Nunca la punta del iceberg permite ver la masa gigantesca oculta en lo profundo. Desde abril la Colombia que dijo basta, no se rinde, y el Paro Nacional, sigue.
Las raíces, en este informe elaborado en Colombia para La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
La influencia militar de EUA en Colombia ocurre cada día y ha sido un factor constante a lo largo del conflicto armado interno. Este conflicto no existe en un vacío ni puede ser entendido en todas sus dimensiones si no se analiza el papel de la ‘asistencia’ militar y policial estadounidense. El gobierno norteamericano tiene un alto nivel de responsabilidad por las graves violaciones cometidas por el ejército colombiano en el marco del conflicto armado interno, y debe ser responsabilizado por ello.
La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, entiende que la cooperación militar estadounidense ha ahondado aún más las heridas: el eje fundamental es la persistencia de la lógica del “enemigo interno” de la Doctrina de la Seguridad Nacional –DNS, que ha moldeado la acción de las Fuerzas Militares y de Seguridad con técnicas y métodos que fueron inoculados a través de los Manuales de Entrenamiento de la Escuela de las Américas, enseñando tácticas de contrainsurgencia, inteligencia y contrainteligencia, y, por un tiempo, métodos de tortura.
El entrenamiento militar de los EE.UU también ha sido clave para empoderar a violadores de derechos humanos y fortalecer a las Fuerzas Armadas de Colombia. Ese entrenamiento norteamericano a militares y policías colombianos ha sido tan eficaz que en años más recientes, los colombianos se han convertido en los entrenadores preferidos de los EUA para instruir a otros países, particularmente de Centroamérica, a veces pagados por Washington.
El entrenamiento militar y policial por parte de los Estados Unidos se puede datar al menos desde la década de 1940 hasta la actualidad. En la década de los 40, las misiones naval y aérea de Estados Unidos desplazaron de ese rol a los británicos y alemanes.
En la década de los 50, Colombia fue un antecedente de la contrainsurgencia, que en ese momento se reducía a la lucha antiguerrillera. Es este el primer país de Latinoamérica donde se fundó una escuela especializada en antiguerrilla (La Escuela de Lanceros), por parte de militares colombianos que habían sido adiestrados en los Estados Unidos y que formaron parte del Batallón Colombia que combatió en Corea.
En octubre de 1959, un Equipo Especial de la CIA, de carácter secreto, vino de misión a Colombia. Visitaron 100 cuarteles militares en todo el país y tuvieron acceso irrestricto a los archivos de seguridad (ver Renán Vega Cantor, “La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado”, 2014, 30-32. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33458.pdf)
Durante la década de los 60, inclusive antes del surgimiento de los primeros grupos guerrilleros (1964), el ejército estadounidense supervisó la expansión de la contrainsurgencia, y envió “más misiones y equipos de entrenamiento militar a Colombia que a cualquier otro país de América Latina.” (ver John Lindsay-Poland, “Plan Colombia: Atrocidades, aliados de Estados Unidos y activismo comunitario”, Editorial Universidad del Rosario , 2020, 85. https://doi.org/10.12804/tp9789587844412)
El Presidente demócrata John F. Kennedy creó el Grupo Especial dedicado a la Contrainsurgencia, cuyo principal objetivo fue sofocar la insurgencia subversiva en los países y regiones de su “específica competencia”. En la primera reunión del Grupo Especial se incluyeron tres países: Laos, Tailandia y Vietnam del Sur; y en la segunda sesión se incorporaron Bolivia, Venezuela y Colombia.
Consideramos que […] debe realizarse un esfuerzo concertado por todo el Equipo del País [Colombia] a fin de seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de resistencia y, en la medida en que sea necesario, ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, contra partidarios del comunismo conocidos. Los Estados Unidos deben apoyar esto’
J.F. KENNEDY
Fue bajo la presidencia de Kennedy, en 1962, que la misión en Colombia dirigida por el General William Yarborough, instruyó al ejército de este país sobre la conformación de grupos mixtos de civiles y militares. El nacimiento de las milicias paramilitares.
Sin duda es a finales de los años 90 con el Plan Colombia que EUA aumenta su presencia (entrenamiento, asesores, tecnología) y se involucra directamente en la confrontación armada. El investigador John Lindsay-Poland en su libro Plan Colombia: Atrocidades, aliados de Estados Unidos y activismo comunitario encontró que:
Entre 2000 y 2010, Estados Unidos financió el entrenamiento militar de 77.276 colombianos… La mayoría de los oficiales del ejército colombiano, especialmente aquellos que subieron de rango, recibieron al menos alguna modalidad de entrenamiento militar estadounidense (…) El entrenamiento se realizó en más de sesenta sitios en los Estados Unidos y en docenas más en Colombia
John Lindsay-Poland
Cada año el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado publican un informe de entrenamiento militar extranjero con datos sobre el entrenamiento militar de los EEUU en todo el mundo. Según los datos de estos informes, entre 1999 y 2018, los EUA entrenó a más de 110.000 efectivos de Colombia.
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LA ACADEMIA
La Escuela de las Américas (SOA) del Ejército de los Estados Unidos, fue fundada en 1946 en Panamá y trasladada a Fort Benning, Georgia, EUA, en 1984. Después de años de protesta y atención mediática por las violaciones a los derechos humanos cometidas por los graduados de la Escuela de las Américas, en 2001 fue cerrada y reabrió bajo el nombre del Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC), siempre ubicado en Fort Benning, estado de Georgia, EE.UU. Sigue siendo un instituto del Departamento de Defensa de los EUA, que entrena principalmente a militares y policías de América Latina y el Caribe.
Algunos de los más notorios graduados de la SOA incluye a Roberto d’Aubuisson de El Salvador, Manuel Noriega de Panamá, y Hugo Bánzer Suárez de Bolivia.
En el caso de Colombia, más de 18.000 militares y policías colombianos han sido entrenados allí. Han tomado cursos de inteligencia, contrainsurgencia, comando y estado mayor, operaciones psicológicas, operaciones de guerra de guerrillas, operaciones de guerra irregular, operaciones antidrogas y contra el narcotráfico, así como cursos más técnicos, como cursos de armas, artillería, cursos básicos e ingeniería para cadetes, entre otros.
Los siguientes militares entrenados en la Escuela de las Américas fueron luego responsables y acusados (no siempre juzgados) por masacres:
- General Rito Alejo del Río Rojas, acusado de ser ‘‘el cerebro de una ‘empresa criminal’ que unió a militares con las autodefensas para sembrar el terror en el Urabá’’; condenado por la muerte de Marino López Mena en 1997 cuando comandaba la Brigada XVII del ejército; también estaba bajo investigación por la masacre de Mapiripán, cometido por paramilitares, y el asesinato del periodista Jaime Garzón
- Teniente Luis Enrique Andrade Ortiz, recibió formación en la SOA cuando era cadete en 1983. Fue condenado por la masacre de La Rochela, específicamente ‘por ser responsables del delito de auxilio a actividades terroristas
- General Agustín Ardila Uribe, fue entrenado en la Escuela de las Américas en el importante curso de ascenso ‘Comando y Estado Mayor’ en 1984. Señalado por la masacre de Mapiripán en julio de 1997, y la masacre de San Carlos de Guaroa en octubre de 1997, como Comandante de la Cuarta División del Ejército, para lo cual estaba bajo investigación en 2016.
- Teniente Coronel Orlando Espinosa Beltrán. Fue condenado por su papel en la masacre de San José Apartadó en febrero de 2005, cuando se desempeñaba como el Comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez.
- Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia, actual director de Seguridad Ciudadana y responsable del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) fue instructor en la Escuela de las Américas en 1995. Bajo su mando, el Escuadrón Antidisturbios fue acusado por el uso excesivo de la fuerza contra las manifestantes en las protestas de 23, 25, y 26 de septiembre de 2019. Los estudiantes denunciaron que los agentes de ESMAD dispararon contra ellos, lanzaron materiales no convencionales, y agredieron una ambulancia.
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REPRESORES, PREMIADOS
Un ejemplo de cómo el vínculo con WHINSEC le puede dar un respaldo político y un estatus lo suficientemente alto a un oficial militar para contribuir a su inmunidad por violaciones de derechos humanos es el caso del General Jaime Lasprilla Villamizar.
Lasprilla dictó dos cursos en la Escuela de las Américas, rebautizada WHINSEC, de marzo de 2002 a marzo de 2003, un curso de carrera de capitanes y el importante curso de Comando y Estado Mayor. De agosto de 2005 a junio 2006, estudió en la Universidad de Defensa Nacional en Washington, donde obtuvo una maestría. Cuando regresó a Colombia, en 2006 y 2007, fue comandante de la Novena Brigada en el departamento de Huila. Mientras estaba al mando, sus subordinados protagonizaron la ejecución extrajudicial de al menos 75 personas.
Después de esto, Lasprilla ascendió a Brigadier General, en 2011, asumió el mando de la Fuerza de Tarea Omega, y en 2013 fue nombrado comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, ‘ambas unidades claves no sólo para las fuerzas armadas colombianas, sino para la estrategia de Estados Unidos en Colombia’.
En febrero de 2014, Lasprilla se convirtió en el comandante del Ejército. Solo después de la publicación de un informe de Human Rights Watch en julio de 2015, el cual concluyó que Lasprilla fue consciente ‘de la amplia y sistemática campaña de ejecuciones extrajudiciales’, fue destituido, pero hasta octubre de 2020 no había sido juzgado, y al contrario, fue trasladado a Washington, donde sirvió como agregado de defensa de Colombia.
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NO SOLO MILITARES, POLICÍAS TAMBIÉN
Desde los noventa, la guerra contra las drogas ha sido uno de los marcos para el entrenamiento norteamericano a la Policía Nacional de Colombia, en particular a la Dirección de Antinarcóticos. En 1992 y 1993, la búsqueda de Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, fue el objetivo principal de las operaciones antinarcóticos de los Estados Unidos en Colombia y definió su colaboración con la policía colombiana.
EE.UU entrenó y colaboró extensivamente con el Bloque de Búsqueda, la unidad de la Policía Nacional de Colombia formada para buscar a Escobar, y que colaboró con el grupo paramilitar Perseguidos por Pablo Escobar (Los Pepes), quienes asesinaron y torturaron a personas que tenían conexiones con Escobar y miembros de sus familias. La Fuerza Delta de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, con la autorización del entonces presidente George H.W. Bush, dio entrenamiento al Bloque de Búsqueda.
La CIA se dio cuenta de que “las tácticas empleadas por el grupo paramilitar Los Pepes eran similares a las que Delta Force enseñaba al Bloque de Búsqueda; que la inteligencia recopilada por las fuerzas estadounidenses se estaba compartiendo con el escuadrón de la muerte; y que los operativos de Delta Force estaban excediendo sus órdenes de despliegue al acompañar a los miembros del Bloque de Búsqueda en las redadas». De esta manera, el entrenamiento y colaboración del EUA a la policía de Colombia contribuyó al desarrollo de una fuerza paramilitar, ya que los Pepes, un grupo sumamente violento, cercano al cartel Cali, y reconocido por Washington en documentos desclasificados como una organización terrorista, se convirtieron en autodefensas después de la muerte de Escobar.
Los informes de entrenamiento militar extranjero del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado de los EUA evidencian la militarización de la policía a través del entrenamiento militar: la Policía Nacional de Colombia ha sido y está siendo entrenada en números significativos de personal, en instituciones de las Fuerzas Armadas de los EUA, junto con militares. Eso ocurre tanto en WHINSEC como en la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas, ubicada en la base de las Fuerzas Aéreas Lackland; en la Escuela de Logística de Aviación del Ejército ubicado en la base militar Fort Eustis; y en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa del Departamento de Defensa, ubicado en Fort McNair (ver Security Assistance Monitor, “Foreign Military Training and DoD Engagement Activities of Interest | Security Assistance Monitor”, https://securityassistance.org/content/foreign-military-training-and-dod-engagement-activities-interest.)
LOS MANUALES DEL TERROR
Los manuales de instrucción de la Escuela de las Américas sirvieron para formar a las fuerzas militares de América Latina entre 1965 y 1976. Se basaban en el llamado Proyecto X, de los años ’60, que fue el Programa de Asistencia en Inteligencia al Exterior del Ejército de Estados Unidos.
Desde 1982 lo emplearon los instructores de la Escuela de las Américas. Fueron compilados en español en 1987, y entre ese año y 1989 fueron distribuidos por los Equipos Móviles de Entrenamiento Militar del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos a efectivos militares y a escuelas de inteligencia militar en Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú.
Más de 1.300 militares colombianos fueron entrenados en la SOA durante los años 1965-1976, y 4.000 durante 1982-1991, los años en que el Pentágono reconoció que la escuela usaba los manuales, planes de estudio, o contenido similar (ver School of Americas Watch, Base de datos de Graduados de SOA de Colombia, accedido 3 de octubre de 2020, disponible en https://graduados.soaw.org/wp-content/uploads/2020/09/graduados_colombia.xlsx )
Estos manuales militares que compendian la Doctrina de Seguridad Nacional contrainsurgente, hacen énfasis en el manejo de la inteligencia: la población civil se convierte en fuente de información y se hace uso del engaño o el soborno, de personas criminales, la tortura y presión psicológica, la infiltración de organizaciones de la sociedad civil y la conformación de estructuras paramilitares para golpear todo lo que la doctrina califica como ‘insurgente’.
Por ejemplo, el Manual Reglamento de Combate de Contraguerrillas – EJC-3-10 de Contraguerrillas de 1987, dice lo siguiente sobre las juntas de autodefensas,
«organizarlas, instruirlas y apoyarlas debe ser un objetivo permanente de la Fuerza Militar donde la población es leal y se manifiesta decidida contra el enemigo”.
También afirma que los civiles se deben vincular a la guerra, y que los civiles a los que se les denomina “población civil insurgente….entre ellos los movimientos sindicales, estudiantiles, campesinos, políticos” son blanco de la guerra contrainsurgente.
Plantea que un objetivo es el “apoyo popular y conducirse dentro del más marcado nacionalismo”. Y que “la población civil, por tanto, es uno de los objetivos fundamentales de las unidades del Ejército”.
Un ejemplo más es cómo se ha organizado la inteligencia en las regiones del país. Desde el primer período de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2006), se han implementado en Colombia las redes de informantes, cooperantes, soldados campesinos, cuya estructura, parece calcada de estos manuales.
Todas estas estructuras, “calculadas en 6 millones de integrantes, han continuado manteniendo y fortaleciendo la zona gris, de total ambigüedad, en la cual lo civil y lo militar se confunden. Las campañas de los medios oficialistas han insistido en ocultar el accionar paramilitar, adscribiéndolo al ámbito de la delincuencia común, bajo la sigla BACRIM (o Bandas Criminales), pero la verdad cruda revela sin cesar los vínculos de tales estructuras con el Estado y las grandes empresas, es imposible de ocultar.
LOS NEGOCIOS DE EE.UU PARA QUE LA GUERRA EN COLOMBIA CONTINÚE
La asistencia militar estadounidense, sobre todo con respecto al Plan Colombia, estaba motivada y moldeada por los intereses de actores económicos privados, y garantizar estos intereses económicos era una prioridad mayor para Washington que la protección de los DD.HH. del pueblo colombiano.
En muchos casos, detrás de la defensa del Ejército y el gobierno colombiano estaban los senadores y congresistas que recibían donaciones de las empresas y personas, los que esperaban beneficiarse económicamente de la asistencia militar (empresas petroleras y carboníferas, contratistas militares y los fabricantes de armas y del equipamiento militar, entre otros).
Al defender la reputación de Colombia, estos políticos estaban en realidad defendiendo los intereses económicos de esos donantes, y recompensando así a sus donantes corporativos.
Por ejemplo, en repetidas ocasiones entre los años 2000-2007, funcionarios de alto nivel y el mismo presidente Bush expresaron públicamente el apoyo al Ejército colombiano, incluso después de tener conocimiento de que había cometido graves violaciones de los derechos humanos.
Asimismo, el presidente Barack Obama siguió dando declaraciones públicas de apoyo al gobierno de Colombia, y específicamente al Ejército. Cuando Colombia se vio aislada en la región después del ataque transfronterizo a un campamento de las FARC-EP en Ecuador en 2008, el entonces senador Obama defendió públicamente el ataque.
Incluso después de las revelaciones y el subsiguiente escándalo de los “falsos positivos” en 2008, la certificación de derechos humanos de 2009 del Departamento de Estado indicó que: “Colombia ha logrado avances importantes en casos de derechos humanos”. (ver en www.purochamuyo.com el informe https://purochamuyo.com/ni-errores-ni-excesos-colombia-fusilo-a-10-mil-jovenes-en-democracia/ )
El Plan Colombia plasmó estos intereses económicos en un acuerdo bilateral de ayuda internacional, en la que incidió un pequeño número de empresas estadounidenses, lo que tuvo consecuencias desastrosas para los DD.HH.
La asistencia militar estadounidense incluía asesoría y recursos sobre cómo el ejército colombiano podría implementar estrategias para controlar la narrativa mediática de las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
Por ejemplo, en el 2003, el Departamento de Defensa incluyó 2.400.000 millones de dólares para diseñar y desarrollar la estrategia de comunicaciones del ejército colombiano. También contrató al Grupo Rendon, una empresa de relaciones públicas a la que el Pentágono recurría con frecuencia para dar forma a las comunicaciones públicas sobre temas militares, para ayudar al gobierno de Colombia a mejorar la opinión pública nacional en lo que respecta al ejército, y aumentar el apoyo internacional a los esfuerzos del gobierno contra el narcotráfico y el terrorismo. Así sucedió con la masacre en 2005 de ocho personas, entre ellos 3 criaturas, a manos del Ejército y los paramilitares, por los cuales se acusó e implicó falsamente a la guerrilla.
Empresas estadounidenses como Drummund (carbonífera), Dole y Chiquita (las dos mayores bananeras del mundo),financiaron grupos paramilitares que cometieron atrocidades, para proteger las plantaciones (ver “The Contribution of Chiquita Corporate Officials to Crimes against Humanity in Colombia”, 17 de mayo de 2017, http://refworld.org/docid/59242f6c4.html )
La petrolera Occidental Oil contribuyó con 1,5 millones de dólares a las campañas al congreso y la presidencia, y gastó 8.700.000 dólares en lobby con funcionarios estadounidenses entre 1995 y 2000, principalmente en relación con Colombia.
Los dos principales fabricantes de helicópteros, Sikorsky Aircraft Corporation y Bell Textron, también hicieron lobby.
La asistencia militar no sólo trajo beneficios económicos para las empresas militares y de armas seleccionadas durante la implementación del programa de asistencia, sino que les aseguró futuras ganancias a través de la captura del gobierno colombiano como cliente de estas empresas.
Por ejemplo, entre 1999 y 2003, la asistencia militar y policial de EE.UU fue de 2.300 millones de dólares. Pero mientras Washington le proporcionaba equipos aéreos a Colombia durante los primeros años de Plan Colombia, también le presionó para que cambiara las especificaciones del equipo aéreo. De esa forma, ciertas futuras compras solo podían realizarse con la empresa Lockheed Martin, que produce los helicópteros Blackhawk.
Además, el Plan Colombia también logró establecer prioridades militares de acuerdo con los intereses de las empresas estadounidenses en Colombia.
Un ejemplo claro es la protección militar prioritaria a la infraestructura de las empresas petroleras. Los Batallones Especiales Energéticos y Viales, con 68.255 miembros de la fuerza pública se dedican a custodiar los intereses de 14 empresas del sector de hidrocarburos y 6 del sector minero-energético, y seis empresas tienen su propio batallón, pagado con los impuestos de los colombianos, entre ellas la empresa minera Drummond.
En 2002, el presidente Bush pidió al Congreso que aprobara 98 millones de dólares adicionales para entrenar y equipar a la Decimoctava Brigada del Ejército colombiano para proteger el oleoducto de Caño Limón-Coveñas, desde Arauca a la Costa Caribe, en el que la empresa Occidental Oil tiene control de la mayoría de acciones.
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LA VIOLENCIA DE HOY…
Muchas armas del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, incluyendo municiones de aturdimiento, gases lacrimógenos y tipo “bean bag”, como la que terminó con la vida de Dylan Cruz en las protestas de Bogotá a finales de 2019, son compradas con fondos colombianos por medio del programas de venta de armas de los Estados Unidos (ver Washington Office on Latin America, “Grupos estadounidenses hacen un llamado al respeto por la protesta pacífica y solicitan una moratoria a la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia”. https://www.wola.org/es/2019/12/grupos-estadounidenses-hacen-llamado-respeto-por-protesta-pacifica-solicitan-una-moratoria-venta-armas-antidisturbios-a-colombia/
Hasta octubre 2020, EE.UU. mantiene el flujo de venta de armas a la Fuerza Pública de Colombia. Por ejemplo, la Policía Nacional cuenta con 4.260 pistolas Taser (arma de electrochoque), la misma arma que utilizó la policía en la tortura y posterior asesinato de Javier Ordóñez, en septiembre de 2020 (ver diario El Tiempo, “¿Seguros o peligrosos?: esto dicen en el mundo sobre los ‘tasers’”, 11 de septiembre de 2020). Pese a las preocupaciones de Amnistía Internacional (AI), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el uso de las pistolas Taser, la policía colombiana las sigue utilizando.
Entre el inicio del Plan Colombia en 2000 y la firma de los acuerdos de paz en 2016, Estados Unidos vendió a Colombia 180.837 ametralladoras, 48.286 rifles y escopetas militares, más de 108.000 otras armas de fuego, y 47 millones de balas. La empresa alemana Sig Sauer, que tiene una sucursal en Estados Unidos, vendió 47.000 armas al Ejército de Estados Unidos, de las cuales 38.000 terminaron en Colombia, en violación a las leyes alemanas que prohíben la exportación de armas a países en guerra, como Colombia en ese entonces. Tres ex directivos de la empresa fueron condenados en 2019 por una corte alemana por su participación en la exportación ilegal.
El 1 de junio de 2020, llegó a Colombia la primera Brigada de Asistencia a las Fuerzas de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) del ejército de Estados Unidos, el ejemplo más reciente del papel que juega Estados Unidos en Colombia. SFABs son unidades especializadas cuya misión principal es llevar a cabo operaciones de capacitación, asesoramiento, asistencia, habilitación y acompañamiento con las naciones aliadas y asociadas.
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Esta edición abreviada del Informe para La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, es una contribución de la revista web www.purochamuyo.com a entender algunas de las causas de la brutal y persistente violencia armada estatal contra la población colombiana. Desde por lo menos la década de 1950 cualquiera es considerado sospechoso o enemigo interno, tal como lo prueba detalladamente el Informe. Sin embargo, las y los colombianos, a pesar de saberse custodiados, perseguidos e inmersos en un gigantesco aparato de vigilancia y control, sigue saliendo a las calles.
El mérito de esta contribución a la verdad corresponde a:
- FOR Presente por la Paz – FORPP – www.peacepresence.org
- Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina «Óscar Romero» – SICSAL www.sicsal.net
- Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – SOA Watch www.soaw.org
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Referencias bibliográficas
1 Renán Vega Cantor, “La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado”, 2014, 30-32.https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33458.pdf)
2 John Lindsay-Poland, “Plan Colombia: Atrocidades, aliados de Estados Unidos y activismo comunitario”, Editorial Universidad del Rosario , 2020, 85. https://doi.org/10.12804/tp9789587844412
3 John F. Kennedy Library. National Security Files. Box 319. Special Group; Fort Bragg Team; Visit to Colombia, 3/1962, «Secret Supplement, Colombian Survey Report». Citado en Vega Cantor, “La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado“
4 Security Assistance Monitor, “Foreign Military Training and DoD Engagement Activities of Interest | Security Assistance Monitor”, 28-09-2020 https://securityassistance.org/content/foreign-military-training-and-dod-engagement-activities-interest
5 School of Americas Watch, Base de datos de Graduados de SOA de Colombia, 3-10-2020, disponible en https://graduados.soaw.org/wp-content/uploads/2020/09/graduados_colombia.xlsx
6 The Contribution of Chiquita Corporate Officials to Crimes against Humanity in Colombia, 17-5-2017 – http://refworld.org/docid/59242f6c4.html
7 Washington Office on Latin America, “Grupos estadounidenses hacen un llamado al respeto por la protesta pacífica y solicitan una moratoria a la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia”. https://www.wola.org/es/2019/12/grupos-estadounidenses-hacen-llamado-respeto-por-protesta-pacifica-solicitan-una-moratoria-venta-armas-antidisturbios-a-colombia/
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Todas las fotos pertenecen a la agencia www.colombiainforma.info
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Para releer: El siguiente es el reportaje que la periodista vasca Ainara Lertxundi le realizó para el periódico GARA a Omar Eduardo Rojas, un policía que estuvo en la fuerza casi 30 años, y quien publicó “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, lo que le obligó a escaparse de Colombia.
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