Escribe Gustavo Provitina
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EL CANDENTE PUNZÓN DE LA MEMORIA
Cuando estuvimos desesperados, alguien
contó la historia.
Francisco «Paco» Urondo
Hay frases destinadas a describir con eficacia quirúrgica, no ya, solamente, el presente de su enunciación, sino, también, la resonancia futura de su significado en enclaves remotos. Cuando Marx y Engels observaron en aquel lejano 1848 que un espectro ronda por Europa, el espectro del comunismo, acaso no sospecharon el efecto performativo que el futuro otorgaría a ese espectro en la conciencia de militantes y detractores de aquel Manifiesto. Pero tampoco habrán cobrado dimensión del uso dado a esa frase por las dictaduras militares palafreneras del imperialismo norteamericano, para utilizarla como pretexto de amenaza y perseguir, en nombre de falsos valores, a trabajadores, estudiantes universitarios, docentes, intelectuales y escritores.
Así, el “espectro del comunismo” ha venido resucitando en cada golpe de Estado u oleada neo-conservadora, apadrinando invasiones, secuestros, persecuciones y atropellos políticos y jurídicos.
¿Dónde reside la eficacia de este discurso inmune a la obsolescencia? Referir la falibilidad crítica de las masas dispuestas a repetir el estribillo de la monserga imperialista, como si se tratara de un mantra, resulta insuficiente para intentar un análisis juicioso. La debilidad de ese enfoque nos invita a considerar la necesidad de establecer un somero punteo del uso dado por las dictaduras a la falacia del fantasma marxista acechando la integridad del “ser nacional” para observar sus derivaciones, y en particular una que tomaremos aquí: el arrasamiento cultural y la aniquilación de toda fundamentación ideológica anti-imperialista ha conducido no solo a la desaparición de las ideas encarnadas por los sujetos civiles víctimas del exterminio acometido por los militares y sus sicarios, sino también el producto de sus voces materializadas en obras artísticas, pedagógicas, literarias, políticas o filosóficas.
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El fantasma de la penetración marxista
La escena más grotesca referida a la penetración marxista fue protagonizada por el sacerdote jesuita Raúl Sánchez Abelenda en octubre de 1974. Una vez muerto Perón y el gobierno en manos de su viuda y de los círculos aliados a la Triple A, el ministro de Cultura designado fue Oscar Ivanissevich, uno de sus ases más filosos y retrógrados. Sánchez Abelenda, en un gesto académicamente desconcertante, fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su designación, no obstante, es menos sorprendente que la primera faena de su gestión: pasearse por las aulas con un incensario, resuelto a exorcizar a la institución de lo que denominó el demonio marxista. A esa excentricidad sumó amenazas a los profesores y un mensaje lapidario a la comunidad educativa censurando la libertad de cátedras.
El fantasma de la penetración marxista ha sido la muletilla recurrente de los garantes de la Doctrina de la Seguridad Nacional, impulsada desde los Estados Unidos, para sojuzgar bajo su órbita a los países proclives a cuestionar su hegemonía o la mansa subordinación que se espera de ellos. Donde las democracias oligárquicas pudieron ponerla en práctica, con sus gendarmes y policías, el mecanismo fue ese. En otras latitudes, las Fuerzas Armadas fueron las designadas y destinadas a imponer esta doctrina sin importar los perjuicios colaterales, ni la sangre que debiera derramarse en su aplicación. La eficacia de las dictaduras en las tareas de control orientadas a erradicar la chispa del comunismo o la divulgación de ideas contrarias a los afanes imperiales de Washington, está fuera de toda discusión para los regentes norteamericanos. Se trata de lo que el teniente coronel Garold Tippin entendía como construcción nacional. El primer atributo de este concepto errático y privado de sustento es el despliegue de un artilugio de cuño firmemente anticomunista; el segundo aspecto a considerar, desde la perspectiva de Tippin, es el protagonismo excluyente cumplido por las fuerzas militares en la consumación de ese proyecto.
La nación, la natio, para los países subordinados a las potencias mundiales, no remite a algo construido, heredado históricamente, si leemos de manera literal el concepto de construcción nacional de Tippin, sino a una sustancia que está siempre por nacer, una obra en severa construcción y vigilancia; una masa troquelada por la dinámica de inconstantes ciclos de derrumbes y refundaciones. Los parteros de la construcción nacional, en ese esquema, provienen de los cuarteles militares.
En nuestro cuaderno de apuntes aparece, troquelado, un párrafo del lúcido ensayo de José Tapia Valdés sobre El terrorismo de Estado, cuya vigencia es refrendada ininterrumpidamente en estas latitudes: América Latina es una zona de seguridad, es decir, lo que sucede en este continente concierne a la seguridad nacional de Estados Unidos. Este es un hecho definitorio y se mantendrá como tal en la política exterior norteamericana (Tapia Valdés: 1980, 57). Todo desvío ideológico que contradiga los intereses de los Estados Unidos habilitará la intervención de tropas de asalto o la presión de enviados diplomáticos a los países empecinados en sostener el libre ejercicio de su soberanía bajo el pretexto de la amenaza a una “seguridad nacional” cuya zona de vulnerabilidad -y pruebas sobran-, es universal.
Es necesario decir que esa Doctrina de la Seguridad Nacional estadounidense, en la Argentina, fue impuesta y dócilmente aplicada por todas las dictaduras militares surgidas en los años de 1960 y continuada con apátrida entusiasmo por gobiernos democráticos de corte neoliberal y autoritarios. Las veces que ese proceso ha sido discontinuado, las fuerzas antagónicas a los gobiernos populares conspiraron arteramente para mantener el alineamiento con la política exterior de los Estados Unidos.
Una de las justificaciones esgrimidas por las fuerzas golpistas castrenses responsables del derrocamiento de Arturo Illia, en 1966, alega en la primera página del Acta de la Revolución Argentina (pretencioso eufemismo para bautizar un acto de sedición militar) una excusa repetida, la constatación de un clima político, social e institucional que ha creado condiciones propicias para una sutil y agresiva penetración marxista en todos los campos de la vida nacional, y suscitado un clima que es favorable a los desbordes extremistas y que pone a la Nación en peligro de caer ante el avance del totalitarismo colectivista[1]. El texto, por razones evidentes, no puntualiza con datos, ejemplos o pruebas, falaces pero necesarias para maquillar un poco la falsía, lo que asevera con tanta firmeza. ¿Cuáles serían esas condiciones tan propicias para fomentar la penetración marxista? No desconocemos, por supuesto, el contexto de la guerra fría, ni la gravitación política de la revolución cubana. Por otra parte, la palabra penetración, en el subtexto del acta suscrita por los militares golpistas, afirma el temor frente a la fecundación, en el cuerpo de la patria, de proyectos de emancipación. Subestimar la capacidad de discernimiento de las masas ha sido siempre el diapasón de las dictaduras.
El fantasma del comunismo serviría como pretexto, un mes después del golpe de Onganía de 1966, para dar curso a la intervención de los uniformados en las universidades en un penoso incidente popularmente conocido como la Noche de los Bastones Largos. El periodista de Primera Plana, Sergio Morero, testigo angustiado de la represión policial, describió la violencia desplegada asociándola con dos noches trágicas cometidas por los esbirros de Hitler muy antes del comienzo de la Segunda Guerra: la noche de los cuchillos largos y la noche de los cristales rotos. En rigor, el único punto de conexión en esa comparación son las dos características propias del fascismo, observadas oportunamente por José Ortega y Gassett, que pueden aplicarse a todo despliegue militar en tiempos de dictadura: la ilegalidad y la violencia. La síntesis de la comparación de Morero fue la denominación Noche de los Bastones Largos a un acontecimiento cuya gravedad expresó Quino en una célebre viñeta: Mafalda señala el bastón de un policía en la calle y murmura “ése es el palito de abollar ideologías”.
Morero cita una frase del biólogo Luis Quesada, uno de los damnificados por la intervención policial en la universidad, que compendia dos estados de la cuestión al momento de producirse la invasión de los uniformados: A [la facultad de Ciencias] Exactas le habían puesto la etiqueta de que era la cueva bolchevique y revolucionaria cuando lo que en realidad ocurría -precisa Quesada- era que los que estábamos allí nos dimos cuentas de que se podían hacer cosas a pesar de que estábamos en Latinoamérica (Morero: 1996, 34). El primer aspecto a considerar en ese enunciado, atinente a la paranoia castrense frente a la falacia de la penetración marxista, remite a la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana a escala local: el argumento de la cueva bolchevique es razón suficiente para toda intervención represiva. Pero, luego, Quesada menciona el descubrimiento que habían hecho en la facultad: se podían hacer cosas a pesar de que estábamos en Latinoamérica, el “a pesar” enuncia, más allá de la buena intención acaso sugerida, un cierto grado de menoscabo regional asociado al complejo de barbarie propio de los sectores sociales proclives a denostar lo nuestro para exaltar la condición periférica de la Argentina en relación a la centralidad hegemónica europea.
En este punto, no es redundante señalar que cualquier proceso de independencia y soberanía comprende desarrollos científicos y tecnológicos no-dependientes del poder imperial. Uno de los objetivos inherentes a los golpes de Estado orquestados por los EE. UU radica en impedir ese desarrollo científico y tecnológico de América Latina por la fuerza, pero su mayor victoria reside en frustrar la confianza en la capacidad cognitiva, crítica, evolutiva de la población. Las particularidades de nuestro sentir nacional (expresión ambigua e improcedente pero de uso habitual en los sótanos del poder comandado por las Fuerzas Armadas) estaba regulado por una conciencia de subordinación periférica en el campo intelectual que preveía, como función y objetivo en el plano educativo, la repetición de conocimientos legitimados desde el exterior en detrimento de la producción de esquemas de pensamiento vernáculos.
Unos años antes, tras el anterior golpe sanguinario, el de 1955, Américo Ghioldi, socialista sui generis, paradójico y contradictorio, no ahorró prejuicios durante su intervención en la reunión extraordinaria que la Junta Consultiva, perpetrada por la dictadura de Rojas, Lonardi y Aramburu, celebró el 29 de febrero de 1956 para debatir temas inherentes al ámbito universitario. Ghioldi, en un pasaje de su discurso señala:
La Argentina tiene menos unidad nacional que Chile, Uruguay o Brasil. Los estratos cerebrales argentinos no han conseguido todavía mancomunar las distintas corrientes raciales, muchas querellas ideológicas y políticas que nos conmueven y que parecen insolubles, responden al hecho de falta de profunda cohesión nacional que advertimos en otros pueblos. En estas condiciones del desarrollo psíquico o mental de la Nación, yo considero un error que nos dispongamos a fomentar universidades de carácter ideológico, que, vuelvo a decir, constituyen un capítulo distinto del relativo a la Investigación científica[2]
La frase fue emitida, lo recordamos, por un representante de cierto socialismo afín a las dictaduras militares, cuya biografía registra no ya, su vergonzante alianza con el régimen militar que derrocó a Perón, bombardeó la Plaza de Mayo y fusiló a civiles y militares, sino también con el cargo diplomático ejercido en Portugal durante la última dictadura militar argentina. La expresión “estratos cerebrales argentinos” pretende otorgarle una justificación científica a un dislate provocador que desconoce los procesos históricos y sociales particulares de cada región y supone que la cohesión nacional consiste en un bloque social monolítico y compacto, en una estructura colectiva abstracta, ajena a la realidad, forjada a cal y canto, sin fisuras, ni matices ideológicos y culturales complejos. Todo ello sin siquiera considerar que el acceso a la alfabetización y ni qué decir del acceso a la educación universitaria en Brasil -que él coloca como ejemplo-, era pobrísimo y con ello no hace otra cosa que exaltar el eurocentrismo más estéril. Justamente, es el campo universitario el espacio pertinente para someter esos temas a una perspectiva crítica.
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Militar el silencio
La aprensión de Ghioldi en relación al carácter ideológico del campo universitario acicateaba su elogio del ámbito científico donde se creía que no había margen para el compromiso político y social. Un baño de puritanismo weberiano…Esta mediocre visión geométrica de la educación superior se asienta sobre el falso pregón que opone lo científico a lo ideológico. Ghioldi, como otros miembros de la Junta Consultiva de la dictadura libertadora, discriminaba entre la pureza de la ciencia y la contaminación político-ideológica de las carreras sociales. No obstante, es conveniente recordar que el epicentro de La Noche de los Bastones Largos fue la Facultad de Ciencias Exactas.
La urgencia por hacer de la universidad un ámbito ajeno a toda vocación política fue ratificada por escrito en la Ley 17.245, promulgada en 1967, durante la dictadura de Onganía. El artículo noveno explicita: las autoridades universitarias se abstendrán de formular, en cuanto tales, declaraciones políticas o asumir actitudes que comprometen la seriedad y el prestigio académicos.
Las declaraciones políticas -en ese contexto opresivo e inquisitorial- se oponen a la seriedad y el prestigio académico. La universidad debía ser como una probeta aséptica, un tubo de ensayos aislado de todo contacto con la vida social y los problemas de la polis, una institución oscura, despojada de historia y de debates éticos y culturales. Llamativo, pues justamente ese fue el motor de la Reforma Universitaria de 1918, que cada dictadura militar o pseudocivil vino a apalear. En lo atinente al estudiantado, la ley era todavía más enfática en el décimo artículo: Prohíbese en los recintos universitarios toda actividad que asuma formas de militancia, agitación, propaganda, proselitismo o adoctrinamiento de carácter político. Los conflictos sociales: y los problemas ideológicos y políticos, podrán ser, sin embargo, objeto de estudio y análisis científicos en los cursos y tareas de investigación correspondientes.
¿Cómo pensar los problemas sociales, ideológicos y políticos desde una perspectiva temática, carente de toda articulación orgánica con la subjetividad práctica de alumnos y profesores? Esta tendencia se agravaría durante los años de plomo de 1976 en adelante, irónicamente denominados Proceso de Reorganización Nacional (aunque como bien dijimos, fue algo que la ultraderecha en el poder se encargó de efectivizar desde 1974). La ley 21.276 repetía el sentido de la legislación universitaria propuesta por Onganía pero en un tono más imperativo y abarcador en lo atinente a la regulación ideológica y a la práctica política: ARTICULO 4° — Es ajena a los ámbitos universitarios toda actitud que signifique propaganda, adoctrinamiento, proselitismo o agitación de carácter político-partidario o gremial, como asimismo la difusión o adhesión a concepciones políticas totalitarias o subversivas.
Lo “subversivo” abarcaba un campo ideológico que incluía al marxismo en un marco doctrinario más amplio integrado por un conjunto de posiciones políticas contrarias a los intereses de la dictadura. El control de la “infiltración marxista” queda expresado en la frase, siempre inaceptable, que pretende la ajenidad del compromiso político militante con el espacio universitario. Esta separación se extendería, lógicamente, a todos los espacios sociales. Un gobierno de facto que, a la vez, disolvió la labor parlamentaria, instauró la interdicción de toda actividad política y lo expresa en la impunidad de una amenaza con pretensión de eslogan: el silencio es salud.
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El ardiente silencio de los libros
El artículo primero de la Ley 20.480, promovida por los esbirros de Ivanissevich y López Rega, y sancionada en septiembre de 1974, constituyó el asidero legal que derivó en actos de censura de proporciones trágicas. Citamos el artículo inaugural de esa ley: Será reprimido con prisión de tres a ocho años, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado, el que para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos, intente o preconice por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías no establecidas por la Constitución Nacional y las disposiciones legales que organizan la vida política, económica y social de la Nación.
La ambigüedad en la redacción de estos engendros jurídicos es el elemento que habilita su aplicación discrecional. La persecución ideológica seguida de muerte está inscripta en las cariátides de la historia argentina. En 1840 cuando Domingo Faustino Sarmiento partió al exilio escribió con carbón de leña sobre una piedra de la Quebrada El Zonda, una famosa frase en francés, atribuida al conde de Volney, on ne tue point les ideés que, traducida al castellano, significa las ideas no se matan. Las dictaduras militares, con el pretexto de la Doctrina de la Seguridad Nacional made in USA, ha procurado matar a las ideas y a los hombres y mujeres que las encarnan.
La palabra idea siempre resultó abstracta para la conciencia uniformada de los burócratas y, en el afán de materializarla, orientaron invariablemente el foco de su actividad represora hacia la esfera del conocimiento, los intelectuales, las aulas, los escritores, las bibliotecas y los libros. Todo lo vinculado al campo intelectual ha sido siempre mirado con recelo por las dictaduras. El famoso Himno a Sarmiento, compuesto por Leopoldo Corretjer, en uno de sus versos menciona como símbolos de lucha: la espada, la pluma y la palabra. Estos tres elementos caben en un libro, por esa razón la quema de las bibliotecas es una escena repetida en los momentos más oscuros de la historia (empezando por la de Alejandría).
Osvaldo Bayer observó: en Alemania nazi, la quema de libros en la Plaza de la Ópera en Berlín la hicieron los estudiantes nazis; aquí, los militares. Tengo el comunicado del general Menéndez ordenando la quema de libros realizada por el teniente coronel Gorleri. Hay que ver la pobreza de redacción y la estupidez del documento (Invernizzi, Gociol: 2002, 369).
El primer acto de censura oficial tras el golpe ocurrió el 25 de marzo de 1976, cuando un grupo de oficiales armados bajo el mando del capitán Francisco Suárez Battán tomó la sede de Eudeba. La editorial, a partir de ese momento, comenzó a funcionar como un cuartel. La primera medida, después de requisar a los empleados, consistió en la confección de una lista de libros prohibidos que debían ser inmediatamente retirados de la venta. El secuestro y desaparición de empleados, ordenada y ejecutada por los chacales de la dictadura, la destrucción de ejemplares tildados de subversivos y el espionaje interno acometido por los funcionarios civiles cómplices y leales al régimen de Videla, Massera y Agosti, fueron algunos de las vicisitudes que sufrió la mítica editorial Eudeba en los años de plomo.
Una publicación del diario La Nación del 30 de abril de 1976, tan servil al golpe, lleva por título: Quemaron textos de literatura extremista. Si el contenido de la noticia despierta la conmoción de todo acto violento, el concepto literatura extremista aumenta la consternación. ¿Qué sería, para los redactores y editores del diario “literatura extremista”? No es aquella seguramente cuya lectura nos lleve al extremo del conocimiento, puesto que el conocimiento en sí mismo desafía toda convención espacial. ¿No se considera un acto extremista la perpetración de un golpe de Estado? ¿El terrorismo de Estado no es un crimen lo suficientemente extremista para justipreciar su gravedad como una tragedia? ¿Qué es el extremismo sino la imposibilidad de situarnos en un punto de equilibrio superior a las líneas de frontera? Estimar -como quiso la dictadura y sus socios, como La Nación-que un texto remite al extremismo, es suponer que trasciende una frontera, un alambrado simbólico impuesto por el poder.
La primera quema oficial de libros de la dictadura ocurrió en Córdoba. El Comando del Tercer Cuerpo del Ejército, a manos de Luciano Benjamín Menéndez, aquel experto en técnicas represivas entrenado por el Pentágono, basado en sus “saberes” sobre poblaciones calcinadas en Vietnam, incineró textos juzgados, por La Nación, vocero gráfico de la Junta: literatura de exaltación de Marx, el Che Guevara, Fidel Castro, etcétera, y sin duda, no había ninguna publicación que se refiriere a próceres como San Martín y Belgrano, los americanos Bolívar y Sucre, y personalidades civiles como Sáenz Peña.
La categoría “literatura de exaltación” es tan arbitraria e imprecisa como la de literatura extremista. Exaltación es un adjetivo que describe el efecto que el fantasma de la infiltración marxista producía en la conciencia de los dictadores, sus sicarios y aliados civiles. Exaltación, elevar hacia lo alto según su etimología, es una cualidad que admite ser utilizada a favor o en contra de un objeto digno de esa consideración. Entre los nombres ilustres citados por el cronista del diario figura Sáenz Peña. Suponemos que esa mención, en el contexto de una quema de libros cometida por los militares, es producto de una licencia irónica, de otro modo no se entiende que en plena dictadura se mencione el nombre de quien promulgó la Ley 8.871 que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio.
En el intento de argumentación de la quema, torpemente esbozado por ese matutino, es posible observar el sello del oscurantismo medieval: el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército quemaba esa ‘documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana (…) para que se evite con este material continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra Iglesia y, en fin, nuestro más tradicional acerbo espiritual, sintetizado en Dios Patria y Hogar…
Cuesta creer que la noticia – en realidad es un comunicado del Ejército replicado por un medio gráfico de distribución nacional- describa hechos ocurridos en 1976 y no en los tiempos de Savonarola. En esto y por esto, es que hay ofendidos cuando se define que la dictadura fue cívico-militar. Una cuestión de memoria…La quema de libros precede a la quema de los cuerpos. Es una señal tan clara como una cicatriz.
Consideremos otro caso. La revista Para Ti publica, en 1977, una serie de consejos destinados a los padres con la grosera finalidad de incitarlos a controlar a sus hijos, proclives a ser “víctimas” de la temida infiltración marxista. La prevención ofrece algunas coordenadas que no por burdas dejan de ser curiosas, como la observación escrupulosa del lenguaje. La lista de palabras a vigilar (!) especialmente son: diálogo, proletariado, América Latina, burguesía, explotación, compromiso, cambios de estructuras, etc. La sola mención de algunas de estas palabras en una conversación, según la revista creada por Constancio Vigil -cómplice claro de la dictadura-, eran señales de alarma para padres incapaces de todo discernimiento. Ese glosario all’uso de los censores civiles y castrenses, revelaba la ignorancia, el escaneo superficial y falible que los burócratas uniformados habían hecho de la amplia, compleja y honda bibliografía vinculada a los estudios de la teoría marxista, y representaba, a la vez, una flagrante subestimación de la capacidad de discernimiento crítico de esos jóvenes de buenos hogares, proclives a abandonar el redil cristiano y conservador garantizado por la dictadura.
El efecto que el artículo de Para Ti pretendía lograr era el de una guía confiable al momento de descifrar un peligro latente, un virus flotante, por eso el párrafo más inquietante señala: Estas son las tácticas utilizadas por los agentes izquierdistas para abordar la escuela y apuntalar desde la base su semillero de futuros combatientes…
Un año después, en 1978, inspectores municipales escoltados por el Cuerpo de Caballería del Partido de Avellaneda, en el conurbano bonaerense, invadió y clausuró un depósito del Centro Editor de América Latina. Los agentes a cargo del operativo dividieron el botín en dos categorías: materiales no cuestionables y materiales cuestionables.
La primera categoría la integraban novelas como Amalia de José Mármol o El matadero y La cautiva de Esteban Echeverría; la segunda, más vasta y heterogénea, comprendía Sociedad e ideología con textos de Comte, Marx y Nietzsche; Existencialismo, marxismo y empirismo lógico (antología preparada por Oscar Terán con escritos de Heidegger, Lukács, Schlick y Rudolf Carnap); El imperialismo, defensa y crítica (con textos de Lenin, cuya figura en actitud de arenga desde un palco a modo de púlpito aparecía en la portada); Las reformas económicas de la Europa socialista (Birman, A., Michel, Bernard, Zacrzewski, Z., Laszlo, Imre, Czikós-Nagy, Béla), sumado a los fascículos sobre el movimiento obrero, la colección Siglomundo, Transformaciones, etc.
Un texto cuestionable no ha de asemejarse a un delito; los burócratas de la dictadura consideraban una infracción el pasaje al acto del verbo “cuestionar” porque, para las mentalidades uniformadas -moldeadas en la rígida disciplina de la obediencia ciega-, esa palabra lleva implícita la altisonancia del desacato. Cuestionable, en consecuencia, significaba censurable.
Los esbirros de la SIDE, luego del asalto, elaboraron un informe en el que no se privaron de calcar el tono del comunicado del Ejército sobre la quema de libros en Córdoba publicado por La Nación en abril de 1976. Evitaron la palabra exaltación pero la crítica que hicieron de los materiales secuestrados es similar. Se aprecia, escriben, escriben mal, por cierto, muy mal: la tendencia exclusiva de magnificación de hechos revolucionarios en el mundo, etapas socialistas obreras, violencia, anti-imperialismo, organizaciones subversivas extranjeras (…) también en estas ediciones es destacable las notas críticas disociantes a los sistemas democráticos, Iglesia católica, militarismo, etc. (Invernizzi, Gociol: 2002, 262). La grosera parcialidad del enfoque y la evaluación de los textos secuestrados se encuadra, como hemos visto, en una esmerada pobreza conceptual distintiva de quienes conducían estas operaciones.
El asalto a los depósitos del CEAL se generalizaría a todas las dependencias de la editorial, agravada por la detención de los empleados y una maniobra de persecución legal que obligó a Boris Spivacow, creador de la casa editora, y lúcido gestor cultural comprometido, a presentarse en el juzgado para tramitar la excarcelación de los empleados. Spivacow, en su descargo, argumentó que los textos secuestrados constituían un remanente almacenado en los depósitos con el propósito comercial de venderlo como papel viejo por kilo a los fines de transformarlo en pulpa de papel. Esa justificación no podía resultar convincente para los herederos de Hitler al comando de la Argentina, burócratas que conocían la vocación y comprometida militancia cultural de Spivacow desde los tiempos en que se había desempeñado como gerente general de Eudeba.
El informe final de la SIDE sobre los materiales secuestrados consistió en un inventario de frases que describían contenidos vinculados al espectro comunista y abundaba en palabras alarmantes para la burocracia castrense, tales como socialismo, imperialismo, internacionalismo, comunismo, marxismo-leninismo, guerrilla revolucionaria, burguesía explotadora, propiedad privada…
Los burócratas de facto no ahorraban hipocresía y dictaminaron que esos textos atentaban contra la Constitución Nacional y la paz social de la nación (como si la dictadura no hubiera violentado la Carta Magna y aplicado el terrorismo de Estado y la vulneración sistemática de los Derechos Humanos).
Pese a la debilidad de los argumentos formulados para justificar el ataque contra el CEAL, arrebujados cínicamente en la transgresión a la Ley 20.480, los censores oficiales del régimen militar determinaron la incineración de los textos secuestrados en los depósitos del Centro Editor de América Latina. El 26 de junio de 1980 fuerzas policiales calcinaron veinticuatro toneladas de papel -era todo lo que podían pesar porque el conocimiento es inmune a la precisión de las balanzas- esto equivale a un millón y medio de ejemplares. El delirio piromaníaco de los burócratas castrenses había alcanzado el paroxismo de su voluntad de odio en un baldío de Sarandí, aquella tarde de invierno, al calor de una hoguera que espejaba la ingente prepotencia de su ignorancia.
La quema de libros oficiada por los censores militares no ha sido, sin embargo, una sanción más aberrante que la angustia de quienes, ejerciendo una muy justificada prudencia, procedieron a enterrar los libros en precarios jardines o, en un acto desesperado, los fueron carbonizando de a poco, para no despertar sospechas, en dolorosas ceremonias parrilleras.
Las cicatrices de la historia, a 50 años del golpe y frente a los intentos de negacionismo, se abren toda vez que se atenta contra la libertad de expresar, debatir, analizar y encarnar el nervio vital de las ideas.
Gustavo Provitina
Nació en La Plata (Argentina) en 1971. Es Doctor en Artes por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y Licenciado en Realización en Cine, Video y TV por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Docente universitario en la UNA (Universidad Nacional de las Artes) y en la Facultad del Arte (UNLP).
BIBLIOGRAFÍA
Acta de la Revolución Argentina (1966), Secretaría de Estado de Gobierno.
Actas de la dictadura, Ministerio de Defensa (Presidencia de la Nación)
La revolución libertadora y la universidad (1957) Ministerio de Educación de la Nación
Invernizzi H, Gociol J. Un golpe a los libros, Buenos Aires, Eudeba, 2007.
Morero, S. La noche de los bastones largos, Buenos Aires, Editorial La Página, 1996.
Tapia Valdés, J. El terrorismo de Estado, México, Editorial Nueva Imagen, 1980.
[1] La cita pertenece al Acta de la Revolución Argentina 1966, un documento publicado y difundido por la Secretaría de Estado de Gobierno. Dirección General de Provincias. Departamento de Difusión Provincial. Firmado por los militares Pascual Ángel Pistarini, Benigno I. Varela y Teodoro Álvarez.
[2] La cita proviene del texto La revolución libertadora y la universidad (1955-1957) publicado por el Ministerio de Educación de la Nación en 1957.
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