Sin derecho a la
protesta social
no hay democracia
ni libertad
Desde la implementación del protocolo ‘antipiquetes’, la Comisión Provincial por la Memoria monitoreó el despliegue de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas.
Esta labor fue realizada por el carácter que la CMP tiene de Mecanismo local de prevención de la tortura, en el marco del trabajo articulado con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Mecanismo local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hasta el 30 de noviembre de este año, se monitorearon 60 marchas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia.
El informe anual presenta un detallado análisis de las consecuencias que devienen de las políticas planificada por el gobierno nacional, y que afectan gravemente los derechos constitucionales de expresión, manifestación y petición a las autoridades.
En todas las manifestaciones hubo despliegue policial desproporcionado en número y recursos, tanto en el lugar de convocatoria como en las zonas aledañas, cuyo objetivo se centró en el control del espacio.
Fuerzas de seguridad creadas y destinadas a la defensa del territorio nacional y las fronteras (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval) fueron asignadas a controlar y reprimir las manifestaciones sociales en el centro de la Ciudad. Una militarización del espacio público.
La violencia estatal se desplegó como una acción dirigida a provocar temor en los manifestantes a fin de disuadir la protesta social. También se verificó cuando las manifestaciones eran de pocas personas.
Cabe destacar que en 17 de las movilizaciones monitoreadas se produjeron episodios represivos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad; es decir, una de cada tres manifestaciones fue reprimida.
El resultado fue el récord absoluto de personas heridas: 1216 en los primeros once meses del gobierno Milei-Villarruel.
Y esta dinámica de represión fue selectiva. La Comisión Provincial por la Memoria relevó que la mayoría de los hechos se produjeron cuando se movilizaron las organizaciones sociales o piqueteras y los partidos de izquierda.
En el desarrollo de estas movilizaciones, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a manifestantes. En la mayoría de las detenciones se imputaron delitos como ‘atentado’ y ‘resistencia a la autoridad’ o ‘daños’; figuras delictivas que, por la escala penal que contempla, implica la rápida liberación de las personas detenidas.
Sin embargo, durante la jornada de movilización en repudio al tratamiento de la Ley Bases en el Congreso, el día 12 de junio, se produjo la detención de 33 (treinta y tres) personas con intervención de la Justicia Federal.
La CPM sostiene que estas detenciones representaron una nueva modalidad político-judicial agravada de penalización de la protesta social, al incorporar la acusación de “terroristas”, “sediciosos” o “golpistas” a las personas aprehendidas.
Lo relevado a lo largo de este año permitió advertir a la Comisión -como parte de su tarea de monitoreo- que la represión de la protesta presenta rasgos de sistematicidad.
Que tenga sistematicidad implica que es una política planificada y que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de determinados sectores, en particular de los movimientos sociales, políticos y sindicales.
La política de represión y criminalización de la protesta social afecta derechos constitucionales y tiene una implicancia negativa y regresiva sobre principios democráticos esenciales, construidos mayoritariamente por el pueblo argentino en las últimas cuatro décadas.
Sin derecho a la
protesta social
no hay democracia
ni libertad
Este es el Informe completo, que deberá ser objeto de estudio para múltiples sectores.
https://www.comisionporlamemoria.org/wp-content/uploads/sites/16/2024/12/revista_informe_web.pdf
Las imágenes pertenecen a la Comisión Provincial por la Memoria – CPM
Saber duele. Ignorar mata.
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