30 AÑOS DEL COLAPSO SANITARIO ORGANIZADO POR EL BANCO MUNDIAL Y LA OMS

Especial www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis

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Cuando los hospitales públicos están desbordados, y los hospitales y clínicas de las empresas de medicina privada –a pesar de ser extraordinariamente costosas- dan turnos para 4 a 12 semanas, es porque transitamos un colapso sanitario que lo sufre cualquiera, a diario.

En los hospitales públicos se ven colas desde las 2 de la madrugada para conseguir un turno, y en el mejor de los casos desde las 5 o las 6. Y esto en la zona del AMBA, pues hay ciudades en las provincias en las que hasta los médicos clínicos han renunciado.

En los ‘grandes’ sanatorios las cuotas mensuales per cápita exceden el valor de una o dos jubilaciones mínimas, y los pasillos se han poblado como los de las estaciones de trenes, con multitudes corriendo atrás de un turno, o de un médico. Y adicionalmente, en las prepagas, conseguir que atiendan el teléfono para obtener un turno, o que lo respondan por el ‘nuevo sistema’ de WhatsApp, es una odisea.

Los profesionales de la salud dicen, tanto en el ámbito público como en el privado, que no dan abasto. Y lo salarios u honorarios no le permite a ninguno de ellos, en ningún ámbito, vivir de un solo trabajo. En consonancia con ello, es vox populi recibir la respuesta ‘el doctor o la doctora Tal y Cual, ya no está en la cartilla de la Obra Social’. ¡Pero figura y me atendió hace un mes!, responde el paciente. Sí, pero ya no…

Por eso es que no hay una crisis en el sistema de salud, como si fuera un hecho extraordinario, o transitorio. Esto fue planificado y ahora es estructural.

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¿Cuándo comenzó y se afirmó este verdadero caos donde lo que sale bien es la excepción?

 En 1993 se publicó el Informe sobre el Desarrollo Mundial “Invertir en salud”, con recomendaciones sobre política sanitaria, del que también participaron (aunque a muchos les sorprenda) la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El BM recomendó reducir el gasto público en establecimientos de nivel terciario, en la formación de especialistas y en las intervenciones que aportaran escasa mejora en relación a los gastos generados. Los gobiernos deberían financiar servicios públicos esenciales de bajo costo -la descentralización administrativa y presupuestaria estatal, transferir y fortalecer el mercado de seguros privados– dirigidos a controlar el gasto público. Una ‘música’ que de tanto repetida terminó siendo aceptada por la población en muchos países…’controlar el gasto público’.

En consonancia, el Informe “Invertir en Salud”, alentó la privatización de servicios no incluidos en los esenciales, la competencia en la provisión de servicios clínicos, suministros de insumos y medicamentos, todo en el marco de una apertura económica internacional, liberada de las trabas nacionales.

Consagraba, así, con la presión a los gobiernos nacionales, la conversión de la salud como derecho en un bien a adquirir, según el presupuesto de cada individuo o familia. Leído inversamente, decretaba un darwinismo social con el cual la retirada de lo público-atencional sentenciaba a las mayorías a la enfermedad por falta de atención o a la muerte.


Con una pléyade de gobiernos neoliberales en todo el continente americano, la  OPS (Organización Panamericana de la Salud) publicó en 1997 un documento de cooperación ante los procesos de reforma, y entre sus párrafos indicaba “El aumento de la eficiencia y la efectividad en la producción de los servicios públicos (entre ellos los servicios de salud) es una de las razones aducidas para justificar los procesos de reforma”, redefiniendo los modelos de atención: integralidad, desconcentración, y bla, bla, bla. Cómplices directos y motores de las privatizaciones y el desfinanciamiento de la salud pública.

La OPS observa que la reforma del Estado que en Argentina encabezó el gobierno de Menem-Duhalde-Cavallo-Dromi, introdujo la reestructuración de los hospitales públicos como empresas de servicios con autonomía de gestión y capacidad de recuperación de costos. Es decir, que el cuadro panorámico al que asistimos hoy tiene una fecha fundacional. Son 30 años de esto.

En simultáneo, la actividad científica no quedó inmune a la mercantilización, influida por la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual y el otorgamiento de patentes, bajo el arbitrio de la Organización Mundial de Comercio, brazo del Banco Mundial.

De esta manera el negocio capitalista de la salud, se orientó a la extracción de ganancias de los servicios de mayor complejidad y de aquellos que brindarían un mejor retorno de la inversión.

En la Propuesta de Reforma del Mercado de Atención Primaria, elaborado en la 7ª Convención de Bancos Privados, el sistema de salud debía estructurarse en tres sectores: el Programa Nacional de Salud, el Sistema de Seguro de Salud y las entidades Privadas.

La propuesta está centrada en el modelo de financiación, alentando la participación del sector privado, restringiendo el gasto público a los sectores de menores recursos económicos: jubilados y pensionados, indigentes, discapacitados, enfermos mentales y crónicos (el llamado Programa Nacional de Salud).

Esa decisión lleva la firma de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos), FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) y el BIRF (Banco Internacional de Reforma y fomento – BM). Por ende, se instaló masivamente el pago individual de las prestaciones, a través del arancelamiento de servicios que superasen aquellos ‘esenciales’, la facturación a las obras sociales y la tercerización: pura ganancia para el sector privado.

La salud se constituyó en mercancía y el paciente en un usuario o cliente.

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Hoy en Argentina coexisten tres sectores de salud.

-El sector público, representado por los hospitales nacionales, provinciales y municipales y la red de servicios financiados por el estado.

-El sector de la seguridad social, que corresponde a las obras sociales, sostenido con el aporte solidario de los trabajadores registrados, en diferentes modalidades institucionales.

-Y el sector privado, a través de seguros (medicina prepaga) y el pago directo al efector.

La reforma del sector salud, la desregulación de las obras sociales y la mercantilización de la medicina, han borrado los límites entre los sectores.

Los hospitales públicos poseen contratos con sectores privados, tercerizando los servicios internos como alimentación, lavandería, esterilización, seguridad, diagnóstico por imágenes de alta complejidad, así como la apertura a ONG que han funcionado en los mismos predios de los hospitales públicos.

Un festival de ganancias, y pobrísimos servicios. Esos que han llevado a que alguien comente en un almuerzo dominical “estoy contenta porque conseguí turno”

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DATOS UTILES PUBLICADOS Y RATIFICADOS

En el matutino Ámbito Financiero se ha señalado que las cuotas de los planes de medicina prepaga aumentaron 3.544% entre 2012 y 2022, muy por encima de la inflación registrada en ese período.

De acuerdo con un relevamiento de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), el IPC de la década fue de 2467%, y las empresas de medicina prepaga aumentaron en ese período un 3544% las cuotas. Un 1000% más que la inflación de esos diez años.



El presidente de Deuco, Pedro Bussetti, detalló que:

-entre 2012 y 2015 las cuotas subieron un 144,14%;

-con la asunción de Mauricio Macri- Gabriela Michetti, para el período 2016-2019 el costo se incrementó un 329,52%,

-y en entre 2020 y 2022 la medicina prepaga recibió autorización del gobierno de Alberto Fernández para aumentar sus cuotas un 247,58%

Tomando en cuenta los datos consignados, un afiliado que en septiembre de 2012 pagaba una cuota mensual de $1.000, en diciembre de 2015, debía abonar $2.441, a fines de 2019 pagaría la suma de $10.496 y a finales de 2022, pasaría a pagar casi 37.000 pesos.

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LA MANIFIESTA FALTA DE ÉTICA DE LAS PREPAGAS

“Respecto a la medicina prepaga, léase la medicina mercantilista, la libertad de mercado permite simulacros, uso afortunado y hasta anético o no ético de las políticas inflacionarias, manejo discrecional de la oferta, repeticiones de prácticas corruptas como los retornos, las sobre-prestaciones, y las sobrefacturaciones de los componentes del sector, sin excepciones”, sostiene la doctora Susana Etchegoyen.

“Así se llega a la constitución y ejercicio de unos pocos cientos de empresas prepagas, con un universo cercano a los 3 millones de personas asociadas. La mayor parte de ellas acceden a este sistema a través de los llamados ‘planes corporativos’ de medianas y grandes empresas, transformando a los usuarios en demanda cautiva.

En el libro “Salud y Corrupción” del mítico médico sanitarista Floreal Ferrara, publicado en 1998, señalaba que el mercado facturaba 2 millones de dólares, una cifra que hoy se ha multiplicado a la N.

Nunca las empresas de medicina prepaga han ganado tanto dinero. Queda claro y lo ha quedado siempre, que pase lo que pase en el sistema de medicina privada, la salud de la amplia mayoría de la población pasa por otro lado.

El saneamiento de la salud privada es necesario, pero absolutamente insuficiente en los últimos 20 años, y orientado a un sector minoritario de la población, precisamente el que salió mejor parado de décadas de transferencia masiva de recursos a favor de los grupos económicos concentrados”, remarca.



UN LISTADO INCOMPLETO DE TODO LO QUE NO CUMPLEN LAS PREPAGAS

Susana Etchegoyen, médica sanitarista discípula de Ferrara, farmacóloga y auditora, afirma que el usuario, cliente, a quien eufemísticamente llaman ‘socio’, vive una permanente incertidumbre debido a:

escasa información respecto a la posibilidad de que el usuario requiera efectivamente la prestación y respecto a la incidencia de determinados tratamientos en la cura de algunas patologías;

– quien demanda la prestación del servicio carece de toda información. Nadie sabe hasta que no se enfrenta con una dificultad qué cosa le va a cubrir y qué no, y las variaciones en la cobertura que derivan así en copagos;

– además de la cuota inmanejable que supera los 40, 50 y 80 mil pesos por persona, hay que poner dinero extra para algunas consultas, y además hay una caída de sanatorios importantes que van dejando exánimes también a las prepagas;

los tiempos de espera para primera consulta -o entre consultas- son de 60 o 90 días, y los profesionales perciben cifras vergonzosas a los 3, 6 y hasta 9 meses;

la discriminación que sufren aquellos mayores de 60, que no pueden optar en algunos casos de ninguna manera por un sistema prepago o que sí pueden contar, pero pagando cifras mensuales escalofriantes.

– Los contratos de adhesión, como sucede en el caso de la medicina prepaga, entrañan una desigualdad entre las partes al tener una sola de ellas (la empresa), el privilegio de estipular las cláusulas del documento. El consentimiento contractual reconoce la imposibilidad de la parte beneficiaria para negociar o modificar alguna de las cláusulas, lo cual en muchas oportunidades produce desigualdades patrimoniales, técnicas, profesionales, o sea un ‘manual’ de violación a la equidad, requiriendo de este modo la intervención de controles externos, tales como lo que debería ser la autoridad de aplicación tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional.

-Entre las cláusulas abusivas que más frecuentemente se pueden citar está el cobro de sumas adicionales por la edad, por la práctica que se pide, eximición de responsabilidad de la prepaga por los hechos de prestadores indicados o cubiertos por ella misma, el cobro de intereses por mora sin informar las tasas que se aplican, la prohibición al beneficiario de rescindir el contrato hasta no haber cancelado toda deuda pendiente, prohibiéndole al mismo tiempo la utilización del servicio, la exclusión de la cobertura de enfermedades crónicas sin ningún tipo de precisión respecto a sus alcances, lo que faculta a la empresa a decidir aumentos en los valores de las cuotas, sin mediar comunicación;

– las frecuentes y tediosas trabas administrativas para acceder a los servicios y la común existencia de plus o sobreprecios para determinadas prácticas y condiciones de atención, que se expresan en múltiples rubros o en el acceso a determinados profesionales de prestigio que engalanan la lista del prepago pero al que se llega previo pago de aranceles supletorios;

modificaciones constantes del listado de los prestadores ofrecidos que van denotando una marcada disminución de la calidad de la oferta, esto es lo más pequeño porque la realidad es que alguien que no pudo pagar la cuota queda absolutamente liberado a su suerte y esto la ley y la constitución, se supone que no lo permiten;

-Pese a su importante crecimiento, el subsector de la medicina prepaga carece de normas específicas que regulen su funcionamiento. Igual que el mercado farmacéutico, Argentina es un lugar donde no se controla el sector, donde siempre se lo favorece, lo cual provoca inconvenientes que no solo perjudican la transparencia y a los usuarios, sino que afecta directamente al servicio que contrata, sin una clara noción respecto al alcance de la cobertura. Esta escasa transparencia ha dado lugar a múltiples reclamos: de hecho es uno de los principales reclamos en las oficinas de usuarios y consumidores, con un Ministerio de Salud ausente, o lo que es peor, trabajando para este sector en particular.

-No obstante, las violaciones más comunes en los últimos tiempos se relacionan con la Ley 24.754, que obliga a las entidades de medicina prepaga a cumplir con las mínimas prestaciones médicas obligatorias dispuestas para las obras sociales. El famoso PMO. Para poder reclamar eso el usuario tiene que tener un abogado que inicie un amparo, cosa que la mayor parte de los usuarios no tiene.

– Por otra parte, no presentan sus balances, no publican sus cartillas actualizadas bimestralmente. También se las ha acusado de aparentar compras, de pagos importantes y hasta de ‘acomodar’, al menos el impuesto a las Ganancias. El fraude aflora en medio del simulacro de las apariencias de pureza, calidad prestacional, libertad irrestricta de elección.



IDEAS PARA EMPEZAR A SALIR DEL LODO

Un sistema fraccionado en el sector de obras sociales y de prepagos, ha destrozado la salud pública, la ha vaciado, le ha sacado camas, la ha dejado inerme.

“La verdad es que se ha intentado legislar sobre esto. Primero las leyes presentadas siempre llegan recortadas y además no hay autoridad que se ocupe de que cumplan con eso”, sostiene la Dra. Etchegoyen.

Quizás lo más grave de todo esto sea que no puede pensarse un sistema único de atención como el NHS británico que si bien el inepto primer ministro Boris Johnson desfinanció, permanece intacto e incluso Margaret Thatcher no se atrevió a privatizar. Un sistema único de salud donde el aporte sea -o esté ligado- a la entrada económica que cada uno tenga, y que alcance para cubrir a aquellos que no tienen nada.

Es correcto reasignar otro formato para la salud en Argentina y formar un sistema único. Lo que tenemos que ver es cómo lo formamos para que de veras la salud pública sea prioritaria y aquel que no tiene prepago, que no tiene trabajo, y los pobres de los más pobres, no mueran en los pasillos, no mueran a la espera de una cama en hospitales atestados, considerando que las propias estadísticas del INDEC hablan de casi un 60 de la población que se ubica en franca pobreza o por debajo del límite.

Eso se vio claramente en la pandemia, donde las entidades de medicina prepaga no respondieron. La realidad es que el grueso de la pandemia lo resolvió con sus escasos medios el sistema público. Algo que no pasó en España donde se obligó a las empresas de medicina prepaga a hacerse cargo de una parte, primero de sus afiliados y después de una parte del coste social que tuvo la pandemia. Eso aquí no se vio, es decir, todos ponen pero solo las empresas de servicios de medicina prepaga sacan.

Trabajar para la salud es trabajar para el bien común y no solo no tiene nada que ver con las ganancias, sino que es una apuesta, es una inversión la salud, algo que en este momento no solo no se hace, sino que todos piensan en términos de ganancias, todos piensan como bien dispuso el Consenso de Washington y ordenó el Banco Mundial desde 1993 a la fecha, en términos de viabilidad.

Es una obligación constitucional del Estado, sus ministerios y sus entes controladores, asegurar que el pueblo tenga asistencia médica y acceda a la asistencia.



Las imágenes corresponden a los siguientes artistas:

@mauricesahl

@susan_wilkinson

@linnetteelizabeth

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REGISTRO ISSN 2953-3945

8 comentarios

    1. Gracias! entendemos que tu apreciación desde lo ‘tanático’ te vincula a la psicología, y sí: han sembrado y planificado muerte y desazón, de eso trata el informe

  1. Desde 1993, nos deslizamos, como en la cubierta de un titanic global, en un neoliberalimo que se va travistiendo en neo feudalismo.

  2. Excelente investigación como siempre yo como soy muy mayor recuerdo los hechos de una crueldad escalofriante yo leí el consenso de Washington y al poco tiempo Menen obedece y destinaría a los hospitales públicos.Desde ese día comprendí que tenía que dejar la medicina M e llevó 15 años concretarlo

    1. Gracias Graciela, muy valioso tu aporte habiendo sido médica de hospital público durante el neoliberalismo menemista en Argentina

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