A BERLÍN!! POR NUESTRA Y VUESTRA LIBERTAD

* Escriben Daniel Stahl y Darío Bursztyn

75 años de la derrota del nazi-fascismo y la caída del Tercer Reich es un tiempo más que suficiente para poder mirar la historia como la base para entender lo que pasó, y decodificar cómo se estructuró el tiempo posterior.

Por cierto, hay entre esa historia y el presente lazos estrechos. ¿Cuáles? Los crímenes de lesa humanidad. Un crimen no cesa cuando sigue produciendo daño a los afectados directos o indirectos. ¿Hay sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial? Sí, miles en todo el mundo. Sobran los testimonios de la barbarie organizada, de las deportaciones, de la maquinaria de la muerte, de los cientos de campos de concentración y exterminio organizados y operados por los nazis. El negacionismo niega lo que las filmaciones, fotos, cartas, textos, uniformes y cámaras de gas testimonian, para asombro y dolor de generación tras generación.

Para quienes los sufrieron en carne propia, no hay explicación posible.

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Para quienes nacieron después, la pregunta fue y será ¿cómo fue posible? En ese sentido, lo que ocurrió hace 80 o 75 años, sigue ocurriendo hoy. No hay masacres o genocidios que sean ‘historia’. La memoria activa, sacada de un museo almidonado, sirve para no repetir o aceptar esa barbarie. Ninguna explicación puede llevar, ni antes ni ahora, bajo ningún pretexto ni bajo ningún gobierno de cualquier signo político, a la justificación.

En el caso de los miles de nazis -y colaboracionistas de los nazis- que fugaron a Sudamérica incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial, las preguntas serán cómo fue posible que las más altas autoridades de países de América del Sur pudieran poner en la categoría de ‘perseguidos políticos’ a criminales de guerra. Y más aún, cómo permitieron (¿o promovieron?) que sus conocimientos y saberes fueran usados para constituir, o perfeccionar, los aparatos represivos policiales o militares de las dictaduras que asolaron América Latina durante décadas.

La pretendida inocencia no es una explicación: ‘yo no sabía’, es justificar los crímenes. ¿Suiza no sabía? ¿Qué negocio fue la neutralidad? Mark Pieth, experto suizo en temas de anticorrupción publicó recientemente “Lavado de oro: los secretos sucios del comercio del oro y cómo limpiarlo”, y dedica allí un capítulo para entender que dado que el franco suizo era la única moneda convertible, se beneficiaron ampliamente de los 1700 millones de francos suizos que le compraron, en oro, a los jerarcas del Tercer Reich.

El oro que Alemania vendió a la Suiza neutral fue producto del saqueo de los países conquistados -Austria, Bélgica, Países Bajos,Noruega-, y de lo confiscado a personas particulares o lo que se le quitó a las víctimas en los campos de concentración.

¿Qué hizo Suiza, después de la guerra, con ese oro de los nazis?

Así como en esto, no puede haber inocencia en la confabulación que permitió el armado de las líneas de fuga, las ratlines, que utilizando el camino de Suiza, de los Alpes, del Vaticano y de los puertos de Italia sirvieron, en bandeja, la fuga de esos personajes.

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LAS RATLINES

En marzo, a pocos meses de cumplirse el aniversario 75 de la caída del Tercer Reich en Berlín, el Vaticano decidió abrir sus archivos relacionados con el rol de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Los especialistas harán un trabajo de orfebre para leer y buscar entre más de 300.000 documentos si -como se ha dicho en innumerables ocasiones- el Vaticano sabía de los crímenes y no hizo nada.

O peor, si hasta el propio papa Pío XII colaboró. Sin dudas cuando Pío XII -un visceral anticomunista- recibió en el Vaticano al líder del régimen nazi de los Ustasha croatas, Ante Pavelic en abril de 1941 no podía ignorar los asesinatos causados a los serbios; menos aún cuando lo recibió en mayo de 1943, y le dio la bendición papal.

Lo concreto es que los criminales de guerra que fugaron a Sudamérica contaron con la ayuda de clérigos católicos. En 1948, uno de los principales asesinos, Franz Stangl, consiguió escapar de la prisión de Linz, en Austria. Stangl había sido SS-Hauptsturmführer y comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka. El fue el responsable por la muerte de 1 millón de judíos.

Al escribir la cifra 1 millón de judíos

la vista debiera frenarse, parpadear,

imaginar una fila

en la que hay un millón de personas asesinadas.

Pero Stangl logró escapar.

¿Cómo fue su línea de fuga? A través de Graz, Merano, Florencia y luego Roma, al Vaticano. Allí lo recibió otro austríaco, el obispo Alois Hudal, quien le dijo “Usted debe ser Franz Stangl; lo estaba esperando”. Hudal tenía admiración por el proyecto nazi, y Stangl no era cualquier figura: se lo conocía como el arquitecto del Holocausto. Fue Hudal, en el Vaticano, quien le dio documentos falsos que le permitieron al jerarca nazi viajar a Siria, hacia donde luego viajó su familia, y en 1951 emigrar a Brasil, donde durante años trabajó en la planta de Volkswagen en Sao Paulo.

El escape del nazi Stangl es uno de los tantos miles. La colaboración de integrantes de la iglesia católica marcó el camino por Innsbruck, luego el monsterio de la Orden Teutónica en Merano, el monasterio Capuchino cerca de Bressanone o el monasterio Franciscano cerca de Bolzano, en el Sur del Tirol. El rumbo crucial era Roma, para luego, finalmente, fugar por el puerto de Génova, familiar para muchos.

Así escapó Adolf Eichman en 1950 a Argentina. Así escaparon 120.000 nazis o colaboracionistas hasta 1951.

El dato no es un número antojadizo o alarmista. Lo tiene asentado la Cruz Roja Internacional que era la que emitía los pasaportes: se entregaban los documentos una vez que los interesados presentaban una carta de confirmación de identidad otorgada por la Iglesia Católica.

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Cuadernos de Crisis / www.purochamuyo.com cuenta con la obra inédita, en castellano, cedida para su publicación parcial por el investigador de la Universidad de Jena, Alemania, profesor Daniel Stahl. Este libro editado en Alemania en 2013 y que vio la luz en la edición internacional en inglés hace 2 años, lleva por título “La caza de los nazis, las dictaduras sudamericanas y los juicios de los crímenes del nazismo”.

El profesor Daniel Stahl considera que esa cacería ha sido verdaderamente trasnacional, ha involucrado a actores del Este y el Oeste de Europa, de Norte y Sudamérica, y por supuesto a Israel.

Y también es un homenaje. Sudamérica, y en el caso argentino la máquina de muerte de la dictadura cívico-militar que gobernó de 1976-1983, se nutrió de las técnicas y de las enseñanzas directas de los nazis refugiados en el país. “Saberes” que sirvieron para operar los campos de concentración y exterminio en nuestro país.

La celebración de la victoria de los ejércitos Aliados y de la toma de Berlín por el Ejército Rojo el 8 de mayo de 1945 es, por sobre todo, la celebración de la paz.

De una paz construida sobre 60 millones de víctimas.

De una paz que pudo garantizarse, entre otros factores, porque hubo un Tribunal Internacional de Justicia en Nuremberg,

donde un grupo de los más altos dignatarios nazis fue juzgado por sus crímenes horrendos, no por sus ideas políticas.

Tal como lo acuñó en su alegato el fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas Militares de Argentina, la recordación de los 75 años de la derrota nazi debe llevarnos a repetir como una oración o un mantra ¡Nunca Más!

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«La caza de los nazis, las dictaduras sudamericanas y los juicios de los crímenes del nazismo” de Daniel Stahl (fragmento)

Después de 1945, muchos criminales nazis escaparon a Argentina. ¿Cómo afectó este tema las nuevas relaciones que establecieron el estado germano-occidental y la Argentina? Como muestran los archivos en Alemania, ambas partes rápidamente acordaron que la persecución de los criminales de guerra no era un objetivo a seguir.

La Alta Comisión del poder aliado no permitió que Alemania Occidental estableciera vínculos con los países de Sudamérica hasta octubre de 1950. La primera misión alemana al continente fue encabezada por el periodista y político Carl Spiecker, que había sido perseguido bajo el Nacional Socialismo. Su nombramiento tenía como objetivo contrarrestar cualquier sospecha de que tras esta misión se ocultaba la intención de establecer contacto con los fugitivos nazis.

Precisamente, los alemanes en América del Sur no estuvieron satisfechos con la elección de Spiecker. Antes de su partida, Ernesto Meuer se hizo presente en la Oficina de Asuntos Extranjeros en Bonn y se opuso a enviar a un enemigo de los nazis a Sudamérica. Meuer había hecho contacto con esta Oficina -antecedente directo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania Occidental -, a través de la influyente familia del industrial Wehrhahn.

También los oponentes de los nazis trataron de hacerse escuchar en la Alemania de posguerra, en particular aquellos emigrados a América del Sur por la persecución política nazi. Para ellos era un tema relevante las actividades de los nazis en ese lugar de América. En 1950, cuando estaban por relanzarse las relaciones diplomáticas, los Social Demócratas habían visto publicaciones sobre actividades nazis en Sudamérica. Por eso mismo, fue uno de los principales asuntos que se le pidió a Spiecker que cubriera para poder informar al Comité de Asuntos Exteriores, a su regreso.

El diputado del SPD, Gerhard Lütkens, un ex empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tempranamente se involucró en la política exterior, preguntó si Spiecker había podido rastrear los fondos de los nazis que “se ocultaron en Sudamérica hasta 1945” y si había averiguado en manos de quiénes estaban y con qué propósitos. Como única respuesta, Spiecker dijo que había “millones de bloques de oro alemán” en Argentina y que quienes sabían sobre su paradero no dirían una palabra”. Esta declaración no hizo más que alimentar las sospechas de que los nazis en el extranjero tenían grandes sumas de dinero a su disposición.

El Secretario de Estado, Walter Hallstein, intentó calmar al escéptico Partido Social Demócrata, asegurando que el combate contra los “intentos neo-fascistas” entre los alemanes en el extranjero no serían dejados “al arbitrio de las misiones diplomáticas locales (…) se tomarían acciones centralmente”. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo alerta en los años subsiguientes en torno a la propaganda nazi que venía de América del Sur. En una conferencia con los directores de las embajadas alemanas en América Latina, en noviembre de 1954, Hallstein subrayó que “no debía mostrarse ni comprensión ni tolerancia a las tendencias nazis”.

Pero el primer embajador en Argentina, nombrado a comienzos de 1952, fue Hermann Terdenge; un empleado de carrera del Ministerio que había trabajado allí hasta 1937, momento en el que pasó al sector privado, y regresó al Ministerio de Relaciones Exteriores una vez finalizada la guerra. Terdenge rechazó ese instructivo absolutamente. Antes de dejar Alemania para asumir su puesto en Buenos Aires, le habían hecho ver el enojo de los emigrados alemanes con el viaje de Spiecker, y esto produjo efecto. El modo en que “los círculos de Alemania Occidental fueron inundados por Argentina” no solo abrieron los ojos sobre los “ecos de Nacional Socialismo” entre los alemanes de aquel país, dijo Terdenge. También ponían de manifiesto las potentes relaciones que este grupo tenía en Alemania Occidental, al punto de captar la atención de los líderes políticos y los medios de comunicación. Varios periódicos alemanes habían desparramado las acusaciones contra el Spiecker, prácticamente palabra por palabra.

La influencia de los círculos neo-nazis en la prensa alemana no era casual. Carlos von Merck era corresponsal de la Oficina de Información Federal para el Comercio Exterior, y para varios diarios de Alemania Occidental. La revista de actualidad más masiva, Der Spiegel, tenía contratado a Wilfred von Oven, el ex vocero de Goebbels desde antes que partiera a Argentina, y el ex miembro de las SS en Holanda, William Sassen, trabajaba para la revista Stern. Los tres publicaban en la revista Der Weg (fundada en 1947 en Buenos Aires por el profesor de lengua alemana Eberhard Fritsch y que contaba, entre otros de sus articulistas con Hans-Ulrich Rudel, fundador de la Kameradenwerk cuya misión era recaudar dinero para asistir a los criminales de guerra encarcelados), y eran protagonistas del universo nazi en Argentina.

Tal vez por eso, Terdenge decidió trabajar una opción diferente, intentando impulsar una “actitud positiva” entre todos los grupos hacia Alemania Occidental, y superar las divisiones entre los alemanes residentes en Argentina. Previo a su llegada, escribió un artículo para Freie Presse que era leído por el amplio sector de la derecha germano-argentina, y que inequívocamente defendía posiciones pronazi. El futuro embajador decía en su nota que iba a Argentina “sin preconceptos a favor de un lado o el otro” y que deseaba “trabajar junto a todos, sin prejuicios”.

Para justificarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores germano, Terdenge sostuvo que a pesar de que Freie Presse no siempre evitó “ciertos gestos de obsecuencia hacia los lectores filo-nazis”, el diario tenía “fundamentalmente un punto de vista positivo hacia la República Federal de Alemania”. Más tarde iba a sostener que si “una parte significativa de la colonia alemana leía ese diario” él no creía muy inteligente calificarlo como “vocero nazi” solo porque tuviera ocasionalmente alguna indulgencia hacia el período nazi.

La situación era completamente diferente con Der Weg, decía Terdenge, porque era abiertamente hostil a la República Federal. Sin embargo, lo que él no dijo es que la frontera entre ambas publicaciones, Der Weg y Freie Presse era más que fluida. Y tampoco dijo que a pesar de sus desmentidas, mantenía contactos con los círculos que estaban en torno a la publicación de la editorial Dürer (editora de Der Weg) y que solamente evitaba a personalidades controversiales como Rudel o Fritsch. Por ejemplo, Carlos von Merck, que había sido parte del equipo de Perón luego de la guerra, lo acompañaba como reportero en sus viajes. También trataba personalmente a Wilfred von Oven, el editor en jefe de Freie Presse, y autor del libro Mit Goebbels bis zum Ende (Con Goebbels hasta el Fin), publicado por la editorial Dürer.

Estos contactos fueron muy importantes para el embajador. Le aseguraron artículos benévolos del Freie Presse, y también le abrieron las puertas de los círculos de gobierno.

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El pedido de extradición contra Karl Klingenfuss

Los intentos de Terdenge de que el pasado “quede sepultado” parecían peligrar en 1952, cuando emergió la cuestión legal entre Alemania Occidental y Argentina. En septiembre de 1949, la corte de la ciudad de Nuremberg había librado una orden de arresto para el ex consejero Karl Klingenfuss. Los procuradores norteamericanos, en su reporte final, lo imputaron por haber organizado las deportaciones de judíos entre junio y diciembre de 1942, como miembro del Departamento D del Ministerio del Exterior, el cual era responsable de “la cuestión judía”.

Klingenfuss había redactado varios documentos con los cuales el Ministerio puso en marcha las deportaciones de judíos. Incluyeron una carta al embajador alemán en Bucarest para que comunicara al gobernador del régimen, en Rumania, la posición nazi sobre la deportación de los judíos rumanos en el Tercer Reich a Europa Oriental. En su explicación, declaraba que el Ministerio del Exterior no se oponía a las deportaciones.

En negociaciones con el gobierno de Bulgaria, había escrito un memorándum sugiriendo que como compensación financiera confiscaran a los judíos búlgaros, con la intención de deportarlos “al Este”. Los judíos de Europa occidental también estaban en la mira de ser exterminados durante el tiempo en que Klingenfuss estuvo en el “Departamento Judío” del Ministerio. A instancias de Adolf Eichmann, Klingenfuss había sostenido que dentro del Ministerio del Exterior no había objeciones para enviar a los judíos de Francia, Bélgica y los Países Bajos hacia los campos de trabajo forzado en Auschwitz.

Las órdenes, escritas y firmadas por él a la oficina del Ministerio en Bruselas para deportar al menos a 10.000 judíos, no fueron ejecutadas. Ante la justicia, un perito médico legista declaró que Klingenfuss estaba demasiado enfermo para ir a prisión, y las autoridades alemanas desistieron de arrestarlo.

Pero cuando se completaron los procedimientos contra él, en 1950, se supo que el ex diplomático había escapado a Suiza, presuntamente con destino a Argentina, donde había trabajado de 1939 a 1940, como secretario legal de la embajada alemana.

Dado que los Aliados todavía eran responsables de los procedimientos legales entre Alemania y Argentina en 1950, los procuradores alemanes informaron a las autoridades de ocupación, pero éstos no consideraron un pedido de extradición, y en 1950 el caso fue temporalmente congelado. Considerando que la responsabilidad legal iba a ser transferida a las autoridades de Alemania Federal, no llama la atención que los Aliados dejaran el pedido de extradición en manos de la procuración germana. Este traspaso se hizo en enero de 1951 pero recién un año después, con la puesta en marcha de las relaciones diplomáticas entre Alemania Occidental y Argentina, estuvieron dadas las condiciones legales para avanzar.

Sucedió que en ese momento los jueces estaban ocupados con el juicio a Franz Rademacher, el Director del Departamento D, y jefe de Klingenfuss. Su caso serviría de precedente si fuera encontrado culpable. El juicio a Rademacher tenía una importancia capital para el Partido Social Demócrata -SPD, que esperaba reforzar sus críticas a la política de contratación de personal del apenas reconstruido Ministerio de Relaciones Exteriores. La recontratación de diplomáticos que habían llevado adelante la política guerrerista de Hitler, era un ultraje sostenido.

A fines de 1951, a raíz de críticas masivas de la oposición política germano occidental y también del exterior, se formó un Comité de investigación parlamentario para desentrañar el pasado de los diplomáticos recientemente contratados. En marzo de 1952, dos meses antes de la publicación de los resultados de la investigación del comité, Rademacher fue sentenciado a tres años y medio de prisión por su actuación en el Ministerio; los jueces lo encontraron culpable por ser partícipe accesorio del homicidio de 1300 personas.

Si bien la sentencia fue increíblemente tibia, la prensa socialdemócrata estaba feliz, porque el juicio “había revelado con terrible claridad la complicidad del Ministerio del Exterior en las deportaciones de judíos, y más aún cuando altos diplomáticos de aquel momento han sido restituidos en sus puestos, con todo lo que ello implica, tanto sea como embajadores bien pagos, secretarios consulares, o como supuestos expertos irreemplazables”. Durante el juicio, se quejaba la prensa, solo algunos testigos tuvieron el coraje de decir la verdad. Muchos se habían negado a declarar por lealtad de casta.

No estaba claro si los trámites legales contra Klingenfuss iban a fructificar, pero a fines de agosto de 1952, cuando la corte del caso Rademacher publicó los fundamentos de la sentencia, los procuradores de Nuremberg podrían haber pedido la extradición, y no lo hicieron. Recién cuando la prensa tomó interés en el caso, las cosas comenzaron a moverse. El 23 de septiembre, el Parlamentarischer Pressedienst (un boletín de noticias parlamentarias) informó que el sospechoso de crímenes Karl Klingenfuss actuaba como representante de Comercio Exterior alemán en Argentina, y era el director de la Cámara de Comercio Argentino-Alemana. A los lectores incluso se les ofreció su dirección. El mismo reporte decía que el ex colega de Klingenfuss, Horst Wagner, director del Departamento Inland II del Ministerio del Interior, que tenía como principal responsabilidad la deportación de judíos, también había conseguido escapar a Argentina.

Poco después, se publicó la noticia que Rademacher también había escapado a Argentina. La Corte había computado como parte de la condena el tiempo de sustanciación de la causa y su carácter de preso de la ocupación Norteamericana, por lo cual para julio de 1952, era hombre libre. La justicia alemana estaba preparando una nueva orden de arresto pero para cuando fue librada, Rademacher ya no estaba.

Estas noticias sobre criminales de guerra nazis huyendo a Sudamérica hicieron que los parlamentarios Socialdemócratas elevaran un pedido de informes. Demandaban saber si los procedimientos de extradición se habían iniciado, y si Argentina había sido incluida, así como saber qué funcionarios del gobierno habían emitido visas y pasaportes, y si Klingenfuss trabajaba para la Cámara de Comercio binacional. En el marco de la ola de críticas a las contrataciones de personal en el Ministerio del Exterior, el gobierno alemán clasificó este pedido del SPD como “políticamente significativo”.

Sin embargo, no había señales de que Rademacher estuviera realmente en Argentina. Distinto era el caso de Klingenfuss, y en solo tres días fueron concluidos y traducidos los documentos para el pedido de extradición. La presión era tal que en vez de encaminarlo a la Embajada alemana en Buenos Aires, “excepcionalmente” fue enviado a la Embajada argentina en Bonn para certificarlo notarialmente y que fuera remitido a la Cancillería argentina.

En su respuesta, dos semanas más tarde y en el intento de frenar las críticas de que solo se habían movido por el reclamo del SPD, el gobierno evitó dar especificaciones sobre los procedimientos de extradición. “Dado que en el verano de 1952, los primeros pedidos de extradición (de personas que no eran criminales nazis) fueron enviados al gobierno argentino, el Ministerio de Justicia de Bavaria, en Munich, instruyó a la oficina de procuradores generales de Nuremberg que recolectara y presentara la documentación necesaria para el pedido de extradición”. Este fraseo estaba pensado, probablemente, para dar la impresión de que el pedido se había hecho mucho antes de lo que en verdad había ocurrido.

Lo cierto es que cuando Terdenge supo del pedido de extradición el 15 de octubre, se sintió muy poco feliz. La Cámara de comercio Germano-Argentina, nominalmente, era independiente de la RFA, pero la embajada le había dado un considerable apoyo cuando fue fundada. El hecho de que en el directorio estuvieran los dos bandos de la comunidad alemana en la Argentina, había resultado particularmente problemático. Se habían sumado los que habían cooperado hasta 1945 con las instituciones del Tercer Reich y un número equivalente de sus detractores.

Terdenge veía esta cooperación como un gran éxito. En el caso de Klingenfuss, convocó de inmediato al presidente de la Cámara de Comercio, Heriberto Rastalsky. Ese mismo día, transmitió los pensamientos de Rastalsky, que probablemente reflejaban los suyos, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Escribió que “todo lo que pusiera en peligro la trabajosa unidad lograda por todas las partes de la comunidad germana en la Cámara de Comercio”, debía ser evitado.

En su informe, Terdenge incluyó correspondencia entre Rastalsky y Robert Kempner, quien en 1947 había testimoniado a favor del enjuiciamiento de funcionarios del antiguo Ministerio del Exterior. La correspondencia apareció luego de que Klingenfuss le dijera a Rastalsky, a mediados de 1951, que “las cosas se están encaminando de una forma particular contra él (…) bajo el supuesto de que había estado involucrado en crímenes de guerra”. Ahí fue que el presidente de la Cámara de Comercio le escribió a Kempner, que había interrogado a Klingenfuss, argumentando que “rumores infundados no deberían privarlo de reconstruir su vida”.

Kempner confirmó que, cuando recibió instrucciones para hacerlo, Klingenfuss había redactado órdenes relacionadas con la deportación de judíos, pero que había pedido su traslado porque había sentido “disgusto con las cosas que había visto”. Kempner sostuvo también que Klingenfuss había sido entrevistado al finalizar la guerra y que “abiertamente había condenado lo que había pasado” y que había dejado una “impresión favorable”. Más tarde, la procuración de Nuremberg había revisado el caso “sin iniciar una causa criminal”. Para la Cámara de Comercio, esto era más que suficiente.

Encaminar al Ministerio ese material que exoneraba a Klingenfuss, y dejar sentado las consecuencias de un proceso de extradición, no fue lo único que hizo el embajador Terdenge. Tuvo la oportunidad de hacerle un favor al ex diplomático cuando recibió la instrucción de informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina sobre el pedido de extradición, y consultar si la embajada en Bonn ya lo había remitido. Durante una discusión con el Canciller argentino Jerónimo Remorino, deslizó que Klingenfuss era un “antiguo colega” que le “había contado algo sobre el asunto muchos meses atrás en Buenos Aires”. De esta forma, el embajador intentó licuar los cargos contra Klingenfuss y su posible culpabilidad. “Klingenfuss no fue imputado por los fiscales norteamericanos en Nuremberg”, dijo. “El hombre responsable por los crímenes en cuestión, Dr Rademacher, despareció recientemente de Alemania y se fue al extranjero”. Terdenge afirmó ante los colegas argentinos que el acusado había asegurado a la embajada alemana que voluntariamente se entregaría a las autoridades de Alemania Occidental. El debate no fue pensado para subrayar la importancia del pedido de extradición. Al contrario, el ministro de Relaciones Exteriores argentino pudo entender que la embajada tenía mínimo interés en que se concediera la extradición.

Esto encajaba a la perfección con la política del gobierno argentino. El presidente Perón había apoyado los esfuerzos para rescatar a criminales de guerra y sus colaboradores de la persecución en Europa. Al contrario de una opinión frecuentemente divulgada, la ayuda de su gobierno a los nazis no estuvo pensada solo para atraer a ingenieros especializados a la Argentina. Por el contrario, Perón veía en los fascismos europeos a aliados globales en la lucha tanto contra el comunismo como contra el liberalismo. Por cierto su ideología no era idéntica a la de los fascistas europeos, pero él mismo señaló analogías. Por esa razón, Perón consideraba que la persecución de los crímenes de guerra de los nazis no eran otra cosa que la justicia del vencedor. Antes de este pedido de extradición su gobierno desestimó otros pedidos de países europeos, bajo argumentos legalmente dudosos. El propio ex presidente, en su exilio en España declaró: “Creo que lo que pasó en Nuremberg fue una tremenda vergüenza y una infeliz lección para la humanidad (…) Cuántas veces durante mi gobierno hablé en contra de Nuremberg, que fue una enorme monstruosidad por la cual la historia no nos perdonará jamás”.

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El embajador alemán Terdenge no informó a Bonn sobre su intervención en la Cancillería argentina. Solo señaló que la Cancillería no había recibido aún el requerimiento. Al poco tiempo, hubo un triunfo. El nuevo consejero de Terdenge le preguntó, en su reporte al Ministerio, si se esperaba una decisión en el caso Klingenfuss, y se sorprendió porque dijo que había asumido de la conversación anterior que “el Ministerio de relaciones exteriores se mantendría alejado del asunto”. Si esta interpretación se hubiera hecho pública, la embajada hubiera estado en problemas. El Ministro del Exterior alemán sabía que Klingenfuss había dicho que estaba dispuesto a ir a declara a la RFA, pero la reacción de las autoridades fue que se trataba de una “sugerencia poco feliz”.

Por eso, el consejero de Terdenge insistió “con gran énfasis” que el requerimiento fuera objeto de una “revisión objetiva”. Y le dijo a su compañero de conversación que él creía que podía decirse con seguridad que el gobierno no iba a aprobar el pedido de extradición enviado por Bonn. Poco después, la Corte regional de Fürth decidió ayudar a Klingenfuss en un aspecto: si volvía por sus propios medios, no iba a quedar bajo custodia mientras durara la parte principal del juicio. La fiscalía en un primer momento intentó presentar una objeción, pero tras la intervención del Secretario de Estado ante el Ministerio de Justicia bávaro, lo desestimaron. El Ministerio también recomendó que lo que único que tenía que hacer Klingenfuss era llegar a Alemania al comienzo del juicio, y así dejarían caer el pedido de extradición.

Las escasas chances de que el gobierno argentino aprobara el pedido, jugaron su papel en este camino de conciliación, y la gente en Buenos Aires estuvo satisfecha. Cuando la Embajada informó al titular de la Cámara de comercio sobre el comunicado de Bonn, declaró “que esta orden representaba, a la luz de como son las cosas, una conciliación óptima por parte de las autoridades germanas”, y que estaba particularmente satisfecho en nombre de los intereses de la Cámara. Rastalsky fue encargado de informar a la Cancillería argentina, debido a que conocía personalmente al jefe de la Sección Legal del Ministerio del Exterior.

En este punto, hay que consignar que la visita de Rastalsky al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina no significaba que el proceso en torno al requerimiento alemán se dejara de lado. A pesar de los dichos contrarios por parte de Bonn, la Sección legal se tomó el tiempo de analizar el requerimiento de extradición, y puso barreras para este y para cualquier futura extradición de Klingenfuss. La orden de arresto sobre la cual se basó la solicitud de extradición se remitió al decreto escrito por Klingenfuss, referido a la deportación de judíos belgas. El embajador alemán en Bruselas se negó a ponerlo en práctica -como dijimos-, pero de acuerdo a la ley alemana, la mera intención está sujeta a castigo. Para la ley argentina, según el responsable legal de la Cancillería, este era un caso de incitación a un acto que no se había llevado a cabo, y estaba fuera de prosecución criminal. Ya que la extradición solo podía ocurrir de acuerdo a las leyes de Argentina, esto fue lo que se decidió en el caso Klingenfuss.

Los intentos para capturar a Rademacher y Wagner también siguieron un derrotero que le permitieron a Terdenge dejar de temer por la unidad entre los expatriados alemanes.

En el caso de Rademacher, los fiscales alemanes intentaron a través de la Oficina Federal de Investigaciones Criminales (BKA por su sigla en alemán) de que Interpol emitiera un pedido de captura internacional. Pero Marcel Sicot, Secretario General de Interpol respondió: “Rademacher está inculpado del asesinato de 1300 judíos en octubre de 1941. En relación con esto, debo informarle que el Artículo I de los estatutos de la Comisión Internacional de Policía Criminal, prohíbe a nuestra organización intervenir en asuntos políticos, religiosos o de índole racial.”

La BKA escribió que la oficina de Interpol Francia había recomendado clasificar los crímenes que “tienen que ver con organizaciones e instituciones específicas del Tercer Reich como asuntos políticos y no procesarlas como organizaciones, aunque se hubieran originado en los impulsos criminales individuales del perpetrador”. El hecho de que fuera dicho por la Policía de una de las naciones victoriosas de la Segunda Guerra Mundial puede parecer sorprendente, pero si se hace un análisis más profundo, no tiene nada de sorprendente. Muchos de los altos oficiales de la policía francesa habían trabajado durante el régimen de Vichy, cuyas fuerzas cooperaron con los nazis en arrestar y deportar a los judíos. Esas fuerzas tenían buenas razones para trazar una raya en eso de “tenían que ver con organizaciones e instituciones específicas del Tercer Reich”.

A la luz de este obstruccionismo, las autoridades de Alemania Occidental no tuvieron otra alternativa que confiar en la ayuda de los representantes extranjeros para ir tras los nazis fugitivos de la justicia. Y por esa razón le ordenaron a Terdenge que buscara evidencia de la fuga de Rademacher y Wagner a la Argentina. Uno de los empleados de la Embajada discutió el asunto de los posibles paraderos de Wagner con Klingenfuss , y “cuidadosamente con varios caballeros que aquí tienen conocimiento sobre la inmigración nazi”, pero prefirieron quedar en el anonimato. El diplomático recibió como respuesta que la persona que buscaban había estado en Argentina un tiempo, y “había contactado a sus antiguos camaradas ideológicos aquí”, pero luego había regresado a Europa vía Chile. Wagner, de hecho, salió de Argentina hacia Italia en abril de 1952. En 1956 regresó a la RFA, pero recién en 1958 las autoridades lo encontraron. Horst Wagner y sus abogados lograron prolongar el juicio con una batería de diagnósticos médicos, hasta que finalmente desistieron en 1974, porque su defendido ya era demasiado viejo y frágil para ser juzgado por sus cargos.

En contrapartida, no hubo señales de Rademacher. En 1954 se dijo que había ido no a Sudamérica sino a Siria, y como la causa contra Klingenfuss no podía abrirse sin Rademacher, no tenía sentido para aquel viajar a Alemania Occidental.

Las cosas volverían a cobrar vida en los años ‘60. En 1963 condenaron a Franz Rademacher en Siria bajo el cargo de espía de Alemania Occidental, y dos años después fue perdonado, para regresar a Alemania. En 1968 la Corte regional de Bamberg lo sentenció a cinco años de cárcel, pero fue compensado por el tiempo de condena cumplido. No hubo un juicio posterior contra quien fuera el Director del Departamento D del Ministerio del Exterior nazi, encargado de impulsar las deportaciones en todos los territorios ocupados. Rademacher murió en 1973. Por cierto, Klingenfuss ya no tenía nada que temer.

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Un final temporal a la cacería estatal de los criminales

El sistema judicial alemán fracasó en su primer intento de aprehender a los criminales nazis que habían fugado a Sudamérica. Pero este episodio histórico hizo que las autoridades alemanas encararan el problema por primera vez. En tanto que avanzaba la búsqueda de Rademacher, Heinrich Grützner, que era parte del Departamento de Derecho penal internacional del Ministerio de Justicia, acercó sugerencias al Ministerio de Asuntos Exteriores, que culminaron en un tratado de extradición con Argentina. “Dado que en la posguerra Argentina ha sido lugar de refugio para muchos ciudadanos alemanes que son requeridos por crímenes”, argumentó, “se puede asumir que los temas de extradición con Argentina se mantendrán activos”.

Al principio esta sugerencia fue tomada con interés por la Cancillería argentina que a su vez había sugerido un año antes un tratado de asistencia legal para el derecho civil, y no tenía objeciones de que el tratado se expandiera hacia asuntos criminales. Es así que el Ministerio del Exterior alemán le pidió al de Justicia que preparara el boceto del Acuerdo. Sin embargo, Grützner nunca consiguió que su jefe, Ernst Kanter, apoyara un acuerdo de extradición y asistencia legal entre los dos países. Kanter, como juez, había trabajado para el comandante de las tropas de ocupación alemanas en Dinamarca, y había firmado más de un centenar de sentencias de muerte a luchadores de la resistencia. Creía que “no había el más mínimo interés del lado alemán en llegar a un acuerdo de ese tipo”. Según su perspectiva, un acuerdo germano-argentino podía esperar hasta que fuera decidido uno modelo tipo para todas las naciones.

No le faltaban razones para rebajar la importancia de un tratado de extradición entre la República Federal de Alemania y la República Argentina. En Alemania Occidental había aparecido un lobby que impulsaba una amnistía a los ex-nazis, que tenía presencia estatal, y que en poco tiempo ganó el favor de la opinión pública. Las encuestas, mayoritariamente, sostenían que los criminales no tenían que ser perseguidos. Con el deseo de que la nueva nación fuera admitida en la Alianza militar occidental, y bajo la presión de la opinión pública alemana, y del primer gobernante de la RFA, Konrad Adenauer, los Estados Unidos no insistieron en encarcelar a los criminales de guerra. En el entretiempo, el parlamento alemán, el Bundestag, elaboraba una serie de leyes de amnistía. Quién si no Ernst Kanter iba a trabajar diligentemente en una ley que protegiera a los genocidas de la persecución. La ley fue aprobada en julio de 1954, justo antes de que se pusiera en marcha el tratado de extradición entre Alemania Occidental y Argentina. Con la ley de amnistía, se beneficiaron los criminales nazis.

Luego de estas leyes, se frenaron cada vez más los esfuerzos para procesar a esas personas. Las autoridades estatales se negaron a presentar cargos, pues los veredictos, generalmente, fueron leves y había pocas esperanzas de que las sentencias fueran lo suficientemente largas como para que no cayeran a causa de las leyes de amnistía. Por lo tanto, el número de casos perseguidos por los fiscales disminuyó, aunque la mayoría de los crímenes del nazismo no habían sido llevados a la justicia. 1954 fue el año record de investigaciones: 162 en total y 15 condenas. Esos números crecieron gradualmente, pero la situación no cambió hasta 1958, aproximadamente. Las investigaciones contra Adolf Eichmann, que comenzaron en 1956, fueron las únicas que llevó adelante el estado alemán contra un criminal nazi escapado a Sudamérica. Recién en 1957 las autoridades tuvieron información confiable sobre su paradero. Durante todo ese período los otros fugitivos radicados en América del Sur que en las décadas siguientes iban a cobrar notoriedad, ni siquiera estaban siendo investigados.

Esto no pasó inadvertido para los propios fugitivos. Gerhard Bohne y Hans Hefelmann, que habían participado en los programas nazi de eutanasia; Josef Vötterl y Kurt Christmann, ambos líderes del escuadrón móvil asesino de las SS (Einsatzkommando 10), y Albert Ganzenmüller, Director encargado de la compañía de trenes del Reich, cómplice de la deportación de judíos, volvieron a Alemania Occidental entre 1955 y 1956. Otros, como Josef Mengele, salieron de su escondite y fueron a la Embajada alemana para pedir su documento de identidad, usando su propio e inequívoco nombre.

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* Daniel Stahl – Investigador de la Universidad Friedrich Schiller- Jena- Alemania