EE.UU.: SALIR DE LA CÁRCEL – VOLVER A LA NADA- Capítulo 1

Reingresar a la nada: la supervivencia urbana tras el encarcelamiento masivo.

 

     Por Alessandro De Giorgi*

 

Sabes, estás en prisión y no tienes idea de lo difícil que es andar aquí afuera, en la calle… Recuerdo cuando me liberaron. Di vueltas con mi esposa durante algunas horas antes de emprender el camino para casa. Fue ella la que me llevó al barrio, y ahí yo dije ¡carajo! Esto apesta. Porque no vi a nadie ahí, no había nadie, absolutamente nadie. Mi esquina, a la que llaman Ciudad Fantasma. Pero nunca fue eso. ¡Ahora está vacía! Ahí no hay sentimientos, ahí no hay gente. Todo vacío…¿cómo decirlo? Cuando salí, me encontré con la nada: ni estructura, ni cimientos, nada para decir “ok, me pongo a construir algo”. No había nada, tierra arrasada. – Spike, 14/10/11

 

A fines de 2012, 1 millón 600 mil personas estaban en prisión en los Estados Unidos. Si se le suma la que estaba en libertad condicional o en probation, hablamos de 6 millones 900 mil personas, algo así como el 4 por ciento de la población total de los EE.UU., que permanece bajo algún tipo de forma de supervisión correccional (Glaze y Herberman 2013). En California hubo un descenso sostenido de la población carcelaria tras la resolución de la Corte Suprema en el caso Brown vs. Plata, en 2011. El veredicto determinó la reducción de la población carcelaria en un 137,5%, para disminuir la tremenda sobrepoblación de los presidios del Estado. Sin embargo, en California hay 134 mil personas que están en cárceles de máxima seguridad –un 500 por ciento de aumento con respecto a 1980- y 45 mil están en libertad condicional (datos del CDCR 2014).

 En la última década, el inédito aumento de la población bajo control penal ha inspirado una relevante producción en criminología sobre el “encarcelamiento masivo” en los Estados Unidos (por ejemplo, Garland 2001; Clear y Frost 2013). La desproporcionada concentración de presos que provienen de las comunidades negras urbanas pobres llevó a que este experimento penal de las últimas décadas sea descrito por los académicos críticos como un nuevo modelo punitivo de regulación de los pobres en una sociedad neoliberal crecientemente marcada por las líneas de la inequidad racial y de clase (Wacquant 2009; Alexander 2010; Tonry 2011).

Sin embargo, el confinamiento masivo de minorías pobres de hombres y mujeres de las barriadas de las ciudades de los Estados Unidos sólo evidencia un lado de la actual crisis penal; el otro lado es el creciente problema de la reinserción. Con la expansión de la población carcelaria entre la mitad de los ’70 y la primera década de los 2000, el grueso de los criminólogos y de los políticos “duros contra el crimen” pasaron por alto el hecho ineludible de que el 95% de los presos recuperaría su libertad, y en consecuencia deberían enfrentar el desafío de reintegrarse a la sociedad (Travis 2005).

 Sólo en 2012, 637 mil 400 presos fueron liberados de cárceles norteamericanas, o sea, 1714 por día (Carson y Golinelli 2013). Las estadísticas muestran que al dejar la prisión, la enorme mayoría vuelve a los mismos barrios pobres segregados donde vivían antes de ser arrestados (Clear 2007; Hallett 2012). Y las investigaciones revelan que los ex-presos son menos “contratables” o “empleables” de lo que eran cuando fueron encarcelados (Pager 2003); su ingreso anual es entre un 30 y un 40% más bajo que el de sus pares que no estuvieron presos (Western 2006) y los pocos que logran conseguir empleo son relegados al mercado secundario de trabajo, donde hacen trabajos mal pagos o inseguros, esos que llenan los abultados rankings de “trabajadores pobres” (Crutchfield 2014). Adicionalmente, casi el 75% de los ex-presos tendrán una historia de drogadicción no tratada, enfermedades crónicas o problemas siquiátricos al momento de ser liberados (Lurigio 2001).

 Antes de implementarse la “Public Safety Realignment”, legislada en octubre de 2011, más del 65 por ciento de los presos liberados en California volvían a ser arrestados en los primeros 3 años, tanto por nuevos cargos criminales como por la violación técnica de la libertad condicional (Petersilia 2003; CDCR 2011). Queda por verse el impacto que tendrá en el largo plazo el realineamiento, o si es una simple transferencia de cuerpos (y la consiguiente responsabilidad de almacenarlos) a las instituciones carcelarias locales, pero el ciclo de encarcelamiento y reinserción ha devenido un “modo de vida” para los pobres de las urbes, especialmente para los varones afro-americanos y latinos más desventajados (Western 2006). En conjunción con la eliminación de facto del estado de bienestar y la reestructuración del mercado de trabajo, las cárceles terminan siendo un dispositivo crucial para la rampante política de inequidad racial y socioeconómica en una sociedad neoliberal de capitalismo tardío como la de Estados Unidos.

 Los métodos etnográficos de investigación social requieren el involucramiento directo del investigador en la vida cotidiana de la gente que estudia (Emerson et al. 1995) y cuando se aplica a un problema social en particular (ej. sin-techo, pobreza, adicciones a las drogas, etc.) presupone la noción de que una inmersión profunda en el campo le permitirá reunir información sobre el problema tal como es experimentado, percibido, definido y actuado por los diferentes grupos sociales que son directamente afectados (Becker 1963). En consecuencia, el método etnográfico generalmente implica la observación participante, entrevistas, historias de vida y documentación visual (ver por ejemplo Anderson 2000; Bourgois 2003; Bourgois y Schonberg 2009).

El material de investigación presentado aquí traza un estudio etnográfico de las narrativas personales y experiencias de vida de un grupo de presos recientemente liberados y que enfrentan el desafío de reintegrarse en Oakland, California. Oakland era una ciudad industrial californiana que fue testigo en un corto período de 4 décadas de una inmensa migración de afro-americanos del Sur durante la Gran Migración de los años ’30 a los ’50; la emergencia de una de las expresiones más radicales del poder negro, el Black Panther Party for Self-Defense en los ’60 y ’70; y finalmente, la desindustrialización de los ’80 y ’90, lo que ha transformado a los otrora vibrantes barrios de afro-americanos y latinos (West and East Oakland) en una desolado baldío urbano.

El trabajo de campo para esta investigación fue llevado a cabo en el área de West Oakland, atravesada crónicamente por altos niveles de pobreza, desempleo, carencia de vivienda, abuso de drogas, prostitución y crimen callejero, que es lo que siguiendo la definición de Wacquant (2009) puede ser definido como gueto postindustrial o “hyper-ghetto”.

La información socioeconómica del barrio donde hice el trabajo de campo indica que el 50,5% de la población es Afro-americana; el 20% es Latina y el 12,5% es asiática.

El 50,3% están desempleados o fuera del mercado de trabajo (o sea, dejaron de buscar trabajo). El ingreso familiar anual promedio es de 27.034 dólares (comparado con los 40.055 que tiene el conjunto de la ciudad de Oakland), y casi el 38% de las familias viven por debajo de la línea de pobreza (de ese porcentaje, el 69,4% son mujeres jefas de hogar con hijos menores de 18 años). Información de la Oficina de Censos de los EE.UU., 2014.

Dada la composición racial y de clase del área, no es sorprendente que el barrio se haya transformado gradualmente en un “gueto de servicios”, caracterizado por una alta concentración de Asociaciones sin fines de lucro y Organizaciones comunitarias que proveen servicios básicos (desde atención primaria de la salud a programas de rehabilitación en drogadicción, pasando por distribución de comida o de un techo provisorio) a una enorme población pobre y marginalizada, incluyendo ex vecinos y sus familias, que residen en el área. Muchas de esas organizaciones comunitarias se armaron con ex convictos voluntarios, como parte de su proceso de reinserción.

La principal hipótesis del estudio es que la reinserción de los ex-convictos es frenada por dos procesos que se refuerzan mutuamente: el primero, la altísima concentración de presos en barrios pobres, que socava el tejido social de las comunidades, rompe las redes informales de ayuda, reduce las oportunidades económicas y desestabiliza las ya frágiles estructuras familiares (ver Braman 2004; Clear 2007; Comfort 2008). El segundo es la creciente influencia de los presos que retornan –mayoritariamente sin oficios, con baja capacitación, políticamente privados del derecho al voto, y que ya estaban con mal empleo o desempleados al momento de su arresto-, lo que intensifica aún más la concentración espacial de la marginalidad urbana, exponiendo a los viejos pobladores y sus familias a altos niveles de desorganización social, inestabilidad económica e inseguridad existencial (ver también Hallett 2012).

Ante la ausencia de cualquier forma de soporte asistencial para los antiguos pobladores y sus familias, y siguiendo los pasos de las amplias estrategias de reducción de costos que afectan a los programas de supervisión comunitarios, como la libertad condicional y la probation, las experiencias de retorno de los ex-presos que yo he seguido parecieran sugerir la aparición de un modelo de segregación de baja-intensidad/bajo-costo. Este modelo de contención-segregación urbana deja en manos de las fuerzas del mercado y en los actores privados (ONG, contratistas de bajo salario, comerciantes, rentistas de inquilinatos y tugurios) a las poblaciones privadas de voto que viven en los guetos urbanos contemporáneos: ex-presos, liberados condicionales, sin techo, los que sufren de enfermedades mentales o adictos, desempleados crónicos y migrantes indocumentados. Esta escasamente regulada colección de fuerzas privadas, sostenidas por el siempre presente temor al calabozo o la prisión, es todo lo que queda en una “ciudad fantasma” postindustrial despojada de las redes comunitarias y servicios asistenciales que había en los barrios antes de la experiencia penal de los ’80 y los ’90.

En esta serie voy a presentar material en crudo de mi trabajo de campo, en un intento por iluminar algunas de las estrategias de supervivencia que adoptaron los ex convictos y sus familias al regresar a sus comunidades destruidas, y unirse de nuevo a los abultados rankings de pobreza urbana.

 

* Alessandro De Giorgi es Profesor Titular y Coordinador de Graduado en el Department of Justice Studies, San José State University, y miembro de Consejo editor de Social Justice. Con el equipo de investigación integrado por Carla Schultz, Eric Griffin, Hilary Jackl, Maria Martinez, Samantha Sinwald, Sarah Matthews y Sarah Rae-Kerr.

 

                                                       Publicado originalmente en: http://www.socialjusticejournal.org/

                                                                                                            http://www.socialjusticejournal.org/?p=2273