Escribe Adrián Hernández
Mano dura para estigmatizar barrios populares, hacer una Ciudad más expulsiva, aumentar los negocios inmobiliarios…mientras el Estado falla en todos los frentes.
Con más de 1.500 policías desplegados como en una película de acción, el gobierno de Jorge Macri lanzó el operativo “Tormenta Negra” en una quincena de villas porteñas. El resultado, es sabido y fue exasperantemente publicitado para la tribuna: 27 detenidos, algunos con pedidos de captura, decomiso de drogas y armas, y el cierre de 25-27 “comercios irregulares”.
Macri no se guardó nada: “El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero, lo mandamos de vuelta a su país”. “Afuera” es un lugar ignoto o nebuloso cuando a la capital argentina ingresan desde el Conurbano y otras provincias, más de 6 millones de personas a diario. ¿Qué es afuera para don Macri sino una abierta discriminación y demonización de los trabajadores, los marrones, los cabeza que se buscan el sustento en la Ciudad?
La demonización y estigmatización de la población migrante, NO es mera coincidencia.
El mensaje es directo y efectivo para la foto: los barrios populares son el problema. Lo mismo decía la dictadura y bien detalló Oscar Oszlak en su libro Merecer la Ciudad, los Pobres y el Derecho al Espacio Urbano. Los “intrusos” del conurbano y los migrantes son el enemigo. Fabricar al enemigo, fabricar la otredad, es un experimento que ha venido rindiendo frutos. Así ganó Trump, así se mantiene el gobierno israelí, así la violencia contra los migrantes en Sudáfrica, así se reafirmó en el poder Modi en la India, y así hizo campaña Kast en Chile contra la presencia de venezolanos y haitianos. Pero la realidad, como siempre, es más compleja y el dedo acusador apunta al lugar equivocado.
La pobreza y la informalidad: responsabilidad del Estado, no de los vecinos
En la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza cerró 2025 en 21,1%, afectando a 652.000 personas. En los barrios populares esas cifras se disparan porque se agrega el hacinamiento, falta de servicios básicos y oportunidades reales. A nivel nacional, la informalidad laboral ronda el 43% de los ocupados (más de 9 millones de personas). Cuatro de cada diez trabajadores no tienen aportes para poder jubilarse, obra social ni derechos. Entre las mujeres: es peor porque llega al 44,5%, y entre los jóvenes aún más.
¿Quiénes pueblan los barrios populares, las villas? La inmensa mayoría son trabajadores o desocupados que se la rebuscan como pueden. Son ellos mismos quienes quieren vivir sin narcos ni balas en la puerta, claro. Pero también exigen trabajo registrado, salarios dignos y condiciones saludables para sus familias. El gobierno de la Ciudad, en sintonía con las políticas libertarias, en vez de generar mecanismos de empleo genuino, elige clausurar el carrito, el kiosquito o el puesto de chipá. Castiga la supervivencia mientras la economía sigue expulsando gente del sistema.
El empleo informal no es un “vicio” de los pobres: es la consecuencia directa de un modelo que no genera trabajo formal suficiente. El trabajo que se genera, y las reformas laborales impuestas recientemente lo subrayan con trazo grueso, alimentan la precarización y la falta de derechos. Y el Estado, que brilla por su ausencia en urbanización, educación, salud de calidad y políticas activas de empleo, es el principal responsable.
Migrantes: el chivo expiatorio perfecto
El discurso oficial busca hace tiempo asociar migración con delincuencia. Pero los datos no acompañan el relato. En los barrios populares de CABA, los extranjeros (principalmente de países limítrofes) representan alrededor del 34,4% según observatorios oficiales, aunque a nivel nacional la proporción en «villas» y asentamientos está más cerca del 10%. No son “ilegales” en su mayoría, ni mucho menos la causa estructural de la inseguridad.
Tal vez no haya un estudio tan completo sobre la realidad argentina en relación con el aporte que hacen los migrantes a la economía, pero dadas las características similares en cuanto a “país aluvional” que tienen tanto Argentina como EE. UU, es más que interesante ver lo que se ha estudiado en el Norte.
El EPI – Economic Policy Institute señaló que
En Estados Unidos, la participación de los inmigrantes en la producción total fue del 18 % en 2023, lo que equivale a 2,1 billones de dólares en 2024.
Esto significa que la contribución de los inmigrantes a la producción económica es mayor que su proporción en la población total. Los inmigrantes son el 14,3 % de la población total, y producen el 18% del PBI.
Históricamente, los migrantes aportan a la economía popular: tareas en construcción, comercio, cuidados. Estigmatizarlos enteros como una minoría delictiva es funcional a distraer de los verdaderos problemas. Además, el narcomenudeo y el crimen organizado tienen raíces locales e internacionales que van mucho más allá de quien cruza la frontera de otro país o incluso de otra provincia, buscando laburo.
Narcotráfico: presente en «villas»… y también en countries
Sí, hay narcomenudeo en las villas. Genera violencia y destruye barrios. Los vecinos honestos son las primeras víctimas y reclaman soluciones. Pero el Estado es responsable de controlar todos los territorios. En countries y barrios cerrados de lujo también operan redes de narcotráfico, residen magnates del mundo narco, hay lavado de dinero y búnkers de alto nivel. Ahí ningún intendente ni ministro se mete: no se ven operativos masivos con 1.500 policías ni discursos inflamados. En esos búnkers de Nordelta y otras zonas —búnkers con muros y rejas para custodiar a tantos narcos o incluso empresarios que más que currículum, tienen prontuario— no hay “afuera”.
Las incautaciones y causas por narcocriminalidad crecieron en 2025, pero el foco sigue puesto en el menudeo de los barrios pobres. El gran narcotráfico —el que mueve toneladas, financia política, tiene aviones, pistas de aterrizaje propias en campos de todo el país y blanquea fortunas— requiere otra escala de investigación: financiera, judicial y política. Mientras tanto, se usa el búnker de los barrios vulnerados para la tapa de los diarios y el show represivo.
Una política que divide en vez de integrar
La “Tormenta Negra” es puro marketing represivo. Macri cierra un búnker, saca la foto y estigmatiza a todo un barrio. Ignora que la inseguridad nace de la exclusión. Se ha dicho mil veces, y mil veces habrá que repetirlo. Reprimir al que sobrevive vendiendo ¡lo que sea! no soluciona nada de fondo. Solo profundiza el prejuicio de que los pobres son sospechosos por default.
Los barrios populares no son el problema. Son la expresión más cruda de un país que lleva décadas fallando en distribuir riqueza y oportunidades. Frente a la mano dura mediática hace falta una verdadera política de inclusión: en primer lugar urbanizar de verdad, con todo lo que eso implica. En segundo lugar, combatir el narcotráfico en serio, sin importar el código postal. En tercer lugar, generar empleo registrado y no ultraprecarizado que determine que cualquier joven termine como soldadito de los narcos chicos y grandes.
Porque mientras se persigue al que “viene de afuera” o al que se la rebusca en la «villa», los verdaderos poderes del delito organizado siguen operando con tranquilidad. El chamuyo represivo ya se vio muchas veces. Y siempre termina igual: los de abajo pagando los platos rotos.
Adrián Hernández. Analista político, militante social
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