¿Por qué es un éxito para los pueblos que el Banco Mundial diera de baja su publicación Doing Business Report – DBR (Reporte Haciendo Negocios)? Porque ese Reporte fue usado desde 2002 para empujar cambios políticos y regulatorios a favor de las corporaciones durante casi veinte años.
El mecanismo bien podría leerse inversamente: que las corporaciones marcaban la agenda del Banco Mundial para que los reportes lucieran ‘neutrales’, pero sirvieran de plataforma para avanzar en los negocios que ya tenían entre manos.
La cancelación del DBR conocida el 16 de septiembre fue una lucha de una plataforma de 280 organizaciones de todo el mundo, nucleadas en el Our Land Our Business (Nuestra tierra es asunto nuestro), que comenzaron a batallar en 2014 contra este ranking que elaboraba el BM, en el que los países aparecían como más o menos ‘facilitadores’ del clima de negocios. Se trataba, según los parámetros un poco obvios, de aquellos países que desmantelaron sus leyes laborales y las salvaguardas sociales y/o ambientales para ‘atraer inversiones extranjeras’.
En 1999 la prensa brasileña informaba casi a diario sobre el coqueteo de la Ford para instalar su nueva planta automotriz en Brasil.
En ese momento, una opción era Rio Grande do Sul, por su lugar estratégico en la ruta del Mercosur y su tradicional capacidad industrial, por debajo, sí, de los estados de Sao Paulo y Paraná, pero con una fuerza de trabajo bien capacitada. La otra opción era Bahía, el estado nordestino del que, precisamente, hubo una masiva migración en los años 60 y 70 hacia Sao Paulo, por la falta de trabajo.
¿Qué estado ganó? Bahía, porque el ‘clima de negocios’ que ofreció fue casi vergonzoso, y el PT de Lula y Dilma, que nació en Río Grande do Sul y ya gobernaba ese estado, no toleró barrer con los derechos laborales y con una adecuada recaudación de impuestos. He ahí un ejemplo de la ‘facilitación’ del clima de negocios que el Banco Mundial tiene como política.
La cancelación del programa Doing Business está teñida por el desastroso impacto en los países del Hemisferio Sur, lo que incluye el acaparamiento de tierras y recursos naturales.
LA MANO VISIBLE DEL MERCADO
¿Acaso fueron esos los argumentos por los que el BM canceló el Reporte, al reconocer los daños que vino produciendo? No, en absoluto. Fue ‘puesto en pausa’ por lo que revelaron las auditorías internas y la revisisón de irregularidades en los Reportes de 2018 y 2020, que mostraron serios problemas éticos de manipulación de datos.
Y ahí entra la figura de la sonriente titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Porque ella presionó, junto a otros directivos del Comité Ejecutivo del Banco Mundial para mejorar la calificación de algunos países y colaborar así para que las inversiones ‘fluyan’ hacia ellos. Naturalmente, Georgieva rechazó el informe y lo descalificó, ver algo al respecto en Ambito Financiero del 16 de septiembre ( https://www.ambito.com/economia/fmi/acusan-kristalina-georgieva-alterar-informe-favorecer-china-n5281680). El caso del escándalo es China, que había caído en el ranking del BM. La señora Georgieva y quien era el presidente de la institución Jim Yong Kim habrían forzado las mediciones de estándares para que las cosas fueran favorables a China.
Si esta señora no fuera ahora la titular del Fondo Monetario y su decisión no valiera tanto a la hora de renegociar deudas (la Argentina, entre otras), o en que se emitieran los Derechos Especiales de Giro -DEG en el marco de la pandemia, tal vez lo que se ve como irregular en su accionar hace 3 años en el Banco Mundial, no sería noticia. Pero cuando se ha comenzado a hablar de una nueva burbuja financiera internacional, lo que decida el FMI y su primo-hermano, el BM, importa muchísimo.
No obstante, el tema ni empieza ni termina con Georgieva y Jim Yong Kim. Uno de los creadores del Reporte y ejecutivo del Banco Mundial, Simeon Jankov, está implicado en mejorar el ranking a favor de Arabia Saudia y en forzar a los evaluadores del BM a mejorar la posición de Azerbaiján. Asimismo, salió a la luz que el Jefe de economistas del Banco, Paul Romer, había afirmado en 2018 que el Reporte en cuestión perjudicó a Chile, para golpear al gobierno de Michelle Bachelet.
Todo dudoso, turbio. De estos gerentes del FMI y del Banco Mundial depende la vida de miles de millones de personas, que pagan las deudas que contraen los tecnócratas irresponsables locales. ¿Acaso los préstamos están atados a ránkings manipulados?
El último ranking de países ‘facilitadores’ de agronegocios e inversiones en general lo encabezan Francia, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, España, Estados Unidos, Alemania, Rumania, Nueva Zelanda, Portugal, Países Bajos, Suiza, Italia, Grecia, Canadá, Austria y Reino Unido. Argentina está en el puesto 32, Brasil en el 33 y Panamá en el 36, sobre 101 países que el Banco Mundial puso en el ranking.
Para los pueblos del mundo, la suspensión del ranking tiene múltiples implicancias, y el Oakland Institute, promotor de la autonomía de cada nación para la utilización de sus propios recursos, publicó hace días el siguiente informe, demostrando las desgracias que el Banco Mundial promovió en estas dos décadas con ese ‘clima favorable de negocios’.
www.purochamuyo.com comparte con sus lectores el profundo informe del Oakland Institute, editado, debido a su extensión.
EL MEJOR POSTOR SE LLEVA TODO
El esquema del Banco Mundial para privatizar los bienes comunes
En 2013, el BM lanzó el proyecto Enabling the Business of Agriculture (EBA), con el objetivo de orientar reformas pro-mercado en la agricultura. Al principio se presentó como un apoyo a la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, que impulsó el Grupo de los 8 para promover el desarrollo del sector privado en la agricultura, en el continente africano.
Inicialmente fue financiado por Reino Unido, Dinamarca, los Países Bajos, Estados Unidos y la fundación Bill y Melinda Gates.
Ese proyecto EBA califica a los países por la facilidad para hacer negocios en agricultura. Mide las “barreras legales” para los agronegocios y prescribe reformas en 12 áreas temáticas, como semillas, fertilizantes, comercio y maquinaria, y promueve una política de reformas para eliminar estas barreras y apoyar la agroindustria.
Las recomendaciones del Banco Mundial a los gobiernos es que relajen las regulaciones sobre semillas y productos fitosanitarios (fertilizantes y plaguicidas). ¿A quién podría llamarle la atención que en el Consejo asesor del proyecto Enabling the Business of Agriculture (EBA) estén Monsanto, Bayer, Cargill, y Syngenta? Para 2016 Bayer-Monsanto, DuPont y Syngenta ya concentraban el 59% del mercado de semillas y el 65% de los agroquímicos…y África era el nuevo becerro de oro.
Sin embargo, más tarde, en el informe de 2017 el BM introdujo otro indicador: la tierra. Es decir que proponía relajar las leyes sobre semillas y fitosanitarios, y faltaba lo más importante…Este nuevo indicador (los países acumulan más puntos si son proclives a dar en comodato o vender sus tierras), llevó a adquisiciones de tierras a gran escala, lo que los inversores del mundo desarrollado han intensificado en los últimos diez años. En la mayoría de los casos, esto implicó desalojos forzosos, violaciones generalizadas de los derechos humanos, degradación ambiental, mayor inseguridad alimentaria y destrucción de medios de vida.
Pero estos acaparamientos de tierras también se han enfrentado con resistencia de millones de agricultores, pastores y pueblos indígenas que se oponen a la toma de posesión de sus tierras ancestrales. Esas luchas consiguieron postergar, interrumpir o detener el establecimiento de plantaciones intensivas.
Muchas de las tierras que se ‘ponen a disposición’ de los inversores extranjeros son tierra pública o estatal, o de posesión comunal ancestral, sobre la cual las comunidades reclaman derechos consuetudinarios, pero de la que se ven despojados por no tener títulos de propiedad.
Esta tema fue reconocido por el propio Banco Mundial, que llegó a la conclusión de que “los derechos [sobre la tierra] de los terrenos indocumentados plantean desafíos y riesgos para los inversores”. Sic.
Esto puede explicar por qué el BM, con el apoyo de los gobiernos de EE.UU y Gran Bretaña, y de la Fundación Bill y Melinda Gates – todos fuertes defensores de la corporativización de la agricultura – hayan utilizado este proyecto, particularmente en África. Porque bajo el discurso de las ‘buenas prácticas agrícolas’, y con el objetivo de ‘proteger los derechos de la tierra y traer más libertad y equidad en el acceso a la tierra’, se avanzó con el paquete de la agricultura industrial a gran escala, a expensas del pequeño productor.
Pero al agricultor, al pastor, y a las comunidades originarias que son los verdaderos garantes de la seguridad alimentaria, no les interesa la agricultura industrial, y por ello está expandido mundialmente el conflicto por la tierra.
Lo que impulsó el Banco Mundial es venta y arrendamiento de tierras para uso comercial, sistematizando la venta de suelo público mediante subasta al mejor postor, y estableciendo sofisticados procedimientos para expropiación.
QUEBRAR LA LÓGICA DEL USO COMUNAL DE LA TIERRA Y EL AGUA
La mayoría de las tierras públicas en el mundo en desarrollo se utilizan como un bien común, según las leyes consuetudinarias. Y los recursos naturales, en particular el agua, se gestionan de forma comunitaria, porque la tierra se valora como un bien ancestral con un profundo y significado cultural.
200 millones de hectáreas, fueron vendidas entre el año 2000 y 2011, una superficie equivalente a 10 veces Gran Bretaña o 2/3 el tamaño de India
50 a 99 años es la duración de las concesiones que dieron los países en desarrollo a las corporaciones que ingresaron para explotar la tierra
114 países hicieron reformas en su legislación entre 2012 y 2013 para satisfacer las 238 reformas que ‘sugirió’ el Reporte Doing Business del Banco Mundial
La privatización y mercantilización de la tierra para permitir la expansión de más producción agrícola intensiva en capital, tiene un leit-motiv: que los países de bajos ingresos no gestionan con eficiencia las tierras públicas. He aquí un texto del Banco Mundial al respecto:
La pobreza en África se debe mayormente a su ineficaz manejo de la tierra. A pesar de sus abundantes tierras y recursos naturales, el África Subsahariana es muy pobre y ha sido incapaz de convertir su robusto crecimiento en una reducción de la pobreza. El continente mantiene una confusa tenencia de la tierra
¿Qué sería lo confuso? ¿Que la propiedad es comunal y sin alambrados versus grandes plantaciones cuyos dueños están a 6 mil o 15 mil kilómetros de distancia?
…Entonces el Banco Mundial prescribe que los gobiernos deberían convertirse en agentes-corredores de tierras, y transferir tierras públicas con «valor económico potencial» para uso comercial y propiedad privada. De este modo, las tierras comunales pasan a ser un «activo transferible» y se fomenta ofrecerlas como garantía de crédito.
Es así que los bancos comerciales toman tierras, que hasta hace minutos eran bienes comunes, en garantía, y al mismo tiempo entran en un tobogán de alta vulnerabilidad los agricultores familiares.
Un hecho que es bien conocido en los países capitalistas donde abundan los agricultores que perdieron sus chacras a manos de la especulación bancaria-financiera. A una escala inédita, se está expandiendo este modelo en el Hemisferio Sur, lo que conducirá no solo a un mayor despojo de tierras por vía legal, sino a la concentración y el acaparamiento de tierras.
El indicador tierra, más que los indicadores del BM a favor de desregulaciones sobre semillas y en los productos fitosanitarios, representa un impulso agresivo para privatizar la tierra en los países en desarrollo: un ataque a sus derechos territoriales y su futuro.
Unos 3.100 millones de personas en todo el mundo dependen de la tierra para su medio de vida, principalmente como agricultores.
El 80% de los alimentos consumidos globalmente es producido por agricultores familiares.
En el Hemisferio Sur, son constantes los desplazamientos y expulsión de los campesinos y pastores, obligados a emigrar a las ciudades o a otros países.
Este fenómeno se intensificó con la crisis financiera de 2008, cuando la alta volatilidad de los precios de los alimentos derivaron en un aumento enorme de la agricultura a gran escala, y la consecuente adquisición de tierras. En apenas un año, de 2008 a 2009, se anunciaron ‘acuerdos’ por 56 millones de hectáreas, de las cuales más del 20% estaban en África.
Siete años después, en 2016, otros 42 millones de hectáreas habían pasado de manos de pequeños agricultores a las corporaciones.
Es el Banco Mundial el que ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de estas transacciones de tierras a gran escala, ofreciendo asistencia técnica, asesoramiento a los gobiernos, condicionando ayuda, y estableciendo los famosos ránkings.
Por ejemplo la Corporación Financiera Internacional, el brazo dedicado al sector privado dentro del BM, gestionaba en 2014 proyectos en 34 países africanos por valor de 260 millones de dólares.
En todo el mundo, la expansión de esta agricultura industrial ha sido la causa del despojo y la pérdida de medios de vida para millones, mientras que las promesas económicas de desarrollo y seguridad alimentaria no llegan. Y no llegarán porque los alimentos convertidos en commodities no reparten su valor de exportación en las comunidades, sino que queda en los bancos y en los Fondos de Inversión de los gigantes occidentales.
Todo esto, en menos de 20 años, ha llevado a la degradación ambiental y a una pérdida de biodiversidad, con un agravamiento del cambio climático producto de la deforestación. Esa tala de plantas y bosques nativos para dejar terrenos lisos y libres donde implantar la agricultura industrial de algún commodity no le sirve en absoluto a la población local, como por ejemplo las plantaciones de aceite de palma en Indonesia.
Frecuentemente, los grandes medios hegemónicos hablan de ‘disputas por la tierra’, cuando de lo que se trata es de las incontables historias de resistencia y defensa de sus tierras por parte de agricultores, pastores y Pueblos indígenas que se oponen a la toma de posesión de sus tierras y la destrucción de su medio ambiente.
Entre los tantos casos que cita este informe del Oakland Institute, está la región de Afar, en Etiopía, presa de la falsa narrativa de la privatización de la tierra para un uso «eficiente».
Durante las últimas cinco décadas, más de 400.000 hectáreas de esa región fueron confiscadas por el gobierno para diversos fines, incluidas plantaciones, parques nacionales, áreas de conservación de la vida silvestre y tierras de caza.
En Afar viven 1.700.000 personas, 90 por ciento de las cuales son pastores cuyo sustento depende en gran medida del pastoreo de camellos, vacas, ovejas y cabras. Sin embargo, la expansión a gran escala de las plantaciones les quitó tierras donde los animales pudieran pastar, y derivó en una creciente inseguridad alimentaria y una mayor vulnerabilidad a las sequías producto de la pérdida de pastizales vitales para la estación seca.
Al mismo tiempo, el ‘uso eficiente de la tierra’ impulsado por el Banco Mundial no fue tal en Etiopía. El Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo mostró en 2013 que la productividad por hectárea de la caña de azúcar y el algodón -cultivados industrialmente-, era menor de lo que producían esas tierras en leche, carne y otros productos animales, pero con un agravante: el impacto destructivo de los monocultivos en el suelo y en los recursos hídricos. El pastoreo, cuando se maneja adecuadamente, proporciona una variedad de beneficios ecológicos, incluida la fertilización del suelo con estiércol, y los cultivos intensivos-industriales no.
Otro ejemplo es Tanzania, también en África, que decidió cambiar su legislación para ‘atraer inversiones’ en la agricultura, y no solo modificó los modos de acceso a la tierra sino también adoptó una muy fuerte protección de los derechos intelectuales de las corporaciones de las semillas.
Tanzania fue el primer país entre los menos desarrollados en sumarse a la Convención UPOV 91, el brazo de las patentes de semillas de la Organización Mundial de Comercio.
Los países menos desarrollados estaban exentos de reconocer propiedad intelectual al menos hasta 2021, pero el gobierno del país lo reconoció ya en 2016 para que ‘lluevan’ las inversiones. En contrapartida, además de adherir a la UPOV 91, la nueva ley dispuso que los agricultores que vendan semillas no certificadas (de las corporaciones) pueden tener penas de hasta 12 años de cárcel o una multa de más de 285.000 dólares. O ambas.
LA AGENDA POLÍTICA, QUE DE ESO SE TRATA LA ECONOMÍA
La agenda política del proyecto Enabling the Business of Agriculture (EBA) está influenciada en gran medida por el DfID británico (Departamento de Desarrollo Internacional, equivalente al USAID norteamericano), cuya visión oficial de la agricultura
se basa en el supuesto de que la creación de riqueza sostenida y una salida autofinanciada de la pobreza dependen, a largo plazo, de la transformación económica, y de que la mayoría de la población rural pobre encuentre un empleo productivo y mejor remunerado, fuera de la producción agrícola primaria.
Es casi una confesión. Expulsar a la población nativa de las tierras donde practican agricultura familiar y pastoreo para hacer agricultura industrial sería un beneficio para esa población, a la cual no podría ocurrirle nada mejor que ir a vivir de un salario y empleo…en las ciudades. Una ficción tremebunda. La FAO estimó que para 2030 habrá más de 4.000 millones viviendo en los entornos urbanos de los países menos desarrollados.
Para poner en práctica esta visión, el Reino Unido ha contribuido con 600 millones de libras esterlinas a la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del G8.
Al igual que el Reino Unido, EE.UU tiene desde 2012 -cuando gobernaba Barack Obama-, un programa denominado Feed the Future (FtF), que promueve la asociación entre los gobiernos receptores y las corporaciones. Ha reunido a más de 60 corporaciones de agronegocios estadounidenses y 12 países en desarrollo, y en cuatro años el programa FtF recibió 11.000 millones de dólares del USAID y otras agencias estatales.
El USAID financia programas de ayuda destinados a la titulación de tierras en 23 países, incluidos Etiopía, República Centroafricana, Colombia, Tayikistán, Kosovo y Liberia.
Estos proyectos van acompañados de una fuerte promoción de la privatización de la tierra. Por ejemplo, en Mozambique, los funcionarios estadounidenses han abogado durante muchos años por una reforma de las leyes de tierras del país, que permitiría la privatización de la tierra. Luego, los agricultores, ya con un título en la mano, son amablemente inducidos a ceder las tierras a las corporaciones.
En Sri Lanka, la norteamericana Millennium Challenge Corporation, apunta a las tierras públicas, con el objetivo de mapear y registrar casi el 70% del país para ‘promover transacciones con la tierra que puedan estimular las inversiones e incrementar su uso como un activo económico’
En Ucrania, el Banco Mundial y el FMI aprovecharon el derrumbe económico de la pandemia de Covid-19 para obligar al ‘granero de Europa’ a poner sus tierras agrícolas fértiles a disposición del mercado.
En Myanmar, la ley de tierras en Vacancia, Barbecho y Vírgenes fue modificada en 2018 para promover el desarrollo económico ‘liberando’ tierras para la agricultura, la minería y otros usos.
En Papua Nueva Guinea, donde el 97% de la tierra se mantiene bajo tenencia comunal, el gobierno busca ‘desbloquear’ las tierras para que puedan ser ‘movilizadas’ y ponerlas a ‘producir’ y asegurar ‘el crecimiento del sector privado’.
En Zambia, el Banco Mundial se asoció con la plataforma de ventas on-line norteamericana Overstock.com para usar la tecnología de datos distribuida (blockchain technology) para la titulización de tierras, con el objetivo de ‘destrabar billones de dólares acumulados en las reservas minerales inaccesibles a causa de un opaco sistema de gobernanza de tierras’.
GEORGIEVA NO ES INOCENTE, Y EL BM POCO CRISTALINO
Desde el Oakland Institute que elaboró el informe que www.purochamuyo.com publica editado, se afirma que “la evidencia de manipulación de las clasificaciones es una bofetada a los países más pobres, obligados a desregular sus economías para atraer inversionistas con promesas falaces de ayuda y desarrollo«.
Después de esta victoria de la plataforma Our Land Our Business (Nuestra tierra es asunto nuestro), los miembros de la campaña permanecerán alertas, porque nada indica que el Banco Mundial vaya a cesar su influencia y presión a favor de los intereses corporativos internacionales, por sobre el verdadero desarrollo”, dijo su directora ejecutiva, Anuradha Mittal.
El mundo necesita políticas de desarrollo que sirvan a las personas y protejan el planeta, no políticas que se centren en el crecimiento económico de las corporaciones
El informe del Oakland Institute fue realizado por Frédéric Mousseau, Flora Sonkin, y el apoyo editorial de Anuradha Mittal y Elizabeth Fraser.
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Todo pasará? … como lo q se podía creer imposible hace algunos siglos atrás sucedió: la caída del Imperio Romano … tendrán suerte NUESTROS OJOS de ver desmoronarse hasta el fin este perverso y avaro sistema financiero q hambrea compulsiva mente a uno de cada dos habitantes de nuestro planeta?
Muchas gracias Gabriel por tu lectura y comentario. Difícil imaginar si esto ‘pasará’ porque nunca antes hubo un plan como el actual, de saqueo total y simultáneo del planeta