Noticias sobre migrantes, lanchas, rescatados,ahogados, muros que se pretenden o que ya existen. Check points. Migrar para trabajar, migrar para sobrevivir, migrar para tener un hospital. Un mundo de cientos de millones de migrantes.
Argentina tiene una Ley que entró en vigencia en 2004, la cual junto a otros proyectos similares en la Unasur significaron un cambio rotundo de paradigma. Se pasó de leyes dictatoriales e incluso Reglamentaciones de la democracia basadas en el migrante-peligro-para-la- seguridad, a un pensamiento donde se entiende que migrar es un derecho humano.
El ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, el Director Nacional de Migraciones, Horacio García y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando Ocampo avanzaron en una dirección securitista que prende luces amarillas sobre los debatidos avances logrados con la Ley.
Un inmueble en el barrio de Pompeya servirá para ‘alojar’ a los migrantes, que no es otra cosa que el primer centro de detención de migrantes del país, con el supuesto objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”.
Néstor Cohen, sociólogo argentino de la Universidad de Buenos Aires, titular de la Cátedra “Discriminación al migrante externo” señalaba: “Es frecuente que nuestras relaciones sociales con los migrantes externos se constituyan en relaciones desiguales, con cierto carácter conflictivo, a pesar de que en el siglo XX el país recibió millones de migrantes de ultramar, y que durante todo el siglo XX y lo que va del XXI cruzaron nuestras fronteras personas de origen paraguayo, boliviano, chileno, uruguayo, peruano y de otros orígenes latinoamericanos”.
Sin embargo, la vinculación social con esos migrantes está surcada por “atributos que nosotros le asignamos de acuerdo a la posición que ocupamos en la sociedad, en la economía y en la cultura. En otras palabras, en toda representación social hay contenidos propios del sujeto representado que se entrelazan con nuestros propios modos de mirar al otro. Cuando la representación social está referida a los migrantes externos, esa mirada sobre el otro no sólo detecta las diferencias, no sólo reconoce que hay un otro distinto a nosotros, culturalmente distinto, históricamente distinto, fenotípicamente distinto, sino que puede hacer de esas diferencias un sistema de jerarquías. Cuando eso ocurre nuestra relación es una relación de distancia, que ve en el otro un sujeto inferior o transgresor, o carente de. Cuando construimos esas representaciones sociales no asociamos el origen nacional del migrante a su cultura, su religión, su país con su economía, su historia y sus paisajes, sino que lo asociamos a esos atributos inferiorizadores, descalificadores.
Deja de ser un boliviano, un paraguayo o un chino para transformarse en alguien que consideramos intelectualmente lento, o sumiso, o explotador, o violento, o vago, o sucio, o tantas otras características que lo estigmatizan, y lo más preocupante de este proceso es que suele quedar naturalizado, como si se tratara de una verdad incuestionable. Más aún, es probable que si alguien opinara en contrario o refutara nuestro decir, supondríamos que está equivocado. Esta naturalización descalificadora del otro es el trampolín donde comienzan a gestarse las condiciones previas para que, si ocurrieran otras condiciones de tipo político y económico, se desencadene un proceso discriminatorio del cual tengamos que lamentarnos”. Este alerta de Cohen aparecía en Voces en el Fénix, diciembre 2012.
UN POCO DE HISTORIA
Susana Novick, Abogada (UNLP). Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO). Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora del CONICET en el IIGG-FSOC-UBA. Co-coordinadora del Seminario Permanente de Migraciones produjo un texto que denominó La política migratoria argentina, a contrapelo de la tendencia mundial en el que recapitula décadas de regresión en las políticas migratorias.
“Cuando en 1976 se produce el golpe de Estado, se implanta a sangre y fuego una nueva estrategia de desarrollo basada en la apertura y liberalización de la economía (1976-2001). Esta fue acompañada por políticas migratorias desplegadas durante cuatro gobiernos: a) la dictadura militar (1976-1983), b) Raúl Alfonsín (1983-1989), c) Carlos Menem (1989-1999) y d) Fernando De la Rúa (1999-2001) que consideraban a las migraciones latinoamericanas como un ‘problema’ poblacional que debía resolverse mediante el control policial y la prohibición del trabajo remunerado. Durante este período se mantuvo vigente la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración, sancionada por la dictadura militar en 1981.
Cimentada en la entonces dominante Doctrina de la Seguridad Nacional, y reiterando una norma aprobada durante la época de Onganía, prohibía expresamente a todo extranjero indocumentado desarrollar actividades remuneradas, obstaculizando asimismo, el acceso a los servicios de salud y educación (medios y superiores). La norma fue reforzada en su legitimidad a través de la aprobación de dos Reglamentos de Migraciones: el primero elaborado por el gobierno de Alfonsín en 1987 y el segundo por el de Menem en 1994.
A mediados de la década de 1990, ya creadas las Comisiones de Población en ambas cámaras del Poder Legislativo –Senadores y Diputados– y dadas las gestiones realizadas por las ONGs, organizaciones de las colectividades extranjeras, instituciones religiosas, grupos académicos, etc., surgen en el Congreso nacional proyectos que pretenden modificar la ley de los militares: Cafiero (1996 y 1998); Carrió (1996); Mondelo y Dellepiane (1997); Pichetto (1998), etc. También se presentaron otros que proponían derogar la ley militar y reemplazarla por una nueva: el del diputado Muñoz (1994); diputado Totto (1995); diputada Mondelo (1999), y el de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados (1999). Fueron todos intentos –sin éxito– pero que demuestran la intensa actividad parlamentaria: la sociedad civil rechazaba la vigencia de normas dictatoriales durante gobiernos democráticos”.
La doctora Novick remarca: “La nueva ley sancionada por el Congreso nacional en diciembre de 2003 representa un cambio categórico en la política migratoria y un logro histórico (…) La ley militar tenía ya más de 20 años de vigencia y no resultaba fácil lograr la sanción de una nueva, a pesar de la arbitraria política migratoria y la falsedad de los argumentos introducidos desde el Poder Ejecutivo respecto de los inmigrantes limítrofes, a quienes se los hacía responsables de diversos males sufridos en nuestro país (desocupación, cólera, toma de viviendas, excesivos gastos sociales, aumento de la criminalidad, etc.)».
Es precisamente por este debatido y transitado proceso de cambio con caja de resonancia en el Congreso nacional, y la vigencia de la ley desde hace más de una década, que asusta el rumbo emprendido por la administración Macri. Porque la argumentación del comunicado oficial detalla que el comodato del inmueble de Pasaje Colmo N° 3860 a la Dirección Nacional de Migraciones será destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 y su normativa complementaria vigente, en calidad de retenidos (en los términos del Art. 70 y concordantes de dicha norma y del Decreto Reglamentario N° 616/10) en carácter de comunicados y a disposición de la DNM al sólo y único efecto de cumplir la orden de expulsión dictada respecto de un extranjero”. Además se señaló que de esta forma se buscan “optimizar” las condiciones para “combatir la irregularidad migratoria”.
A comienzos de 2014 la propia DNM ensayaba un marco para los asuntos ‘delictivos’ para lo que el nuevo gobierno argentino ahora dispone. “Proponemos que si a la persona extranjera se le sospecha un delito de los considerados no graves, se le ofrezca suspender el curso de la causa y que abandone el territorio nacional. En ese caso el proceso penal se suspende, pero si vuelve a entrar se le reabre el proceso penal”, sostenía el titular de Migraciones, Martín Arias Duval al matutino Página 12. “No se está expulsando a nadie, es voluntario y la decisión siempre la tomará el imputado”, dijo.
“Este anuncio es preocupante porque es una marcha atrás de una política de Estado que ha sido tomada como modelo por la ONU, la OEA, la ACNUR y otros organismos”, aseguró a Notas.org.ar Pablo Ceriani Cernadas, coordinador del Programa de Migración y Asilo de la UNLanús.
De acuerdo a Ceriani Cernadas, esta decisión va en sintonía con otras medidas que se tomaron en estos meses como la eliminación de un programa de la Dirección de Migraciones que era de abordaje territorial. “En muchos barrios donde se sabía que había una mayor población migrante se facilitaba la documentación. Pasamos de ayudar a los migrantes con sus papeles, lo cual mejora sus condiciones de acceder a un trabajo formal, de consumo, de vivienda, a convertirlos en chivos expiatorios de la pobreza o la desocupación, y mirarlos como infractores y sospechosos”, puntualizó el especialista en temas migratorios.
En 2013, la DNM informaba que entre enero y comienzos de diciembre de ese año, formalizaron su documentación 105.220 ciudadanos de Paraguay, 59.832 de Bolivia y 33.200 de Perú. En aquel momento Arias Duval afirmó a la agencia Telam que desde la aplicación de la Ley en 2004 habían regularizado su situación 780 mil paraguayos, 507 mil bolivianos, 285 mil peruanos, y que “empleadores inescrupulosos, aprovechándose de la situación de debilidad del inmigrante, generaron situaciones de empleo irregular que la ley, al tutelar derechos y garantías, busca integrar socialmente”.
Como bien explicaba Cohen en Cuando “los otros” cruzaron la frontera “son los momentos de crecimiento y de crisis de los mercados tanto nacionales como internacionales, la transnacionalización de la economía, el debilitamiento de las economías nacionales, la virtualización de las fronteras, cuando se direccionan los procesos migratorios –expulsando y atrayendo poblaciones–. Grandes concentraciones de población en condiciones de marginación, fomentando una sociedad de clases organizada con criterios de exclusión y aumentando cada vez más la existencia de poblaciones en niveles extremos de privación económica y marginación social, y con sectores medios atravesados alternativamente por ciclos de estabilidad e inestabilidad económica. Estos mismos mercados demandan, y muchas veces extorsionan, al Estado y a los medios para la constitución de un discurso legitimador de la gestación de ese proceso».
Por ejemplo, está el recordado caso del periodista Nico Brutti del diario Diagonales de La Plata quien debió denunciar en enero de 2014 en la División de Delitos Informáticos de esa ciudad a un grupo de Facebook con 2200 seguidores cuyo lema era “Argentina sin inmigrantes limítrofes”, y que lo amenazó de muerte a Brutti cuando los hizo visibles, o como publicó en agosto de 2016, anónimamente, Taringa.net. “Ahora:! Inmigrantes limítrofes roban tierras en Argentina!
“Los ruidos y los silencios en torno a las migraciones externas están condicionados por la presencia y ausencia de crisis económicas, y por la fuerte y desigual concentración de la riqueza, subraya el profesor Cohen. (…) En la medida en que no resolvamos esta encrucijada en la cual, por un lado, nos reconocemos como un pueblo atravesado por importantes contingentes migratorios provenientes de diferentes lugares del planeta pero, por otro, asociamos al migrante que convive con nosotros con atributos que lo descalifican, jamás podremos llegar a constituirnos como una sociedad intercultural, y es probable que ante determinadas coyunturas críticas, en lo político y en lo económico, volvamos a revivir comportamientos discriminatorios como los que hemos vivido a lo largo de nuestra historia”.
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