BRASIL ES URGENTE

La democracia cayó en manos de las corporaciones que hacen retroceder a las repúblicas latinoamericanas a su modelo oligárquico de 100 años atrás.

Por eso enjuiciaron a Lula que es un símbolo retrospectivo de las batallas y logros populares de varias décadas, y por eso cientos de miles, tal vez millones de luchadores de la ciudad y del campo, se movilizan y no se rinden a las agendas electorales e institucionales.

Con Lula en prisión, la pregunta es ¿y ahora, qué?

Mientras el histórico líder se mantenía acuartelado el viernes 6 de abril en el sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo do Campo, purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis  procuró respuestas a algunos interrogantes, en especial lo que fue y lo que dejó el ciclo de Lula y Dilma en el gobierno. Esto respondía el Profesor Luis Fernando Novoa Garzon, sociólogo, Doctor en Planificación Urbana y Jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Rondonia.

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PCh: Cierta dialéctica de ‘buenos y malos’ ha polarizado en la última década a varios países de la región. Entendemos que en esa dialéctica hay responsabilidades diversas. Por un lado los actores político-sociales propiamente dichos que han polarizado para sostener su hegemonía, y por el otro los grandes intereses corporativos (particularmente financieros y del entramado de medios) que apuestan a ambos ‘bandos’, pero sus candidatos naturales son los que defienden per se los intereses del capital concentrado. ¿Algo de esa grieta que polarizó a nuestras sociedades es lo que ha permitido emerger en Brasil a los sectores de ultraderecha que incluso hablan de golpe de estado? ¿o las razones son otras?

En primer lugar, debemos hacer algunas distinciones. La polarización social y de la lucha de clases nunca fue tan aguda en el país, después de catorce años de un pacto social no explícito, basado en sacrificios graduales de las conquistas materiales y políticas de la clase trabajadora brasileña. Los gobiernos de Lula y de Dilma representaron una suspensión y un freno de la última onda expansiva-destructiva de los mercados globales.

Sin embargo, una vez que se dilapidó la fuerza social acumulada en décadas de lucha, bastaba una señal histórica inequívoca para promover la desmoralización del PT y Dilma, y abrir el camino para la instauración de un gobierno títere de los mercados globales. Esa señal fue emitida a partir de las manifestaciones de 2013, donde quedó patente la incapacidad de los sectores progresistas y de izquierda de canalizar los anhelos e insatisfacciones populares.

Por eso, las elecciones de 2014 ya traían una “agenda subterránea” que iba a ejecutarse, más allá de lo que eligiera la ciudadanía. Dilma fue elegida y al mismo tiempo impedida de gobernar, en los marcos de negociadores vigentes hasta entonces. El primer acto de gobierno fue el nombramiento de un interventor del mercado financiero (Joaquim Levy) como ministro de Economía, una demostración de la ruptura institucional y de que las instituciones estarían «desamparadas» a partir de allí. El llamado Golpe de 2016 fue sólo un desdoblamiento, así como fue lo fue la Enmienda Constitucional Nº 95 que congela el presupuesto público del país por 20 años. Esa enmienda fue aprobada por (el presidente a cargo) Temer y su mayoría parlamentaria para convencer a los mercados acerca de la funcionalidad de un gobierno sin cualidades y dispuesto a cambiar todo por casi nada. Barrer y suprimir derechos colectivos, los espacios públicos remanentes y márgenes de soberanía social no hubiera sido posible sin una campaña orquestada, moralista y despolitizada, contra el «mal mayor» del país que sería la corrupción política, la cual habría sido magnificada en la Era Lula. Queda oculto, así, un modelo de capitalismo que de tan voraz no detiene su ímpetu expoliador, extravasando su propia base legal inicial.

El polo activo de la mentada ‘corrupción’, o sea, los monopolios privados, convierten a los agentes político-administrativos en un espejo institucional de la dinámica privatista expropiadora vigente en su práctica económica cotidiana. De eso se trata. Corrupción, en esos términos, no es sinónimo de desviación de conducta, sino una oscilación funcional que atraviesa una zona administrativa estatal privatizada, y una oligo-estructura privada gubernamentalizada. Puertas giratorias de circulación continua entre entre los ‘managers’ privados y públicos, sea en función de operación o en función de regulación.

Para eso sirve avivar la falsa polarización contra la corrupción exclusivamente política: esconder y absolver las fracturas estructurales acentuadas en esta nueva ofensiva de la burguesía brasileña, que busca sacrificar a la clase trabajadora y los bienes naturales del país para posicionarse ventajosamente en el escenario de la crisis financiera mundial. Se alían en esta operación de purificación de memorias y pulsiones igualitaristas, los fundamentalistas de mercado y grupos o personalidades de extrema derecha. No hay posibilidad de detener esta avalancha política aisladamente desde el campo institucional. Al mismo tiempo, se perdió la fuerza de las calles, el vínculo con los cotidianos y los imaginarios de los explotados y oprimidos. Reconstruir eso vínculos en estas condiciones está siendo y será extremadamente difícil, pero no hay otra salida.

PCh: Es más o menos conocido que el PT ha sido la corporización de los intereses y necesidades del Movimiento Sin Tierra, las Iglesias de base, los gremios de la CUT, entre otros. Sin embargo, las clases medias encontraron en los primeros 5 años de gobierno PT un lugar de inclusión y crecimiento. De mejora y movilidad social para ellos también. ¿Se ha quebrado el idilio del PT con las clases medias? ¿Mantiene la cohesión en los sectores que le dieron vida originalmente, o la aparición de otros partidos y movimientos por izquierda son -también- la otra explicación para la caída en la apreciación general?

El PT fue un gran frente político, una especie de frente amplio de la llamada izquierda social que irrumpió en los años 80 en los principales centros urbanos y también en las zonas rurales conflictivas. Ya el PT que asume el Gobierno en 2003, llega ya muy diluido de esos orígenes, porque se vio obligado a negociar sus proyecciones más profundas en pos de la viabilidad electoral.

Lula aprovechó el boom de los commodities y de un interregno de estabilidad económica internacional, para consolidar el patrón de especialización productiva como país neoextractivo, y al mismo tiempo trató de densificar el colchón de protección social para los más pobres.

La mentada mejora de las clases medias es un mito, como máximo puede decirse que fue un horizonte inicial para los millones que momentáneamente apenas superaban la llamada línea de pobreza. Los llamados sectores medios, como proto o pretendidos burgueses, son hoy la base social de la extrema derecha. Estudios económicos recientes indican que en ese período (2003-2016), la concentración de ingresos se profundizó, a pesar de los ingresos inéditos que tuvieron los sectores de la base social en los primeros años del ciclo lulista. En cuanto a los trabajadores y al llamado «precariado», reina la atomización y la búsqueda de la supervivencia.

Los últimos agregados de organización social, en los últimos años, quedaron rehenes de la ayuda gubernamental y ahora están siendo guetizados en un marco creciente de criminalización general de las luchas. El PSOL que surge en 2005 como una especie de «reserva moral» del PT, no logró disputar ni la base social originaria ni arraigarse en nuevas bases significativas. Las demás organizaciones de izquierda reflejan importantes rearticulaciones y demarcaciones, mas, hasta ahora, acotadas en el campo teórico-político.

PCh: ¿Qué medidas de todo el ‘paquete Temer’ han logrado aprobar y están en marcha? Una descripción de políticas públicas nacionales y estaduales que hayan sido canceladas, o parcialmente cortadas. Por favor explicar los movimientos del capital financiero y el endeudamiento colateral.

La gran recompensa que le ofreció la camarilla de Temer y su mayoría parlamentaria para convencer a los mercados acerca de la utilidad de un gobierno sin cualidades y dispuesto a entregar lo que sea en cambio de cantidades determinadas a los mercados fue dar rango constitucional al ajuste fiscal, por lo menos por dos décadas, lo que implica el desguace programado de los servicios públicos esenciales, como salud y educación.

La Reforma del sistema de jubilaciones (Previdencia en portugués), es la segunda prioridad del programa golpista y todavía no fue aprobada, pero se tornó una condicionante que se cierne sobre el próximo mandato presidencial para que obtenga la siniestra y codiciada credibilidad de los mercados.

Se puso en marcha una reforma laboral que flexibiliza y quita derechos adquiridos, lo que indica que habrá nuevos ataques con el justificativo de disminuir el ‘costo-Brasil’. Adicionalmente, fueron impuestas innumerables medidas de liberalización y flexibilización de los marcos regulatorios de los sectores extractivos y de infraestructura de forma que se desarrolle la privatización y monopolización total de sectores económicos estratégicos para e país.

En el perverso mercado de la deuda, los mayores acreedores, obtuvieron como premio enormes bonificaciones: en 2017 le perdonaron deudas con el erario público del orden de los 30 mil millones de reales (U$S 9000 millones) a los bancos Itaú, Santander y Unibanco.

En tanto, otros programas concebidos por el ministerio de Hacienda prevén cancelar pasivos tributarios de grupos empresarios que podrían totalizar los 100.000 millones de reales. Al mismo tiempo, permanecen intocables los pagos de servicios de la deuda interna y externa. Del Presupuesto Federal aprobado para 2018, que es de 3 billones 500 mil millones de reales, cerca de la mitad está reservado para el pago de intereses, gastos financieros y refinanciamiento de deuda. Subráyese que es en el marco de este chantaje que se promueve la desarticulación de derechos, territorios, servicios y bienes públicos.

PCh: La reorientación de la que hablábamos tiene algunos componentes de muy difícil vuelta atrás en el mapa político mundial, como por ejemplo los acuerdos/permisos con el Comando Sur, o con las fuerzas de seguridad/militares de Israel. Considerando las reservas naturales, de agua potable y alimentos que representa Brasil, ¿en qué se modificó lo actuado por los primeros años del PT y los años recientes?

Podemos decir que después de la asunción de Lula en 2003, el poder territorial de Brasil, incluidos los recursos naturales relevantes, pasó a ser considerado como un ítem de negociación internacional en esferas cruzadas, particularmente en el ámbito comercial y financiero. Eso se tradujo en planes de reparto y concesión de recursos naturales, con una creciente participación de capitales extranjeros al interior de consorcios, con una significativa presencia de capitales estatales y locales.

En este momento, nadie, en el ámbito estatal, es capaz de concebir contrapartidas, por mínimas que sean, de los inversionistas. Al contrario, lo que se ve es que nos encaminamos hacia una apertura irrestricta, como fue el caso de la base aeroespacial de Alcántara que se comparte con las Fuerzas Armadas de los EE.UU., o la entrega del control accionario de la empresa que fábrica aviones EMBRAER a la Boeing, o el permiso de explotación a empresas internacionales de la Reserva Nacional de Cobre e seus Associados– RENCA, en la zona amazónica. Las Fuerzas Armadas brasileñas, en consonancia, también cambian de paradigma, toda vez que son direccionadas prioritariamente para las intervenciones internas y para actuar como coadyuvantes de las fuerzas policiales.

PCh: La expansión de la cantidad de alumnos en estudios superiores en Brasil es resultado de políticas públicas de movilidad social que nada tienen que ver con la vieja república oligárquica y racista. ¿Cómo evalúan los cuadros académicos formados entre 2000 y 2015 todos estos cambios?

Hubo avances innegables durante los gobiernos de Lula y Dilma para acortar las brechas donde había diferencias sociales significativas, con la implementación de políticas de reconocimiento y de inclusión de segmentos históricamente marginalizados. En el caso de la educación superior, hubo un significativo aumento de la oferta de vacantes, sea en el ámbito estatal o indirectamente en las universidades privadas, a través de becas masivas. El problema es que esa expansión de la oferta no fue acompañada de una mayor autonomía financiera de las universidades, a fin de que se avanzara en una estructuración acorde.

Y además, las políticas de entrega de becas fortalecieron y agigantaron a los entes privados de educación, al punto de que pasaron virtualmente a controlar sectores enteros del presupuesto del ministerio de Educación de la Nación.

PCh: Argentina ha reorientado su geopolítica de manera muy manifiesta hacia los intereses de los países centrales occidentales. Un realineamiento que ha hecho desaparecer de las noticias las palabras Mercosur, Unasur, CELAC y América Latina. ¿qué cambios hay en ese sentido en Brasil tras la destitución de Dilma?

Los acuerdos de libre comercio y de protección de inversiones están de vuelta a la orden del día, sin modificaciones. El foco es la vieja retahíla de una mayor apertura a los mercados del Norte para las commodities producidas en la región, a cambio de una total liberalización de la importación de productos industrializados y de servicios.

Hay un cambio evidente de énfasis en el sentido de encuadrar al país en las agendas comerciales de las potencias centrales, a pesar de los estrictos márgenes que ellos ofrecen a nuestros países. En ese sentido, son un ejemplo perfecto las tratativas del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Una vez que desmonten lo que queda del parque productivo y después de abandonados los centros de tecnología y la educación pública, ¿qué más puede ser objeto de integración o asociación?

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Luis Fernando Novoa Garzon – 

Atualmente é professor da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e Chefe do Departamento de Ciências Sociais.

Tem formação em Sociologia e Ciência Política e é doutor em Planejamento Urbano e Regional, com foco em estrutura e transformação do Estado a partir de sua interface com o mercado.

Atuou entre 2002 e 2009 em Grupos de Trabalho da REBRIP (Rede Brasileira pela Integração dos Povos) e da Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais. Atualmente é Membro da RBJA (Rede Brasileira por Justiça Ambiental) e da Rede Jubileu Sul. Coordena o Grupo de Pesquisa «Justiça Ambiental e Cartografia Social na Amazônia» na UNIR e é um dos coordenadores do Programa de Pesquisa «BNDES: grupos econômicos, setor público e sociedade civil no contexto nacional e internacional?, vinculado ao Laboratório ETTERN (Estado, Território, Trabalho e Natureza) do IPPUR/UFRJ.