 2021 creció 148% la cantidad de personas detenidas con arresto o prisión domiciliaria (de 1.823 a 4.523), pero esto no ha modificado la situación estructural ya que cada año ha representado entre el 5% y el 8% del total de personas detenidas en la provincia
>Datos absolutos de población detenida en provincia de Buenos Aires.
De 2014 a 2021 se registran aumento en todos los dispositivos de detención
Creció un 46% la población detenida en cárceles, 99% en comisarías, 182% en alcaidías y 476% en monitoreo electrónico.
El incremento global fue del 59% entre 2014 y 2021
Producción especial del programa radial ALMA, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, agosto 2022, cedido especialmente para su edición a www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis
Más información en www.comisionporlamemoria.org
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