escribe desde Brasil, Valter Pomar
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Lula asumió la presidencia de la República de Brasil el 1 de enero de 2023, por lo tanto, este 10 de abril se van a cumplir los 100 días de gobierno. Como siempre ocurre, se publicarán muchos balances y análisis, e incluso algunos comenzarán diciendo que el gobierno de Luis Inacio Lula da Silva comenzó antes del primero de enero, porque en la práctica, tras derrotar al cavernícola Jair Bolsonaro el 30 de octubre de 2022, Lula comenzó de inmediato a tomar decisiones y actitudes típicamente presidenciales.
Así fue como decidió participar de la COP27 – la 27ª Conferencia del Clima de la ONU realizada en Egipto, y también de participar en las negociaciones junto al Congreso Nacional, buscando modificar el Presupuesto 2023, para poder incluir los recursos necesarios para pagar la llamada ‘Bolsa Familia’, un subsidio social para millones de familias brasileñas. ¡Es que el gobierno cavernícola no había incluido esos recursos en el Presupuesto! Sin esa negociación, Lula iniciaría su mandato administrando una crisis humanitaria de proporciones incluso más severas.
Asimismo, entre el 31 de octubre y el 1 de enero, Lula dedicó una gran atención al balance del gobierno saliente, que fue realizado por el llamado ‘gobierno de transición’, una figura prevista en la legislación de Brasil desde 2002. El resultado del trabajo de ese equipo de transición fue publicado en un informe ya el 22 de diciembre de 2022, cuando Lula no había asumido oficialmente la presidencia del país.
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ALIANZAS PARA GANAR Y MÁS ALIANZAS, PARA GOBERNAR
En ese mismo período, Lula se empeñó en componer su gobierno y a definir sus relaciones con el poder Judicial y con el Legislativo. En los tres casos, se aplicó la llamada ‘política de frente amplio’, es decir, alianzas entre el Partido de los Trabajadores y un amplio abanico de fuerzas, incluidos otros partidos de izquierda, así como partidos de centro, de centro-derecha y también partidos de derecha, así como con sectores de partidos, con un criterio definido: aislar el bolsonarismo.
La mayor parte de la izquierda brasileña considera que esta ‘política de frente amplio’ fue un éxito electoral. Sin embargo, los resultados electorales permiten hacer otras interpretaciones. La derecha venció en las elecciones estaduales para gobernador y en las Asambleas Legislativas. También ganó las elecciones para la Cámara de Diputados y para el Senado. Asimismo, de los casi 157 millones de votantes habilitados, el 20,91% (32.716.740 de brasileños y brasileñas) no se presentaron a votar, a lo que debe agregarse 3.930.765 de votos nulos y 1.769.678 votos de votos en blanco…la enorme mayoría de quienes se abstuvieron, anularon su voto o votaron en blanco, son trabajadores pobres.
Pero adicionalmente a estos datos, debemos dedicar un profundo análisis al hecho concreto de que el cavernícola obtuvo el 49,10% de los votos válidos (o sea, 58.206.322) contra el 50,90% que obtuvo Lula, es decir 60.345.825. ¿Qué indica esto? Que vencimos por una diferencia menor a la obtenida en las presidenciales de 2002, 2006, 2010 y 2014. Y por todo eso podemos decir que en las elecciones de octubre la extrema derecha fue derrotada política y electoralmente, pero que nuestra victoria electoral fue también una victoria política parcial.
En resumen, más allá de los resultados estaduales y proporcionales, casi la mitad del electorado activo votó a favor de la continuidad del gobierno cavernícola, votó a un candidato declaradamente misógino, racista, anti LGBT, fundamentalista, militarista, neofascista, con un comportamiento genocida y pedófilo.
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La lección que una parte minoritaria de la izquierda sacó, tras estos resultados, es que para tener más votos entre los trabajadores pobres que no votaron, y para reconquistar a trabajadores que votaron a Bolsonaro, se tendría que haber hecho una campaña más radical. Pero la mayor parte de la izquierda brasileña aprendió otra cosa, y es que habría sido un acierto una política de alianzas amplias, y que para gobernar, incluso, sería necesario hacer alianzas todavía más amplias.
Esta búsqueda de alianzas más amplias incluye al Supremo Tribunal Federal. Ya antes de los comicios de octubre de 2022, Lula venía buscando mantener relaciones pacíficas con los 11 jueces que integran la cúpula del poder judicial brasileño (el TSJ). Cabe recordar que algunos de esos ministros de la Corte respaldaron tanto el golpe contra Dilma en 2016, como la condena, prisión e interdicción electoral de Lula en 2018. Por lo tanto, esos jueces fueron responsables –directa o indirectamente-, por la victoria de Jair Bolsonaro en las presidenciales 2018.
También la búsqueda de alianzas más amplias abarcó al poder Legislativo federal. Sea por una directiva del propio Lula o por su ‘nihil obstat’, la bancada del PT en el Congreso votó a favor de la reelección del presidente de la Cámara de Diputados y lo mismo en el Senado. Ambos, en el bienio 2021-2022 (o sea, durante la segunda mitad del gobierno del cavernícola) contribuyeron para sustentar legislativa y administrativamente a la extrema derecha, además de haber introducido un mecanismo parlamentario que fue violentamente criticado por la oposición de izquierda, mecanismo que popularmente se conoce como ‘presupuesto secreto’.
Esa búsqueda de alianzas más amplias incluyó, finalmente, la incorporación al gabinete de ministros que provenían de partidos que apoyaron a Bolsonaro en 2018 e incluso durante el propio mandato bolsonarista, 2019-2022. Quede registrado que se dejó fuera del gabinete a una cantidad de ministras y ministros negros, así como de ministras mujeres; los y las que fueron designados, fue un porcentaje mucho menor del número esperado y necesario.
El resultado terminó siendo que de 37 ministros en el Gabinete:
-17 son o están vinculados a la llamada ‘nación petista’
-3 son afiliados al PSB – Partido Socialista Brasileño
-3 son afiliados al MDB – Movimiento Democrático Brasileño
-3 son afiliados al PSD – Partido Social Demócrata
-2 son afiliados a União Brasil (aunque el partido, de hecho, no se considera parte del gobierno)
-2 responden al PDT- Partido Democrático de los Trabajadores (aunque uno de los dos está vinculado a União Brasil y eso elevaría la representación de UB a 3 carteras ministeriales)
– 1 es integrante del Partido Comunista de Brasil – PCdoB
– 1 responde a Rede (el partido ecologista de Marina Silva)
-1 al PSOL – Partido Socialismo y Libertad (aunque el partido, oficialmente no se considera parte del gobierno)
De los 37, solo 11 son mujeres, 31 son blancos, y del total de ministros y ministras apenas 11 tienen su base política y/o profesional en el Nordeste del país, a pesar de que en los estados de esa región el voto para Lula fue arrasador.
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Como se trata de entender el origen, la pertenencia y a qué intereses responde cada uno de ellos, avanzamos en el detalle, que dará a los lectores y lectoras un completo panorama:
>Rui Costa, ex gobernador del estado de Bahía y miembro del PT, fue nombrado para el Ministerio de la Casa Civil, responsable de la coordinación del gobierno;
>El general de la reserva Gonçalves Dias, que ya había trabajado con Lula durante el período 2003-2010, fue nombrado para el Gabinete de Seguridad Institucional, responsable de la seguridad del presidente y del gobierno;
>Paulo Pimenta, diputado federal del PT fue elegido para la Secretaría de Comunicación Social, responsable de divulgar las acciones del gobierno;
>Alexandre Padilha , diputado federal del PT, fue elegido para la Secretaría de Relaciones Institucionales, responsable de las relaciones con el Congreso Nacional.
>Márcio Macedo, ex diputado federal y quien fuera vicepresidente nacional del PT, fue elegido para la Secretaría General del gobierno, responsable de las relaciones con la llamada sociedad civil;
>Jorge Messias, que ya había sido subjefe de asuntos jurídicos de la Casa Civil, de 2015 a 2016, en el gobierno de Dilma Rousseff, fue elegido para la Advocacia-Geral da União, que se ocupa de la defensa del gobierno en juicios;
>Vinicius Carvalho, también vinculado al PT, fue elegido para la Contraloría General, que funciona como una especie de auditoría interna permanente;
>Carlos Fávaro, líder del agronegocio y senador del derechista Partido Social Democrático, fue elegido para el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
>Luciana Santos, presidenta nacional del Partido Comunista de Brasil, fue elegida para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación;
>Margareth Menezes, cantante y activista cultural también vinculada al PT, fue elegida para el Ministerio de Cultura;
José Múcio Monteiro, político de derecha, que fue ministro de Lula entre 2007 y 2009 y que en 2022 ocuparía la presidencia del Tribunal de Cuentas Federal (Tribunal de Contas da União – TCU), órgano de control federal, fue elegido para el Ministerio de Defensa;
>Fernando Haddad, que fue candidato del PT a la presidencia de la República en 2018, fue elegido para el Ministerio de Hacienda;
>Camillo Santana, ex gobernador de Ceará y senador del PT elegido en 2022, fue elegido para el Ministerio de Educación.
>Esther Dweck, economista y profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, fue elegida para el Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos. Vinculada al PT, Dweck tiene entre sus tareas negociar salarios y condiciones de trabajo con los funcionarios federales;
>Anielle Franco, periodista y directora del Instituto Marielle Franco (concejala asesinada el 14 de marzo de 2018) fue elegida para el Ministerio de Igualdad Racial;
>Geraldo Alckmin, exgobernador del estado de São Paulo, y uno de los principales líderes del PSD desde 1998 hasta 2021, fue elegido para el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios;
>Waldez Goes, afiliado al Partido Democrático Laborista y gobernador del estado de Amapá hasta finales de 2022, fue nominado para el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional;
>Flávio Dino, afiliado al Partido Socialista Brasileño, ex gobernador del estado de Maranhão y senador electo en 2022, fue elegido para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública;
>André de Paula, diputado federal del PSD y defensor de la Operación Lava Jato, a la que calificó de «intocable», fue propuesto para el Ministerio de Pesca y Acuicultura;
>Carlos Lupi, presidente nacional del Partido Democrático Laborista, fue propuesto para el Ministerio de Seguridad Social;
>Nísia Trindade, cercana al PT, científica y presidenta de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), fue elegida para el Ministerio de Salud;
>Jáder Filho, presidente del MDB del estado de Pará, fue elegido para el Ministerio de Ciudades;
>Juscelino Filho, diputado federal por el partido União Brasil, de Maranhão, fue elegido para el Ministerio de Comunicaciones. Este diputado votó a favor del impeachment de Dilma, celebró el encarcelamiento de Lula y formó parte de la base de Bolsonaro;
>Mauro Vieira, diplomático de carrera, ex embajador en Argentina y en Estados Unidos, y ex canciller de Dilma, ocupa el Ministerio de Relaciones Exteriores;
>Alexandre Silveira, senador del Partido Social Democrático, fue elegido para el Ministerio de Minas y Energía;
>Cida Gonçalves, diputada del Partido de los Trabajadores, que había sido Secretaria nacional de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres en los gobiernos de Lula y de Dilma, fue elegida para el Ministerio de las Mujeres;
>Marcio França, ex gobernador del estado de São Paulo y ex presidente de la Fundación João Mangabeira, del PSB, fue elegido para el Ministerio de Puertos y Aeropuertos;
>Paulo Teixeira, diputado del PT, estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Agricultura Familiar;
>Wellington Dias, miembro del PT, cuatro veces gobernador del estado de Piauí y dos veces elegido senador por el mismo estado, estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, Asistencia, Familia y Combate al Hambre;
>Ana Moser, jugadora de voleibol y campeona olímpica, y militante independiente de izquierda, fue elegida para el Ministerio de Deportes;
>Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente del gobierno de Lula, ex petista y actual diputada federal de Rede, fue propuesta el Ministerio de Medio Ambiente;
>Simone Tebet, senadora del Movimiento Democrático Brasileño y ex candidata a la Presidencia en la primera vuelta de las elecciones de 2022, fue propuesta para el Ministerio de Planificación y Presupuesto;
>Luiz Marinho, ex ministro de Trabajo y Previsión Social del primer gobierno de Lula, ex presidente del Sindicato de Metalúrgicos ABC y actual diputado federal del PT-SP, fue elegido para el Ministerio de Trabajo y Empleo;
>Daniela do Waguinho, diputada federal por el partido União Brasil de RJ, fue elegida para el Ministerio de Turismo;
>Silvio Almeida, profesor y presidente del Instituto Luiz Gama, fue elegido para el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía;
>Sonia Guajajara, indígena, diputada federal por el PSoL-SP fue elegida el Ministerio de los Pueblos Indígenas;
>Renan Filho, senador por el partido MDB de Alagoas, fue elegido para el Ministerio de Transportes.
No son formalmente ministros, pero por la importancia política de los cargos que ocupan deben ser mencionados: el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Aloizio Mercadante, petista; la presidenta del Banco de Brasil, Tarciana Medeiros, también petista; la presidenta de la Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, también petista; el presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, petista.
Asimismo, destacan Marcelo Freixo (ex-PT, ex-PSoL, ex-PSB y ahora PT), como presidente de la Empresa Brasileña de Turismo (Embratur), y Joênia Wapichana, presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, diputada federal indígena elegida por REDE.
Finalmente, es necesario considerar como parte de la cúpula del gobierno al líder del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, José Guimarães (PT); al jefe del bloque del gobierno en el Senado, Jaques Wagner (PT); y al líder del gobierno en el Congreso, Randolfe Rodrigues (REDE).
En el caso de los ministros del PT, hay dos detalles interesantes: son casi todos del grupo mayoritario en el Directorio Nacional del Partido o aliados del grupo mayoritario.
Citando a un antiguo presidente nacional del PT, «frente amplio hacia fuera, partido único hacia dentro».
Llama la atención la ausencia de un ministro del PT representando a Minas Gerais, el único estado del Sudeste donde Lula ganó las elecciones en primera y segunda vuelta.
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Este gabinete de ministros asumió sus funciones a principios de enero. Pero hasta ahora, cuando se cumplen 100 días de gobierno, muchos ministros no han conseguido formar sus equipos. Entre otras razones porque las candidaturas para los cargos inferiores que acompañan a cada ministro -en particular sus representantes en las 27 unidades de la federación brasileña-, pueden ayudar o dificultar el objetivo de tener «gobernabilidad», es decir, tener mayoría en el Congreso Nacional.
Esta ‘gobernabilidad’ exigiría que Lula tenga 41 de los 80 senadores, y 257 de los 513 diputados. O que, en el caso de las enmiendas constitucionales y el juicio político, sean 54 senadores y 342 diputados.
En el momento de redactar este informe, no se ha alcanzado ninguna de estas mayorías.
Por otra parte, se produjo una situación inédita: varios ministros tomaron posesión de sus cargos en ministerios que habían sido extinguidos por el gobierno cavernícola, como el Ministerio de Cultura. Resucitar un ministerio que había sido liquidado requiere una ingeniería administrativa, jurídica y presupuestaria que dificulta aún más este inicio de gobierno.
Además, incluso en los casos en que existían ministerios, el presupuesto que dejó el cavernícola es absolutamente insuficiente para la gestión.
En definitiva, lo que puedan hacer muchos ministerios debe enfrentarse al peso de la herencia maldita dejada por el gobierno de extrema derecha: desmantelamiento y escasez de recursos, que contrasta con la realidad, que exige una intervención inmediata.
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LA INTENTONA GOLPISTA DE EXTREMA DERECHA DEL 8 DE ENERO
Muchos petistas celebraron que, finalmente, el 1 de enero de 2023 la pesadilla había terminado. ¡Qué error!
El día 8 de enero, decenas de miles de delincuentes atacaron los edificios del gobierno nacional, del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia. Después de algunas horas de destrozos, fueron reprimidos por la policía.
Brasil es una federación y cada unidad de la federación (cada Estado) tiene autonomía sobre sus propias policías (Policía Militar, Policía Civil, Policía Científica, etc.). Para que la policía de Brasilia, la capital del país, actuara contra los delincuentes, el presidente Lula da Silva se vio obligado a decretar una intervención federal parcial en el Distrito Federal, una de las 27 unidades de la federación.
No se puede soslayar la diferencia de comportamiento de estas fuerzas policiales cuando se trata de lidiar con manifestantes de extrema derecha con respecto al modus operandi que adoptaron frente a los movimientos de izquierda, las comunidades pobres, negras y periféricas.
Posteriormente, el presidente del Supremo Tribunal Federal decretó la suspensión temporal de su cargo del Gobernador del Distrito Federal. Y solo días después, fue relevado y sustituido el Comandante del Ejército. En su lugar asumió un nuevo comandante, que hizo declaraciones públicas legalistas, pero cuyos antecedentes y declaraciones previas indican una clara complicidad con la extrema derecha del país (de hecho, la enorme mayoría de la cúpula militar está vinculada espiritual y prácticamente, a la extrema derecha golpista)
¿Qué tuvo de espontánea la intentona del 8 de enero? Nada. Ni fue un acto espontáneo ni fue inesperado.
El 12 de diciembre de 2022, tras el reconocimiento judicial a la victoria de Lula (“diplomação”, en la terminología usada oficialmente en Brasil), la extrema derecha ya había promovido tumultos y protestas en Brasilia, contando con la complicidad de quien todavía era presidente, del gobernador del Distrito Federal, de sectores de las Fuerzas Armadas y de las Policías.
Además de ese precedente, para fin de año-comienzos de 2023, las redes (anti)sociales de ultraderecha fueron desbordadas por mensajes incitando a las personas para ir a Brasilia.
Por lo tanto, lo ocurrido el 8 de enero fue una verdadera operación de guerra, financiada por empresarios, coordinada por una alianza cívico-militar, y perpetrada por varios miles de neofascistas, que usaron el campamento montado frente al Cuartel General del Ejército como base de operaciones.
Poco se hizo desde el 8 de enero a hoy para el imprescindible procesamiento, juicio y castigo a quienes financiaron las caravanas y los campamentos de la ultraderecha; a quienes por acción u omisión facilitaron el acceso a los extremistas de derecha a la Esplanada de los Ministerios donde se ubican los edificios que fueron atacados, así como procesar, juzgar y castigar a quienes invadieron y destrozaron los tres palacios del poder de la República. Y sobre todo, quedó en evidencia la necesidad de una completa revisión de los protocolos de seguridad y de Inteligencia del Gobierno Federal.
Algo, sólo algo de todo eso, se viene haciendo. Pero es evidente que estamos muy lejos de lo que hace falta. Basta con decir que hasta ahora sigue en el cargo el ministro de Defensa José Múcio Monteiro, que llegó a decir (¡!) que los campamentos de la ultraderecha frente a los cuarteles en todo el país eran ‘manifestaciones democráticas’ que se iban a desarmar naturalmente.
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¿COMO SALIR DEL MARCO RENTISTA-NEOLIBERAL ECONÓMICO QUE DEJÓ BOLSONARO?
En el terreno militar, así como en otros terrenos, el gobierno de Lula está, literalmente, en una “guerra de posiciones”, algo así como lo que se precisa hacer cuando se reocupa una ciudad que fue tomada por un ejército invasor.
Hay que ir casa por casa, desalojar a los francotiradores, desminar el terreno y trampas de todo tipo. Una de esas trampas está en el Banco Central.
La legislación aprobada durante el golpe de 2016 le concedió una supuesta «independencia» al Banco Central, que sigue siendo presidido hoy por alguien nombrado por el anterior presidente de la República.
Como la legislación le concede garantías, el presidente del Banco Central mantiene una política de tipos de interés absolutamente disparatada, cuyo único objetivo es transferir recursos al sector financiero.
El analista Jefferson Miola aseguró:
“(…) el gasto del Tesoro Nacional para el pago de intereses de deuda podría llegar en 2023 a los 790 mil millones de reales. Sería otro record vergonzoso para el Banco Central, y costará 203 mil millones más que el record anterior, alcanzado el año pasado, cuando el Tesoro gastó R$ 586 mil millones debido al aumento del costo de la deuda. El aumento de las partidas del Tesoro para el pago de intereses de deuda saltó enormemente a partir de comienzos de 2021, cuando el Central elevó la tasa básica de interés hasta llegar al 13,75% anual vigente (…) El aumento absurdo de la tasa de interés en Brasil lo convirtió en uno de los paraísos mundiales del rentismo financiero, con ganancias reales del 8% al año, descontada la inflación”.
“Con esta política de tasas de interés estratosféricas, en 2021 y 2022 el Banco Central generó un gasto adicional de R$ 410 mil millones para el Tesoro Nacional en relación a las tasas de interés de 2020. Según el economista André Lara Resende, en ambos años el país consumió 1,75% más del PIB en relación a 2020 para pagar intereses de la deuda, y 3,65% más en 2022. Según el Banco Inter, con el desembolso previsto para 2023 de R$ 790 mil millones para el pago de deuda, el Banco Central obliga al Tesoro a gastar R$ 477 mil millones más que en 2020 – algo cercano al 6% del PIB. Esto significa que la espiral de altas tasas de interés acumulará 887 mil millones de reales de gasto adicional en tres años”.
La cifra, lectores y lectoras, implica que el Banco Central ‘independiente’ hizo pagar al pueblo brasileño el equivalente a 172 mil millones de dólares de intereses en este período, un festival del financiariado que defendió a capa y espada al bolsonarismo. Los datos y las citas anteriores provenien de Jefferson Miola.
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OTRA VEZ EL DEBATE ENTRE GRADUALISMO O MEDIDAS INMEDIATAS
Esta situación -sumada a la herencia maldita recibida del gobierno anterior- ha llevado al equipo económico del gobierno Lula a ser excesivamente conservador.
Esto se ha materializado en una serie de medidas, por ejemplo, en el reajuste del salario mínimo, que fue públicamente criticado por Sérgio Nobre, presidente de la CUT-Central Única dos Trabalhadores:
«el gobierno Lula anunció un aumento del salario mínimo a R$1.320,00, efectivo a partir de mayo (…) la CUT no fue consultada ni escuchada sobre el nuevo valor del salario mínimo (…) el valor mínimo que la Central defiende y por el cual trabaja es de 1.382,71 reales”
No sólo el valor era inferior al esperado, sino que también se esperaba que el reajuste se concediera inmediatamente, incluso como forma de compensar la confiscación salarial resultante de la inflación.
El mismo espíritu conservador es el que viene adoptando el equipo que está al frente de Petrobrás, frustrando a quienes defienden que la empresa estatal cumpla su papel central en el proceso de una vuelta al crecimiento, el desarrollo y la reindustrialización.
Las dos cuestiones de fondo, que atraviesan las polémicas sobre la política económica del gobierno Lula son las siguientes:
>>¿El gobierno va a tomar medidas inmediatas y de gran impacto, o va a tomar medidas gradualistas cuyo impacto positivo, en el mejor de los casos, se hará sentir a fines de 2024?<<
>>¿El gobierno de Lula depositará sus expectativas en la inversión pública o en el estímulo a la inversión privada?<<
El presidente Lula ha declarado reiteradamente y adoptado innumerables gestos que indican que él tiene prisa. El equipo del Ministerio de Hacienda parece, ya, operar con otro horizonte, como se pudo confirmar con la propuesta de “arcabouço fiscal” divulgada en fines de marzo. Según la visión que prevalezca, se va a ir creando un escenario terrible, que puede llevar a una victoria de la oposición en las elecciones municipales de 2024, antesala de las presidenciales de 2026.
Sea por esto o por otros factores, una parte importante de la izquierda brasileña, al mismo tiempo que sigue celebrando la victoria electoral y defendiendo al gobierno de Lula, ya entró en “modo preocupación”.
Entre otros motivos, porque está quedando en evidencia que algunas de las alianzas que se hicieron para ganar las presidenciales están pasando factura…y ese peaje se paga de diversas maneras, entre ellas la influencia directa en la composición y en algunas políticas del gobierno. Una influencia que no contribuye a revertir la inmensa crisis económica, social y cultural que Brasil sigue viviendo como resultado del golpismo y del bolsonarismo.
Y como Lula ganó por una diferencia de apenas 2 millones de votos (recordemos lo expresado al comienzo: 60 millones contra 58 del cavernícola), cualquier demora en mostrar resultados efectivos en una escala políticamente significativa, puede ser políticamente fatal.
Y atención: el cavernícola recién regresó al país, en vísperas del 59 aniversario del golpe militar de 1964.
Un ejemplo de la influencia directa en las políticas del gobierno se ve, paradójicamente, en un ministerio comandado por un petista: el Ministerio de Educación. Hasta ahora, Camillo Santana no revocó la llamada ‘reforma de la enseñanza media’, adoptada por el gobierno golpista de Michel Temer.
Al contrario, el ministro armó un equipo de trabajo donde predominan representantes de las empresas privadas que actúan en educación, que son, ciertamente, las empresas que defienden esa reforma hecha por el golpista Temer.
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PLANTEAMIENTOS, CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES
En fin, el cuadro de los primeros 100 días de Lula es bastante complejo, y tomando en cuenta factores estrictamente institucionales, es difícil que la situación mejore sustancialmente en los próximos 100 días.
Por eso, hay que darle atención a tres factores: al presidente Lula, a los movimientos sociales, y a la situación internacional.
>El presidente Lula ha sido hasta ahora además del capitán, una especie de ala-izquierda de su propio gobierno.
>Los movimientos sociales, por su parte, y con algunas excepciones, todavía están en un compás de espera.
>La situación internacional está en una ebullición creciente. Después de una señal confusa acerca de la guerra que se despliega en territorio de Ucrania –en el que el representante de Brasil en la ONU votó a favor de una Resolución que no fue apoyada por los otros socios de Brasil en los BRICS-, crecen las expectativas de que desde China llegue un abierto apoyo en el sentido de la reindustrialización.
Todo eso, es un temario para un análisis sobre los 200 días de gobierno de Lula.
Valter Pomar es Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal del ABC, en San Pablo.
Es Director de la Fundação Perseu Abramo, y es integrante de la Dirección Nacional del PT. https://valterpomar.blogspot.com/
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La caricatura de Jair Bolsonaro fue realizada por Langer, es original de la revista Espoiler publicada por la UBA en 2018
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