Escribe Florencia Rojas, especial para www.purochamuyo.com
¿Qué significa ser independiente en un mundo donde ningún Estado produce solo la tecnología que utiliza, donde los datos circulan por infraestructuras privadas atravesando naciones y donde una empresa puede influir tanto en una guerra como un ejército? La pregunta parece propia del siglo XXI. Sin embargo, tiene más de doscientos años.
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Cuando el 9 de julio de 1816, los diputados reunidos en la casa de doña Bazán, en Tucumán, donde declararon la independencia de las Provincias Unidas, no estaban resolviendo únicamente una disputa con la Corona española. También estaban intentando responder a una transformación mucho más amplia: el nacimiento de un nuevo orden internacional.
Diez días después ampliaron esa definición al proclamar la libertad «de toda otra dominación extranjera», convencidos de que la soberanía no consistía solamente en romper con España, sino en evitar cualquier nueva subordinación.
Esa aclaración suele pasar desapercibida, pero resulta sorprendentemente actual porque la independencia nunca fue solamente una declaración jurídica. Siempre fue una pregunta política. ¿Cómo preservar la capacidad de decidir cuando el mundo cambia más rápido que las instituciones?
La independencia argentina fue concebida en un momento de transición entre el orden colonial y el nacimiento del Estado moderno. Doscientos diez años después, el mundo vuelve a atravesar otra transición histórica. La globalización neoliberal que dominó las últimas décadas comienza a ceder lugar a una etapa distinta, el nacimiento del multilateralismo, marcado por la competencia tecnológica entre grandes potencias, la inteligencia artificial, los datos, el control del ciberespacio y la disputa por las infraestructuras críticas.
Con esta premisa, observar los mapas ya no alcanza. El poder se evidencia en los estrechos, los puertos, las fronteras y los recursos estratégicos pero también fluye por cables submarinos, centros de datos, satélites, algoritmos y plataformas digitales, infraestructuras invisibles que transportan y alojan la mayor parte del tráfico global de datos. La geografía sigue importando, claro, pero dejó de ser suficiente para explicar cómo se ejerce la soberanía. Por eso, pensar la independencia en el siglo XXI exige algo más que recordar una fecha patria. Exige preguntarnos si seguimos utilizando una definición de soberanía diseñada para un mundo que ya no existe.
En 1816 el desafío consistía en romper con un imperio colonial y obtener reconocimiento como Estado soberano. El poder internacional estaba concentrado en unos pocos imperios europeos y la principal amenaza para un territorio era la ocupación militar o la recolonización. La riqueza estaba asociada al control de la tierra, de los recursos naturales y de las rutas comerciales. La soberanía, en consecuencia, se entendía como la autoridad exclusiva sobre un territorio claramente delimitado.
Esa declaración tampoco ocurrió en un escenario estable. El Imperio español atravesaba una profunda crisis luego de las guerras napoleónicas y el sistema colonial construido durante más de tres siglos comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, el Reino Unido emergía como la gran potencia comercial e industrial, promoviendo un orden económico internacional basado en el liberalismo económico, el capitalismo industrial y la expansión del comercio. Es decir, la independencia argentina no nació al final de un orden internacional. Nació exactamente en el medio de uno de los mayores cambios de poder de la historia moderna.
La Declaración de la Independencia otorgó legitimidad internacional al proceso revolucionario iniciado en 1810. Permitió consolidar las campañas militares de José de San Martín hacia Chile y Perú y marcó el nacimiento de un Estado soberano. Sin embargo, la independencia no resolvió automáticamente la construcción del Estado. Fue un punto de partida, no un punto de llegada.
La soberanía que buscaban los congresales era, ante todo, política: gobernarse a sí mismos sin depender de otra autoridad externa. Eso significaba dictar sus propias leyes, elegir autoridades, declarar la guerra, firmar tratados y establecer relaciones diplomáticas sin autorización de la Corona española. Aunque la soberanía nunca tuvo una sola dimensión. También implicaba controlar el territorio y protegerlo frente a cualquier intervención extranjera. Además, había una dimensión popular. Las ideas de la Ilustración y de las revoluciones atlánticas habían instalado la noción de que la soberanía residía en el pueblo y no en el monarca. Aunque esa idea todavía convivía con fuertes restricciones a la participación política y con el predominio de las élites, marcó un cambio conceptual decisivo respecto del antiguo régimen.
Finalmente aparecía una dimensión económica, mucho menos desarrollada pero igualmente importante. La independencia política no implicó independencia económica. Las Provincias Unidas continuaron dependiendo del comercio exterior, del financiamiento y de las potencias industriales durante gran parte del siglo XIX. Es decir que desde el “Nacimiento de la Patria” hubo tensión entre autonomía política y dependencia económica, algo que evidentemente no nació con la globalización ni con Internet.
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La pregunta, entonces, nunca fue únicamente cómo independizarse. La verdadera pregunta siempre fue de qué dependencias podía prescindirse y cuáles resultaban inevitables. Durante mucho tiempo, la palabra independencia pareció tener una definición relativamente clara. Un país era independiente cuando podía gobernarse sin obedecer a otro Estado. Sin embargo, la historia demuestra que esa definición siempre fue más compleja de lo que parece.
Todas las sociedades, en todas las épocas, dependieron de otras para algo: comercio, conocimientos, tecnología, recursos naturales, financiamiento, alianzas militares. Ningún Estado, ni siquiera las grandes potencias, fueron completamente autosuficientes. Las Provincias Unidas de 1816 tampoco lo eran. Necesitaban reconocimiento diplomático para existir en el escenario internacional. Dependían de mercados externos para comerciar y de insumos que todavía no podían producir localmente. Incluso el Ejército de los Andes, conducido por José de San Martín, utilizaba armas, pólvora, herramientas y equipamiento provenientes del exterior.
Por eso, la independencia nunca significó hacerlo todo solo. Lo que estaba en discusión era otra cosa: quién tomaba las decisiones. En este sentido, muchos historiadores distinguen entre autarquía e independencia. La autarquía supone intentar producir absolutamente todo dentro de las propias fronteras y reducir al mínimo cualquier vínculo externo. La soberanía, en cambio, consiste en conservar la capacidad de decidir libremente cuáles dependencias aceptar y cuáles rechazar.
La diferencia parece sutil, pero cambia completamente la discusión. Un país puede importar tecnología, recibir inversiones extranjeras, comerciar con otras economías o acceder a financiamiento internacional y seguir siendo soberano, siempre que conserve la capacidad de decidir qué acuerdos firma, qué sectores considera estratégicos, qué infraestructura protege y qué límites establece frente a actores externos. El problema aparece cuando esa dependencia deja de ser una elección y se convierte en una condición. Cuando un Estado no puede modificar determinadas políticas sin poner en riesgo su estabilidad económica, energética, tecnológica o financiera, la autonomía comienza a reducirse aunque jurídicamente siga siendo un país independiente.
En 1816 esa presión podía provenir de un imperio colonial o de una potencia europea. En 2026 las formas son mucho más sofisticadas. La dependencia severa puede construirse mediante cadenas globales de suministro, plataformas digitales, sistemas operativos, servicios en la nube, satélites, infraestructura de telecomunicaciones, inteligencia artificial o mercados financieros. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se hace para ser absolutamente independiente si, en todos los momentos históricos, los Estados necesitaron de otros para sobrevivir?
La respuesta corta es que probablemente la independencia absoluta nunca haya existido ni exista. Sin embargo, lo que sí cambió fueron las formas de la dependencia. Durante buena parte del siglo XIX el poder se medía por la cantidad de territorio, de población o de recursos naturales. En el siglo XX adquirieron protagonismo la industria, la energía y la capacidad militar. Hoy, sin reemplazar esas variables que son fundamentales, el poder también comienza a medirse por la capacidad de producir conocimiento, controlar tecnologías críticas y administrar enormes volúmenes de información.
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En el contexto de la geopolítica neoliberal y del ascenso del denominado «Sueño Chino», la idea de una independencia absoluta resulta todavía más difícil de imaginar. No solamente porque la economía mundial funciona sobre cadenas de producción profundamente integradas, sino porque el propio sistema internacional tiende a penalizar los intentos de desconexión. Paradójicamente, cuanto más conectado está el mundo, más costoso resulta intentar salirse de esa red. A esta realidad se suma un fenómeno relativamente reciente que modifica la relación tradicional entre Estado y mercado. Las grandes empresas tecnológicas dejaron de ser únicamente actores económicos para convertirse en protagonistas de la competencia estratégica internacional. En otras palabras, son quienes hoy manejan a los Estados.
Google, Microsoft, Amazon, NVIDIA, SpaceX, OpenAI y, especialmente, Palantir, participan hoy en áreas vinculadas con la inteligencia artificial, la computación en la nube, los satélites, la infraestructura digital, la defensa, la ciberseguridad y el procesamiento masivo de datos. Son compañías que no solamente venden productos. Están creados para administrar infraestructuras esenciales, desarrollar tecnologías de uso dual -civil y militar-, y colaborar de manera permanente con gobiernos, fuerzas armadas y agencias de inteligencia.
Eso introduce una novedad histórica. Durante siglos, la capacidad de ejercer funciones estratégicas pertenecía casi exclusivamente a los Estados. Hoy una parte creciente de ese poder comienza a concentrarse en corporaciones privadas con alcance global. En muchos casos, además, sus intereses convergen con los objetivos geopolíticos de los países donde nacieron. No significa que actúen simplemente como extensiones de sus gobiernos. La relación es mucho más compleja. Los ecosistemas están integrados por Estados, empresas, universidades, fondos de inversión y laboratorios tecnológicos que cooperan, compiten y se retroalimentan constantemente.
Ese entramado produce nuevos alignments internacionales entre poder público y poder corporativo. La competencia entre Estados ya no ocurre solamente entre cancillerías o ejércitos. En ese contexto, la independencia deja de ser únicamente una cuestión territorial. También pasa por preguntarse quién fabrica los chips, quién controla los cables submarinos, quién diseña los algoritmos, quién almacena los datos y quién desarrolla los modelos de inteligencia artificial sobre los que funcionarán las economías del futuro.
La soberanía comienza a desplazarse silenciosamente desde las fronteras físicas hacia las infraestructuras invisibles que sostienen la vida digital contemporánea. Y es precisamente ahí donde aparece una nueva disputa global que recuerda, con herramientas completamente distintas, a las grandes competencias de poder que definieron otros momentos de la historia. En los debates ya no se discute solamente quién controla un territorio. También se intenta descifrar quien disputa la arquitectura tecnológica sobre la cual funcionarán los Estados durante las próximas décadas.
Ese cambio de escenario obliga a revisar una idea que durante mucho tiempo pareció indiscutible: la de que la soberanía consiste únicamente en controlar un territorio. En realidad, cada transformación del sistema internacional también modifica aquello que los Estados necesitan controlar para seguir siendo verdaderamente autónomos. Durante la Guerra Fría, la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética giró alrededor del poder militar, las armas nucleares y la influencia ideológica. La caída del Muro de Berlín pareció inaugurar una etapa completamente distinta. Durante los años noventa se consolidó la idea (¿ilusión?) de que la expansión del libre mercado, la globalización y las instituciones internacionales conducirían progresivamente hacia un mundo cada vez más integrado.
Ese consenso, sin embargo, comenzó a mostrar fisuras. Diversos autores sostienen que el verdadero punto de inflexión llegó con la guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra China en 2018. Lo que en un principio parecía una disputa arancelaria terminó revelando algo mucho más profundo que implicaba una competencia que ya no giraba únicamente alrededor del comercio, sino del control de las tecnologías que definirán el poder durante las próximas décadas.
Los semiconductores, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, los minerales críticos, la computación cuántica, los satélites y los datos pasaron a ocupar un lugar que antes pertenecía al petróleo o a las rutas marítimas. En otras palabras, la geografía del poder empezó a desplazarse. Desde la perspectiva de Thomas Barnett, uno de los autores más influyentes de la geopolítica neoliberal, este nuevo orden internacional funciona sobre una premisa central: «la desconexión define el peligro». Los espacios desconectados aparecen asociados a guerras civiles, terrorismo, crimen organizado, migraciones masivas o crisis humanitarias.
La consecuencia política de esa idea resulta especialmente interesante. Si la desconexión constituye el problema, entonces la integración deja de ser simplemente una opción económica para convertirse en un objetivo estratégico. Por eso, desde esta perspectiva, un Estado que intente aislarse completamente del sistema internacional no sería visto como un país más independiente, sino como un potencial foco de inestabilidad.
La independencia absoluta deja de interpretarse como una virtud y comienza a percibirse como un riesgo. En ese esquema aparece la figura del denominado «Administrador del Sistema», concepto con el que Barnett describe el papel desempeñado por Estados Unidos luego del final de la Guerra Fría. Su función no consiste únicamente en ejercer liderazgo político o militar, sino en garantizar que las reglas de funcionamiento del sistema internacional continúen operando.
No resulta casual que Barnett retome una conocida frase de Thomas Friedman: la mano invisible del mercado necesita de un «puño oculto». La idea es provocadora, pero sintetiza buena parte del funcionamiento del orden neoliberal: la apertura económica requiere un entorno de seguridad garantizado por una potencia capaz de sostener ese orden cuando aparecen desafíos que amenazan su estabilidad.
Desde esa lógica, incluso las intervenciones militares adquieren una nueva justificación. Dejan de presentarse exclusivamente como guerras de conquista, sino como mecanismos destinados a restaurar el funcionamiento del sistema internacional, garantizar la estabilidad o reincorporar territorios considerados «desconectados». Así, mientras algunos Estados gozan de amplios márgenes de autonomía, otros enfrentan sanciones económicas, restricciones tecnológicas, bloqueos financieros o intervenciones políticas cuando intentan desarrollar capacidades consideradas estratégicas. La igualdad soberana reconocida por el derecho internacional convive, en la práctica, con profundas asimetrías de poder.
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Si existe una empresa capaz de sintetizar ese cambio de época, probablemente sea Palantir. Durante buena parte de la historia moderna, las capacidades consideradas estratégicas pertenecían casi exclusivamente a los Estados. Recolectar información, procesarla, producir inteligencia, planificar operaciones militares o administrar enormes bases de datos eran funciones típicamente soberanas. Hoy, parte de esas capacidades también son desarrolladas por empresas privadas. Palantir representa una de las expresiones más acabadas de la convergencia entre Estado, inteligencia artificial, Big Data y poder geopolítico. Fundada con financiamiento inicial de In-Q-Tel, el fondo de inversión de la CIA, Palantir desarrolla plataformas capaces de integrar enormes volúmenes de información provenientes de múltiples fuentes para apoyar operaciones militares, de inteligencia, seguridad y gestión gubernamental.
La historia de Palantir también refleja una transformación más amplia que queda chica si solo nos preguntamos por los países que poseen mayor capacidad militar. Es necesario preguntarse quién desarrolla el software que utilizan esos países, quién diseña los algoritmos capaces de procesar millones de datos en tiempo real y quién controla la infraestructura digital sobre la que funcionan los sistemas de defensa. Y quién o quiénes concentran una capacidad estratégica que históricamente pertenecía exclusivamente a los Estados. Sus sistemas participan en operaciones militares en Ucrania, colaboran con agencias de inteligencia estadounidenses, trabajan con fuerzas armadas de distintos países y ofrecen herramientas de toma de decisiones basadas en inteligencia artificial.
La novedad no es solamente tecnológica. Toda novedad es política. Por primera vez desde la consolidación del Estado moderno, parte de las capacidades asociadas al ejercicio de la soberanía comienzan a desplazarse hacia actores privados que operan a escala global. Palantir vende una parte de aquello que tradicionalmente distinguía a un Estado de cualquier otro actor internacional. Esto modifica profundamente la discusión sobre la independencia nacional.
Un Estado puede conservar sus fronteras, su bandera, su Constitución y su reconocimiento internacional, pero si depende completamente de plataformas tecnológicas extranjeras para administrar su defensa, su ciberseguridad, sus comunicaciones críticas o sus sistemas de inteligencia, la pregunta sobre su autonomía adquiere una dimensión completamente distinta.
La soberanía deja de ser exclusivamente territorial para convertirse también en una cuestión tecnológica. Ese cambio explica por qué la competencia entre Estados Unidos y China trasciende ampliamente la discusión comercial. No se disputa solamente quién exporta más o quién produce más barato. Se disputa quién establecerá los estándares tecnológicos, quién desarrollará la inteligencia artificial dominante, quién controlará los semiconductores más avanzados, quién administrará las plataformas digitales y quién definirá las reglas del nuevo orden internacional. En ese contexto, la independencia ya no se define por el aislamiento, sino por la capacidad de un Estado para negociar su posición dentro de una red global de interdependencias.
Quizás el desafío del siglo XXI consista precisamente en distinguir entre interdependencia y subordinación. Ningún país puede vivir completamente aislado. La cuestión pasa por determinar cuáles dependencias amplían la capacidad de decisión y cuáles terminan condicionándola.
Entonces ¿qué grado de autonomía necesita una sociedad para poder tomar sus propias decisiones?
Desde esa perspectiva, la soberanía es menos un estado definitivo que una búsqueda permanente. En 1816 la preocupación era no depender de un rey extranjero. Más tarde fueron la deuda externa, la industrialización, el petróleo, los recursos naturales o la capacidad financiera. Hoy aparecen nuevos factores de dependencia. Lo que cambia históricamente no es la existencia de las dependencias, sino cuáles se consideran tolerables y cuáles comienzan a percibirse como una pérdida de autonomía.
Las condiciones de la independencia del 9 de julio fueron radicalmente distintas de las actuales porque el mundo de 1816 no es el de 2026.Y la independencia que declararon los congresales en Tucumán difícilmente pueda trasladarse sin matices a un presente donde el poder se encuentra atravesado por una globalización geoestratégica cuya principal herramienta de competencia es la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial y el control de la infraestructura digital.
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Las fronteras siguen existiendo, pero ya no alcanzan para explicar dónde termina realmente el poder de un Estado. Entonces, ¿Cómo pensamos la independencia en un territorio desprotegido, con un regionalismo prácticamente inexistente, con un creciente desconocimiento de las raíces históricas de la Argentina, en un contexto profundamente interdependiente y atravesado por una zona gris diplomática y jurídica respecto de las prácticas cibernéticas?
Quizá la mejor manera de homenajear el espíritu del 9 de julio no sea repetir literalmente las preguntas que se hicieron los diputados de 1816, sino animarnos a formular las nuestras. Porque la independencia nunca fue una fotografía. Siempre fue una discusión abierta sobre cómo preservar la capacidad de decidir en un mundo que cambia constantemente. Y, tal vez, esa siga siendo la definición más vigente de soberanía doscientos diez años después.
Para la Argentina, la autonomía estratégica difícilmente pueda construirse únicamente a partir de sus recursos naturales. Durante décadas el país pensó su inserción internacional alrededor de su capacidad agropecuaria, energética o minera. Esos recursos continúan siendo fundamentales, pero la competencia contemporánea demuestra que ya no alcanzan para garantizar márgenes reales de soberanía. El verdadero desafío consiste en transformarlos en capacidades: desarrollar ciencia, tecnología, inteligencia artificial, infraestructura digital, industria de alto valor agregado y empresas nacionales capaces de competir en los sectores donde se definirá el poder del siglo XXI.
Pero existe otra dimensión igualmente estratégica y, muchas veces, subestimada: la cultura. Ningún país construye autonomía si únicamente consume el conocimiento, las plataformas, el software, los algoritmos y las narrativas producidas por otros. Crear una industria cultural sólida que no solamente edite libros, produzca cine o sostenga medios de comunicación. Significa fortalecer un ecosistema capaz de generar pensamiento crítico, innovación, contenidos digitales, videojuegos, inteligencia artificial, software, investigación científica y tecnologías que permitan proyectar una mirada propia de Argentina sobre el mundo. La producción de conocimiento es también una forma de soberanía.
Durante gran parte del siglo XIX la riqueza estuvo asociada al territorio. En el siglo XX, a la industria. En el siglo XXI, el recurso estratégico por excelencia es el conocimiento. Quien produce conocimiento desarrolla tecnología. Quien desarrolla tecnología establece estándares. Quien establece estándares condiciona el comportamiento de los demás actores. Y quien logra eso ejerce poder.
Florencia Rojas es periodista, bibliotecóloga y maestranda en Relaciones Internacionales. Escribe sobre geopolítica, tecnología y la distribución del poder en el orden internacional. Integra el equipo de Prensa y Comunicación de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.
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