La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires – ARBA, iba a quitarles el plus por productividad a las trabajadoras del Estado con licencia por maternidad, y tuvo que dar marcha atrás. Parece noticia vieja. No lo es.
escribe Luciana Peker
La medida dispuesta por el gobierno de María Eugenia Vidal a través de la Agencia en abril de 2017 (Resolución Interna N° 148/17) eliminaba un plus por productividad que ya está incorporado a los ingresos de las trabajadoras y trabajadores. Esa suma -parte de la maraña de los sueldos estatales que tienen diversas ‘sumas’ por fuera del salario base y siempre son motivo de discusión en las paritarias- es equivalente a uno o dos salarios anuales. Cuando se anunció, impactaba directamente en quienes tomaran cualquier tipo de licencia.
Las mujeres eran particularmente afectadas ya que la licencia por maternidad no es optativa, sino obligatoria y la medida iba a afectar sus ingresos, la igualdad salarial, la posible salud de embarazadas e, incluso, el riesgo de aumento de partos de bebés prematuros por la presión a no adelantar o usar licencias que descontaran dinero de la cuenta sueldo.
la licencia por maternidad no es optativa, sino obligatoria y la medida iba a afectar sus ingresos
Lo que pensaba implementar la gobernadora Vidal fue criticado por UNICEF, por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), por investigadoras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en la nota de Las/12 “La involución productiva”, publicada el 26 de mayo del 2017 y que alertó sobre el recorte de derechos, la flexibilización laboral por sobre la protección a la maternidad y el ascendente impuesto al género que provoca que los varones cobren un 27 por ciento más que las mujeres.
La maternidad nunca es gratis. Ni en trabajo no remunerado, ni en sueño, tiempo, esfuerzo, cuerpo, salud y sacrificios intangibles que no pueden, siquiera, ser contabilizados.
La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires nunca opinó ni fue consultada por ningún medio de comunicación de los que pueden acceder a ella, pero fuentes extraoficiales confirmaron que estaba al tanto de la medida tomada en un organismo bajo su órbita de gestión.
En ARBA justifican la Resolución en que deben llegar a una recaudación de un monto aproximado de $ 200.000 millones. Sin embargo, la especialista en política social comparada de la Universidad de Costa Rica, Juliana Martínez Franzoni, refuta:
“Sujetar medidas de productividad al no uso de un derecho sería como incentivar que la gente no se vacune para no usar los servicios de salud. Posiblemente se ahorren una vacuna, pero las consecuencias serían mucho más graves que el costo de una vacuna. Las licencias son un derecho que debe ser estimulado para su uso pleno. Ya con las licencias tan cortas que hay en la Argentina, las mujeres de mayores ingresos pueden tomar licencias más largas, y las mujeres con menores ingresos o que no conviven con una pareja que no las mantiene económicamente (que es la realidad de la mayoría) no pueden hacerlo. Por eso, esta medida va a contrapelo de las recomendaciones internacionales y de la búsqueda por asegurar los cuidados básicos. Los países más desarrollados tienden a fortalecer la presencia de madres y padres durante los dos primeros años de vida. Cuando el Estado incentiva que la gente no tome licencias deja librado los cuidados al bolsillo de la gente, a la capacidad de pago, al mercado y, por lo tanto, genera injusticia”.
justifican la Resolución en que deben llegar a una recaudación de un monto aproximado de $ 200.000 millones
Finalmente, el organismo de recaudación bonaerense dio marcha atrás con el castigo económico a la maternidad. El 7 de junio, cuatro días después de la marcha Ni Una Menos en la cual explícitamente se cuestionó la medida, se concretó una reunión entre el Director Ejecutivo de ARBA Gastón Fossati con dos gremialistas varones (ninguna mujer), Jorge Baldovino, de la Asociación de Empleados de la Asociación de Rentas e Inmobiliaria (AERI) y Carlos Quintana, de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). Allí, Fossati comunicó que iba a modificar la resolución 148/17 y no aplicar ningún descuento al plus de productividad a las mujeres que se tomaran licencia por maternidad y adopción, y a los padres que se tomaran la licencia por paternidad. Y la resolución se publicó el 21 de junio, aunque aclara que es para el año en ejercicio y deja abierta la posibilidad de que se aplique en 2018.
La escasa licencia para los varones, de solo dos días, afecta la coresponsabilidad y derechos de padres y trabajadores, pero al ser de solo dos días (y el descuento ser proporcional a los días sin asistir a la oficina) el impacto para los varones padres iba a ser mínimo; en cambio, para las mujeres el descuento de noventa días iba a implicar un recorte de alrededor de 13.500 pesos en sus ingresos, o incluso más.
para las mujeres el descuento de noventa días iba a implicar un recorte de alrededor de 13.500 pesos en sus ingresos, o incluso más.
PENALIZADAS POR SER MADRES
En los últimos 7 años, una sucesión de legisladores, funcionarios y sindicalistas arremetieron contra el embarazo, o para mejor decir, el embarazo de las trabajadoras y mujeres pobres. La serie la abrió el entonces senador radical Ernesto Sanz, quien aseveró que la Asignación Universal por Hijo servía para que las adolescentes se embarazaran y no trabajen. Tras Sanz, vinieron las palabras de quien era candidato a gobernador del PRO en Santa Fe, el ex humorista de Midachi Miguel Del Sel quien, quien opinó que las “chinitas” se embarazaban para cobrar la Asignación. El tercero en esa línea fue el ministro de Salud de Corrientes, Julián Dindart, quien aseveró: “No es una opinión nazi ni fascista lo que digo, sino que es un análisis de la realidad; en lugares en donde falta la educación, si el Estado estimula el embarazo con el pago de un subsidio, la tasa de embarazos en adolescentes aumentará”.
legisladores, funcionarios y sindicalistas arremetieron contra el embarazo, o para mejor decir, el embarazo de las trabajadoras y mujeres pobres
El 17 de mayo de 2016 el ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, desató una fuerte polémica al señalar que las docentes de la Provincia «se embarazan» en tiempo de período lectivo «para tomarse las licencias y cobrar sin trabajar», y cerró (por ahora) la lista el secretario general de la UATRE, Gerónimo «Momo» Venegas, quien en un canal de televisión la noche del 10 de marzo de 2017 aseveró: «Hemos visto criaturas de 10 o 11 años embarazadas solo para cobrar la asignación por nacimiento”.
Pareciera que para ARBA hay una idea de equidad inspirada en el liberalismo rabioso y una meritocracia en donde la maternidad (Sanz, Dindart, Del Sel, Franco, Venegas dixit) no tiene ningún mérito ni se considera productiva.
Argentina es uno de los países, como Uruguay, con un alarmante envejecimiento de su población. A largo plazo su limitación o punición será uno de los graves problemas fiscales, pues a nivel global se entiende que estimular la maternidad presupone que habrá futuros contribuyentes en sociedades donde el envejecimiento de la población pone en riesgo el equilibrio demográfico que, según estimaciones difundidas por el CIPECC, en la Argentina va a entrar en crisis en solo treinta años.
Si bien la provincia de Buenos Aires retrocedió en el plus por productividad que es histórico, en la Administración Nacional es una novedad incorporada en 2017.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el gremio siempre oficial UPCN firmaron no solamente una paritaria muy baja (de 20 por ciento hasta abril 2018), sino un plus por presentismo y productividad. No estarían castigadas aquellas personas que se tomen licencia para realizar estudios secundarios y universitarios, pero sí podría afectar a las mujeres que se tomen licencia por maternidad o cuidados por hijos/as enfermos.
El Ministerio de Trabajo y el gremio estatal siempre oficialista UPCN firmaron una paritaria muy baja y un ‘novedoso’ plus por presentismo y productividad
Esta medida que no ha sido puesta en debate por los medios con llegada al Ministro ni a los miembros del gabinete nacional, afectaría a 76.000 contratados/as y a entre 15.000 y 20.000 personas de planta. De modo sorprendente, no se han escuchado voces de las trabajadoras cuestionando lo que firmó el jerarca de UPCN, Andrés Rodríguez.
Del mismo modo que hubiera afectado a las bonaerenses, esto que se inicia también afecta el derecho básico de la protección a la maternidad y la igualdad salarial entre varones y mujeres. ♦♦
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Luciana Peker es periodista, docente e investigadora especializada en género. Escribe en el suplemento Las/12 del diario argentino Página 12 y tiene columnas de opinión en Radio Nacional Buenos Aires. Ha publicado recientemente el libro “La revolución de las mujeres” y milita activamente en el Colectivo #Niunamenos.